Los docentes Juan Montaña, María del Carmen Monteros y Fausto Quizphe coincidieron en la necesidad de fortalecer la aplicación de la justicia indígena, en concordancia con la norma constitucional, el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y demás instrumentos internacionales.

Estos criterios lo expusieron los académicos en la sesión 100, en modalidad virtual, de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, en el contexto de las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial.

Los doctores Montaña y Quizphe se pronunciaron por analizar la posibilidad de realizar una consulta prelegislativa dada la trascendencia del tema, a través de medios telemáticos, de ser el caso, en razón de la pandemia del Covid-19, apresurando los términos para no demorar la aprobación de las reformas.

En respuesta, la asambleísta Ximena Peña, presidenta de la mesa, explicó que hay un reglamento específico sobre la consulta, el cual se debería ajustar a la situación de crisis sanitaria. Se pueden emplear herramientas tecnológicas, especialmente el servicio de videoconferencia Zoom, para receptar los importantes comentarios de organizaciones, dirigentes y los propios expertos de las comunidades y pueblos indígenas, sostuvo.

Juan Montaña, docente titular de Derecho Constitucional de la Universidad Central, planteó garantizar la autonomía jurisdiccional de los pueblos, clarificar los principios de articulación, el concepto de territorio y de interculturalizar la justicia ordinaria, así como las línea de relación, coordinación y cooperación, entre los dos sistemas.

En tanto, María del Carmen Monteros, consultora jurídica y docente universitaria, requirió definir un capítulo especial sobre el pluralismo jurídico ancestral, basado en la interculturalidad y plurinacionalidad, las competencias en las materias que actuará y las líneas de cooperación y coordinación entre los dos regímenes: ordinaria e indígena.

Fausto Quizphe, catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar, enfatizó que la Constitución reconoce la justicia indígena y los derechos colectivos. Se hace indispensable revisar el asunto de los territorios de la pluralidad, ya que en mercados mayoristas, por ejemplo de Solanda y Chiriyacu (de Quito) se aplica justicia tradicional, añadió.

En otra parte de la sesión, la Comisión se nutrió de nuevos aportes de expertos en torno de la propuesta de justicia abierta. Sandra Elena, coordinadora de la iniciativa de justicia abierta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, celebró la decisión del Parlamento ecuatoriano de incluir esta novedosa temática en el Código de la Función Judicial, con lo cual se pondrá a la vanguardia de la región.

Esto corresponde al modelo de Gobierno Abierto aplicado al sistema de justicia, que permitirá garantizar los principios de acceso a la información, transparencia, colaboración, apoyados en el uso de nuevas tecnologías.  Hay mil 500 millones de personas en el mundo que no pueden solucionar sus conflictos por medio de la justicia, pues falta acceso a la misma, tomando en cuenta que el sector se mantiene  formalista y alejado de las personas, por lo que urge acercarla a la ciudadanía, argumentó.

Las reflexiones de la señora Elena fueron bien vistas por Danny Cifuentes, director de la Carrera de Derecho de la Universidad de Otavalo; y, Carlos Paladines, director de la Red de Administración Pública del Instituto de Altos Estudios Nacionales. La justicia tiene la responsabilidad de defender los derechos y garantías, por tanto es impostergable acercar la actividad a los grupos vulnerables y la ciudadanía en general, puntualizaron. (I)