Gobiernos, políticos y sociedad civil están supeditados a los activos digitales y en todo este proceso juegan un rol importante las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación).

Estará integrada por representantes de la academia y se encargarán de hacer los concursos públicos de oposición y méritos; luego el pleno de la Asamblea nombrará a mejores puntuados.

La iniciativa contempla cárcel de hasta 25 años a funcionarios que contraten con sobreprecio. El contratista también cumplirá condena.