Cero tolerancia a la corrupción. Esa es la determinación del Gobierno Nacional, que, sin importar quién sea el responsable, no permitirá que malos funcionarios se lucren del dolor de una tragedia, como la actual ante la pandemia por el coronavirus.

El Presidente de la República, Lenín Moreno, aseveró que quienes cometan actos de corrupción serán sancionados con el rigor de Ley. El Primer Mandatario destacó que uno de los primeros pasos para contrarrestar la corrupción fue la libertad con las que cuentan periodistas y activistas para denunciar irregularidades.

Moreno resaltó que los comunicadores ejercen su trabajo con independencia y sus investigaciones tienen eco en las autoridades.

A diferencia del pasado, este Gobierno ha precautelado el buen uso de los recursos de la gente. Por ello, ha desarrollado una serie de acciones para prevenir la corrupción y dar seguimiento a las denuncias.

Moreno resaltó que uno de los hitos que cambió al país fue la consulta popular para cambiar a las autoridades de control, "que para entonces eran incondicionales a un gobierno que quería impunidad para sus actos de corrupción. Ustedes apoyaron esta iniciativa".

En cadena nacional del pasado 20 de mayo, destacó lo hecho por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, "con compatriotas de trayectoria honesta. El nuevo Consejo convocó a procesos y nombraron autoridades comprometidas con la transparencia. Hoy ustedes comprueban el acierto de nuestra decisión. Ahí está el trabajo valiente de la Fiscal General de la Nación, de la Corte Constitución, del Contralor, Procurador y de las autoridades de justicia, que ahora sí responden al pueblo. Son ellos quienes pueden recuperar el dinero de la corrupción. Eso no le compete al Ejecutivo, sin embargo hicimos más de lo que correspondía".

El Ejecutivo brinda facilidades a las entidades de control para que investiguen y determinen sanciones en contra de quienes se aprovecharon de la emergencia por el covid-19.

El Gobierno, a través del Servicio de Contratación Pública (Sercop), está fortaleciendo los mecanismos para evitar irregularidades en la contratación pública. También, están en marcha reformas legales para endurecer sanciones. 

Nuevo proyecto de ley
El presidente Moreno remitió a la Asamblea Nacional, el pasado 21 de mayo, un proyecto de reformas al Código Integral Penal (COIP). El objetivo es fortalecer los mecanismos de control y endurecer las sanciones en casos de corrupción en las compras públicas efectuadas durante emergencias.

La reforma planteada por el Gobierno busca romper los procesos fraudulentos que incumplen con la normativa legal en materia de contratación; en particular, en compras públicas durante emergencias.

La propuesta legal sanciona a los servidores públicos que evadan los procedimientos legales respectivos y efectúen -durante una emergencia- procesos de contratación pública de forma arbitraria y en beneficio propio o de terceros.

Las sanciones de esta ley recaerán cuando la máxima autoridad, de diferentes instituciones públicas, declare emergencia sin tener un fundamento adecuado que sustente dicha situación.

La sanción también aplicará cuando, una vez declarada la emergencia, se efectúe una contratación que no se ajuste a los precios más convenientes para la entidad pública y se dé un sobreprecio.

La reforma legal contempla sanciones cuando se efectúen contratos que no tengan que ver con la materia de la emergencia o no sean necesarias para superar la situación emergente.

Las sanciones también se darán si la autoridad impide el acceso a información en torno a la declaratoria de emergencia, el proceso contractual o las ofertas recibidas para cada contratación.

La iniciativa propone que la evasión de procedimientos se sancionará con privación de la libertad que podrá ir desde seis meses a 25 años, dependiendo de los montos de la contratación irregular.

A más de las sanciones para los servidores públicos, la reforma legal también contempla sanciones para los proveedores; entre ellas, multas, terminación unilateral del contrato y prohibición de contratar con el Estado.

El proyecto también determina que no se podrá usar la emergencia para efectuar contrataciones ya planificadas con anterioridad por la institución. Es decir, durante una emergencia solo se contratarán las obras, bienes y servicios que se requieran de manera estricta para superar dicha situación.

No se podrá realizar contrataciones cuyo plazo de ejecución contractual se extienda más allá del tiempo previsto para la declaratoria de emergencia. (I)