El presidente de la República, Rafael Correa, hizo aclaraciones sobre los cambios en la cédula de identidad. Recalcó que "a nadie se restringe derechos" y se respeta lo que dice la Constitución. 

"Los mismos que mintieron y dijeron que la Constitución era abortista y permitía el matrimonio homosexual (¿recuerdan?), son los que ahora engañan sobre los cambios en la cédula de identidad", escribió el Jefe de Estado en su cuenta en Twitter.

El Mandatario explicó que el cambio del campo de "sexo" por "género" será voluntario, y el primero siempre quedará en la partida de nacimiento y en la base del Registro Civil. 

"A nadie se le restringe derechos, a nadie se le obliga a nada, y se respeta lo que dice la Constitución que antes difamaban. Son los mismos que mintieron sobre la ley de herencia diciendo que 'atacábamos'... ¡a la familia! (¿fanáticos de 'tradición, familia y propiedad'? ¿simples politiqueros?) No sé por qué me recuerdan tanto a los fariseos y sumos sacerdotes. Seguiré siendo católico A PESAR de esta clase de gente (y eso que estamos en el año de la 'misericordia'). La mejor respuesta: volverlos a derrotar", apuntó Correa en la red social.

El 13 de enero, el Presidente vetó parcialmente la Ley de Gestión de la identidad y Datos Civiles. En la objeción se establece que el documento de ciudadanía de los ecuatorianos conserve el nombre de Cédula de Identidad y no se lo cambie por Documento Nacional de Identidad (DNI) como consta en la normativa que fue aprobada por la Asamblea Nacional.

En el documento, que contempla en 26 páginas el veto a 13 articulos, el Ejecutivo considera que tampoco es necesario un cambio en las denominaciones de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación en vista de que la creación del Registro Civil.

Respecto al cambio de la palabra sexo por género, que será opcional, a los 18 años y por una sola vez en la vida, según contempla la propuesta original, también se modificó. A decir del Ejecutivo, para realizar el trámite se deberá presentar dos testigos que deben conocer al solicitante por un lapso de dos años. (I)