Investigadora del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) – Panamá y Red de Politólogas

Desde el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) de Panamá se desarrolla un monitoreo de las medidas que los países de América Latina han adoptado para enfrentar el COVID-19, identificando aspectos económicos, políticos, culturales y de derechos humanos. Respecto a las medidas de derechos humanos, se identifican aquellas que han sido destinadas a grupos vulnerables, como la población LGBTI, la cual resalta por la no consideración o por las escasas medidas afirmativas dictadas en la región, a pesar de las recomendaciones realizadas por el organismo regional y universal de derechos humanos ante las condiciones preexistentes en materia económica, de acceso a servicios de salud y trabajo; de violencia doméstica, de estigmatización, discriminación y violencia en el espacio público.

Entre los países que destacan con acciones positivas están Argentina, que reforzó la asistencia alimentaria para personas travestis y trans, articulando la entrega de alimentos durante el período de aislamiento, por medio de centros comunitarios, comedores y oenegés. Además, incorporó a dichos actores en los programas sociales y en las mesas de discusión sobre la violencia de género.  En Uruguay se habilitó un mecanismo para recibir y responder consultas sobre situaciones de discriminación por razones de orientación sexual o identidad de género, y para brindar asesoramiento a personas trans sobre su proceso de hormonización.

En contraste, se evidencia la exclusión en países como Panamá, en donde una medida de circulación por sexo y número de cédula no incorporó directrices claras para establecer los días de salida de hombres y mujeres trans, con lo cual se reportaron hechos de discriminación que fueron visibilizados por Human Rigths Watch. Por su parte, Bolivia suma la tercera víctima fatal de personas trans durante la pandemia, y en Chile, conforme a la segunda encuesta “Las personas LGBTI frente al COVID-19 en Chile”, se reportó un incremento del 47%  en la discriminación de la población LGBTI en casas o barrios tras la llegada del virus.

La pandemia ha mostrado la necesidad de reconocer a todas las personas –incluida la población LGBTI– como sujetas de derechos, para que sean consideradas en las políticas públicas de los Estados. Esta sigue siendo una tarea pendiente en la región, y el COVID-19 expone una oportunidad para que los países actúen en congruencia con el respeto de los derechos humanos de todas las personas. (O)