La sanción a periodistas y medios de comunicación en el Gobierno pasado se respaldó en convertir a la comunicación en un servicio público. Esta norma está vigente hasta el momento, pero la Asamblea Nacional discute una reforma para terminar con este concepto. Ese cambio fue propuesto por el Gobierno y por el momento tiene vía libre en el Parlamento.

Aquello quedó evidenciado este jueves 20 de junio, cuando los representantes de todas las fuerzas políticas que participaron en el debate coincidieron en que la comunicación es un derecho fundamental de los ciudadanos y no puede ser calificada como un servicio.

Los legisladores quieren enmendar su error. En diciembre pasado, cuando se preparaba el informe para segundo debate de la reforma a la Ley de Comunicación ya se eliminó la figura del servicio público del artículo 5.

Sin embargo, durante el debate, la legisladora Karina Arteaga, de Alianza PAIS, dijo que entregaron un oficio a la presidencia del Parlamento para, entre otros pedidos, mantener la redacción anterior del artículo 5. La acción generó que ese inciso no se modificara y se mantuviera como lo aprobó la Asamblea en 2013.

Ante este escenario, el presidente de la República, Lenín Moreno, envió una reforma específica que desaparece la figura del servicio público. Ese criterio fue respetado por los integrantes de la Comisión legislativa de Derechos Colectivos, que fueron los responsables de viabilizar la corrección.  

El asambleísta Jaime Olivo, de Pachakutik, actual presidente de esa mesa legislativa, sostuvo que las normas internacionales recalcan que la comunicación es un derecho fundamental de los ciudadanos y no puede ser considerada como un servicio público. El criterio fue compartido por Vicente Taiano, del Partido Social Cristiano.

Él aseguró que el Gobierno pasado convirtió a la prensa en su enemigo y para acorralarla instaló en el país la norma de que la comunicación es un servicio público. Por eso, él aseguró que la reforma tendrá el respaldo y se comprometió a vigilar las actuaciones de su colega Arteaga para que no se repitan “nuevos errores”.

El vicepresidente de la Asamblea, Patricio Donoso, destacó el rol de la prensa en la sociedad. “El mejor aliado de un gobierno honesto es una prensa libre e investigativa”, manifestó el legislador de CREO.

Mientras que Fredy Alarcón, de la Bancada de Integración Nacional, destacó los cambios y aseguró que los medios y los periodistas sienten la libertad y no tienen miedo de ser perseguidos y condenados por lo que publiquen. Además, recordó que la Corte Constitucional declaró, en agosto del 2018, la inconstitucionalidad del mantener la comunicación como un servicio público.  

Por su parte, la bancada de la Revolución Ciudadana, afín al expresidente Rafael Correa, tampoco se mostró en contra de la reforma.  

La legisladora Marcela Holguín propuso a sus colegas que mantengan la redacción de la reforma propuesta por la Comisión de Derechos Colectivos.

En esta mesa se hicieron cambios al proyecto enviado por el Primer Mandatario. En su texto dice que “los medios de comunicación social son instrumentos impresos, de servicios de radio, televisión aptos para transmitir, divulgar, difundir y propagar, en forma estable y periódica, textos, sonidos e imágenes a la población”.

Con el cierre de la discusión, la reforma pasará de nuevo a la Comisión de Derechos Colectivos que debe preparar un nuevo informe para el segundo y definitivo debate. Aunque no se establecieron fechas ni plazos, el objetivo es hacerlo pronto. (I)