La próxima semana, la Agencia de Regulación y Control de la Telecomunicaciones (Arcotel) abrirá los sobres con las propuestas de las personas que aplicaron al concurso para las 3.096 frecuencias de radio FM disponibles a nivel nacional.

El proceso se inició el pasado 15 de mayo, con el objetivo de asignar el espacio radioeléctrico en el que participan radios comunitarias y privadas; las frecuencias públicas no son parte de este proceso, indicaron en la Arcotel.

Así se cumplirá un concurso técnico, transparente, sin chantajes, “reconociendo la experiencia, inversión y audiencia ganada por los medios privados, acorde con la Ley Orgánica de Comunicación reformada. Esperamos entregar los títulos habilitantes a fines de agosto”, dijo el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena.

La Contraloría dispuso, en junio de 2018, que el concurso realizado dos años antes (2016), durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, sea anulado.

El motivo: en el examen especial se detectaron cinco irregularidades en la asignación de puntajes, recalificación y descalificación de postulantes. Además, porque emitieron un instructivo para evaluación de proyectos sin conocimiento de los participantes, luego de las bases del concurso y el reglamento.

Asimismo, detectaron concentración de frecuencias en tres grupos liderados por el entonces asambleísta Jorge Yunda y los empresarios Ángel González y Lenín Andrade.

La Contraloría confirmó que varios medios efectuaron cambios en las gerencias y accionistas sin poner en conocimiento de la Arcotel, lo que dificultó el análisis. El examen se realizó entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2017.

Esas irregularidades las permitió el Gobierno anterior para callar las voces críticas e incentivar las que les sean favorables usando la asignación de frecuencias. Por ejemplo, a Radio Democracia, de Quito, que enfrentó agravios durante el correísmo, intentaron retirarle la frecuencia para lo cual usaron a Héctor Velasco, quien a nombre de la Asociación de Emprendedores Ecuatorianos, pidió al Gobierno esa frecuencia de FM.

Para ello envió una carta al exvicepresidente Jorge Glas, donde le solicitaba la entrega del dial 92.5 de Radio Democracia porque era un medio de oposición.

Kléber Chica, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusores (AER), dijo que su gremio ve que este proceso es transparente, ya que cualquier ciudadano interesado en la radiodifusión puede participar.

Destacó que lo más importante es no permitir la concentración de monopolios en las radios o politiqueros que buscan concentrar frecuencias como botín político. “Porque se trocaba, tranzaba, se intercambiaban frecuencias por votos en la Legislatura. Eso lo tenemos bastante claro”.

Integración de veeduría ciudadana preocupa

Para verificar el desarrollo del concurso de asignación de frecuencias de radio, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) conformó una veeduría ciudadana que levantó la inconformidad de varios sectores.

¿La razón?, entre los nombrados constan personas que colaboraron con el régimen anterior; por ejemplo, Héctor Velasco, quien gestionaba la entrega de la frecuencia que ocupaba Radio Democracia.

Roberto Manciati, presidente de los Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador Asociados (CCREA), expresó que les preocupa las alertas sobre la integración de una mayoría de la veeduría, relacionada con el expresidente Rafael Correa.

Por eso solicitó al presidente del CPCCS, Christian Cruz, que la entidad investigue a los integrantes de la veeduría, puesto que cuatro de los siete veedores tienen intereses particulares en el proceso.

César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios e integrante de la veeduría, solicitó que se presenten impugnaciones, ya que existe una clara tendencia política en algunos veedores.

Las denuncias motivaron las renuncias a la veeduría de Héctor Velasco, quien fungía como coordinador, y de María Gabriela Vargas, subcoordinadora.

Ricaurte comentó que Emilio Uzcátegui y Bernardo Cañizares tampoco serían probos. El primero fue funcionario de la Corte Constitucional y Asamblea; mientras que Cañizares supuestamente facturó $ 173.000 en contratos con el Estado. (I)