El informe que elabora la Comisión Ocasional de Reformas Constitucionales plantea la creación de una comisión técnica, que se encargará de hacer los concursos de oposición y méritos para nombrar a todas las autoridades de control. El tema forma parte de la continuación del debate para quitar la atribución nominadora al Consejo de Participación Ciudadana.

La comisión avanza con el análisis para segundo debate, en el que incluyen la metodología y procedimientos para los nombramientos que se harán en el pleno de la Asamblea, el cual debe estar listo antes de diciembre.

La presidenta de la mesa legislativa, Elizabeth Cabezas, de Alianza PAIS (AP), dijo que esta semana recogieron sugerencias de representantes de universidades en torno a cómo integrar la comisión técnica. Además, subrayó que, en el caso de los superintendentes, la Asamblea se encargará de nombrarlos de las ternas que envíe el Ejecutivo.

La asambleísta Wilma Andrade, de la Izquierda Democrática (ID), puntualizó que hasta antes de la consulta popular de febrero de 2019, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), sirvió como herramienta para que una sola línea de pensamiento cooptara la organización y designación de todos los organismos del Estado.

Calificó al organismo, creado por iniciativa del correísmo, como una novelería jurídico-política, que provocó que el Ejecutivo tenga injerencia en las otras funciones del Estado. Y eso llevó -dijo- a que se desprecien las libertades, el derecho de participación, de opinión, la seguridad jurídica, la institucionalidad pública en todos sus órdenes.

Por ello sostuvo que la Asamblea, compuesta por representantes de todas las corrientes políticas del país, le dará mayor legitimidad a los nombramientos, lo que fortalecerá la vida democrática, restablecerá la institucionalidad pública y se recobrará la seguridad jurídica y las libertades de la sociedad.

El análisis del informe incluye la designación de comisiones de selección, que estarán integradas por representantes de la academia, que se encargarán de llevar a cabo, en los casos que corresponda, el concurso público de oposición y méritos, con postulación, veeduría y derecho a impugnación ciudadana.

Estarán integradas por una delegada o delegado por cada función del Estado, cinco representantes por la academia y dos por la ciudadanía. Los representantes de la academia provendrán de las universidades que tengan carreras de posgrado en las materias de la designación. Además, los candidatos serán sometidos a escrutinio público e impugnación ciudadana.

En los casos de selección por concurso de oposición y méritos de una autoridad, la Asamblea Nacional designará a quien obtenga la mayor puntuación y procederá a posesionarle en la función que corresponda.

Cuando se trate de la selección de cuerpos colegiados que dirigen entidades del Estado, la Asamblea designará a los miembros principales y suplentes, en orden de prelación, entre quienes obtengan las mejores puntuaciones en el concurso.

Las comisiones se integrarán en cada caso para organizar los concursos que escogerán al Procurador del Estado, Defensor del Pueblo, Defensor Público, Fiscal General del Estado y Contralor. Y los procesos para seleccionar a miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura.

La propuesta también señala que la comisión técnica elaborará los reglamentos pertinentes que incluyan la impugnación ciudadana.

Andrés Martínez, docente de la Universidad de Cuenca, quien intervino en la sesión de la comisión, aseguró que el modelo del Consejo de Participación fracasó de manera particular en la designación de autoridades, por eso no se debe repetir. Propuso que se incluya a universidades que tengan posgrado en derecho de manera genérica, y no únicamente las que ofrecen programas de derecho constitucional para conformar las comisiones.

En el Legislativo también está el trámite de la propuestas del Comité para la Institucionalización Democrática, que recogió firmas para convocar a una consulta popular que elimine al CPCCS; la Asamblea tiene plazo hasta abril de 2021 para discutir esa petición.

Reglamento para elegir a Defensor Público se aprueba

Uno de los nombramientos que dejó pendiente el Consejo de Participación Transitorio fue el del Defensor Público, por ello el nuevo Consejo, elegido en los comicios de 2019, aprobó finalmente el reglamento para esa designación.

El concurso público contará con las fases de habilitación de postulantes, verificación de requisitos e inhabilidades, valoración de méritos, oposición e impugnación ciudadana.

En la fase de méritos, la Comisión Ciudadana de Selección valorará la formación profesional, experiencia profesional y producción académica de los postulantes. Además, presentarán un examen escrito y otro práctico durante una audiencia oral en la fase de oposición.

Los consejeros aclararon que por el momento no se hará la convocatoria debido a la emergencia sanitaria.

Al momento sigue encargado de la entidad Ángel Torres, designado en abril de 2019 para que dirija la Defensoría hasta que el CPCCS definitivo efectúe el concurso de oposición y méritos para escoger a esa autoridad. (I)