Sus delegados impugnaron 4.243 actas y él pide todas. Sus abogados señalan el error jurídico pero él se limpia con eso. Pero hay algo más: dentro de esas 4.243 actas presentadas por CREO hay 299 duplicadas. Un error de bulto injustificable.

El encabezado de su comunicado dice: “No aceptaremos nada menos que la apertura de TODAS las urnas para el recuento de todos los votos”. De ese modo deja sentado el absurdo y la ilegalidad. Y_acota: “Ante los rumores de que el CNE piensa abrir un porcentaje determinado de urnas...”. Con lo cual no solo revela la ignorancia sobre el Código de la Democracia, sus reglamentos y las normas con las cuales participó en dos campañas presidenciales. Sus asesores deben corregirle y si son ellos quienes le llevan a esos absurdos, ya no se trata solo de un desconocimiento.

Y más adelante dice: “No avalaremos con nuestra presencia ninguna apertura parcial de urnas en ninguna provincia del país”. Entonces, reconoce o grafica su intención política que no es ni legal, ni legítima, ni sensata y menos consecuente con el demócrata que dijo ser estos años.

¿Por qué Guillermo Lasso se encapricha en ser presidente tras dos derrotas? ¿Hasta dónde llega su sapiencia, con la edad que tiene, los millones gastados y el sofisticado aparato electoral montado estos meses? ¿O hay alguien que le impone el libreto calcado del de la oposición venezolana que ya sabemos dónde está y cuántos muertes ha provocado en las calles de Caracas?

Ya son demasiados los líderes políticos que le han dicho de todo para que no siga vapuleando las normas, leyes y la misma Constitución. Pasando por Jimmy Jairala o Dalo Bucaram hasta expresidentes del organismo electoral como Jorge Acosta o Medardo Oleas, cada uno, a su modo, han retratado al personaje principal del sainete que están armando los de CREO.

Asesorado por Fausto Camacho, un exmaoísta, asesor de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Constituyente, devenido en un empleado servicial y muy sofisticado para inventar el agua tibia, Lasso olvida que es un actor político con obligaciones legales. No está en su banco ni en sus empresas offshore para imponer su voluntad. ¡Y qué decir de la poca “sapiencia electoral” de su delegada, la exmagistrada Ana Abril que poco sabe de procedimientos electorales y actúa en las audiencias como si estuviera en una comisaría o sala penal!

La plata no compra todo ni hace brillante a nadie. Aquí está en juego la legitimidad del sistema jurídico electoral del Ecuador. Si mañana a cualquier candidato se le ocurre el capricho de Lasso tendríamos el mayor caos institucional de la historia. (O)