El presidente de la República, Lenín Moreno, envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para tipificar en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) el delito de elusión, que consiste en contratar con sobreprecio durante las declaratorias de emergencia.

De esta manera, el articulado considera la prisión de hasta 25 años para los funcionarios que hayan adquirido bienes o servicios sobrevalorados y que superen los $ 250.000.

Las penas van desde un año de prisión para casos en que el contrato llegue a  $ 10.000 y las condenas aumentan acorde con la cantidad defraudada.

La norma se denomina “Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal para sancionar la corrupción en procesos de contratación pública en emergencias”, que incluye también sanciones para los contratistas involucrados.

Estas varían de acuerdo con el  monto del perjuicio y deberán cumplir la mitad de la pena dispuesta para el funcionario involucrado.

La propuesta, que ya está en la Asamblea para el trámite inmediato, fija el pago de multas equivalentes al valor de la partida e incluye sanciones para el síndico legal de la empresa que elabore el contrato.

La iniciativa se estructuró por las denuncias de compras con sobreprecios en la actual emergencia sanitaria por el covid-19.

Esto permitió que las entidades públicas y gobiernos locales contraten directamente para atender necesidades de la crisis.

Pero esto derivó en abusos por adquisiciones de elementos de bioprotección como mascarillas, bolsas para cadáveres y hasta kits de alimentos que estarían sobrevalorados.

La fiscal Diana Salazar indicó que la Fiscalía indaga contratos con sobreprecios en 14 hospitales a nivel nacional.

En Ibarra, por ejemplo, investiga una presunta compra de fundas para cadáveres por $ 75 la unidad, cuando en el mercado regular cuestan $ 16. El contrato ascendió a $ 15.000.

Mientras, la Contraloría abrió 179 expedientes para revisar contratos firmados  a propósito de la pandemia por el covid-19.

La propuesta es un esfuerzo para adecuar y especificar conductas penales en la administración del sistema de contratación y “pone límites a las declaratorias de emergencia”, comentó el docente de la Universidad Internacional, Esteban Ron.

El jurista señaló que la prevención de la corrupción no solo pasa por una reforma circunstancial, sino que debe ser una política pública de cero tolerancia a cualquier tipo de prácticas corruptas. (I)

Proyecto reforma la Ley de Contrataciones Públicas
La nueva propuesta del Ejecutivo también aclara los alcances de los funcionarios para contratar durante un estado de emergencia.

El proyecto de ley indica que la  contratación tendrá relación directa con el problema o situación emergente, por lo que no se usará la circunstancia para realizar contrataciones que ya se encontraban planificadas en la entidad, salvo que fuese estrictamente necesaria y tenga relación directa con la emergencia.

Además, que en ningún caso las contrataciones realizadas bajo este procedimiento se usarán para solventar la  planificación institucional o evadir los procesos de contratación pública.

La entidad hará un análisis del mercado para que, a través de una selección transparente de proveedores, defina al contratista, con el objetivo de obtener los mejores costos teniendo en cuenta el tiempo de entrega y forma de pago como parámetros para definir el mejor oferente. (I)