Ya son más de tres décadas que tenemos un conflicto democrático sostenido, tenso y que solo en los últimos diez años viró la balanza hacia el lado social popular. No cabe duda.

Se trata de un conflicto asentado y construido desde la necesidad de un grupo de poder por imponer su modelo. Para ello utilizó al Estado en todas sus formas y llegó al extremo de hipotecarlo con la mayor crisis financiera de finales del siglo pasado. Ese grupo oligárquico, bancario y financiero impuso un modelo de Estado donde no cabían los derechos sociales y mucho menos la clase media y los sectores populares. Y por eso tuvo gobiernos y gobernantes como sus empleados o como agencias tercerizadoras de sus intereses.

Del otro lado estuvo el bloque social y popular, resistiendo todo el tiempo las políticas de la llamada partidocracia, con sus contradicciones y debilidades. Con fuerte apoyo de los partidos de izquierda tradicional tampoco tuvo salidas a sus propias demandas y se enredó en las disputas tradicionales. Por eso no consolidó procesos de largo aliento y dependió siempre de la buena voluntad de uno que otro dirigente que negociaba con el gobierno de turno alguna demanda social, laboral, económica o cultural.

Algo parecido ocurrió en América Latina al mismo tiempo. Y de hecho, en algunos países se resolvió por la vía de las dictaduras y la imposición, a sangre y fuego, de modelos neoliberales, con las consabidas consecuencias.

Pero tras una prolongada crisis política, en Ecuador se generó un nuevo escenario democrático, inaugurado y sustentado en el proceso constituyente que dio paso a otra institucionalidad, un Estado redistribuidor y garantista de derechos y obligaciones sociales. Proceso que no ha sido admitido por ese bloque oligárquico, financiero y bancario. Desde el mismo momento que se legitimó con las elecciones del 2006, ese bloque oligárquico desató todas las resistencias y amenazas, un conjunto de acciones y estrategias mediáticas y ahora un proyecto electoral con figuras de ese bloque.

Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido con la Constitución de 1998, elaborada y aprobada en un cuartel, sin consulta popular, todos los procesos democráticos de los últimos diez años han pasado por las urnas, por consultar al mandante y desde ahí legitimar su desarrollo. Y el de mañana será otro.

Pero lo de fondo es que las elecciones son la herramienta para el desarrollo democrático y el instrumento para resolver el conflicto democrático. Y esa ha sido y será la tónica de mañana porque en la práctica se trata de resolver el nuevo ciclo de ese conflicto democrático: quienes abogan por sostener el proceso constituyente iniciado en el año 2007 y quienes hasta quieren otra Constitución y con ello avalar otro modelo de Estado.

El pueblo decidirá mañana eso. Y definirá el rumbo y el sentido del conflicto democrático para entender de qué modo actuarán las fuerzas políticas y que reflejarán cada uno de esos dos bloques en sus respectivas representaciones: gubernamentales y legislativas.

¿No están en juego los valores democráticos a favor de seguir construyendo una nación, una identidad y un destino común? Por lo pronto a nadie se le ocurriría pensar que todo lo alcanzado, en esa línea, en estos diez años se pueda botar a la alcantarilla por puro sesgo ideológico o por puro interés privado y mercantil. Porque si ello llegara a ocurrir, con quien quiera que llegue a la Presidencia, actualizaría la dinámica social, conflictiva y compleja, que ya vivimos en los noventa e inicios de este siglo.

La historia del Ecuador está plagada de ejemplos de esas “traiciones” profundas a los proyectos instaurados desde procesos sociales y constituyentes de hondo contenido social y popular. Lo tuvimos a inicios del siglo XX y también a mediados del mismo. Y los efectos y consecuencias no fueron precisamente a favor de un fortalecimiento democrático e institucional. Bastaría recordar por qué llegamos al año 2005 con una frase que lo simboliza todo: “Que se vayan todos”. Porque a partir de ahí nacieron otras disputas y el conflicto democrático devino en lo que hemos vivido estos diez últimos años.

Corresponde ahora pensar en mejorar más la calidad de la democracia, cierto. Pero no pasa precisamente solo por mejorar el estilo que algunos critican o creen que ahí reside todo el problema actual. Incluso, aquellos que creen que la democracia se define por los estilos, porque una persona u otra es más amable o carismática que otra, están colocando los problemas de fondo en otro lado. No se trata solo de dialogar o de generar consensos. La democracia real y profunda pasa por resolver los problemas reales y profundos de la gente, de los pobres. No solo es cuestión de reunirse con los grupos y corporaciones que egoístamente piden para sí todo y que el resto se joda. Un contentar a todos es no hacer nada, es someterse al imperio del que más grite o al que mejor acceda o imponga su agenda, como fue durante el retorno a la democracia hasta mediados de la década pasada.

Y en este escenario no hay salida sin una verdadera politización de la sociedad, de los procesos participativos reales y no de los manipulados por ciertas ONG y financiados desde ciertas hegemonías políticas y bancarias. La politización pasa por una profunda revolución educativa y un empoderamiento real de las organizaciones sociales alrededor de los más caros intereses populares.

Solo así el conflicto democrático conducirá a una verdadera profundización del proceso constituyente y, por supuesto, a una mejor y mayor igualdad social, menor pobreza y una sociedad de emprendedores y ciudadanos. (O)