Voces divididas se han generado en el debate alrededor de la Ley Universitaria que es discutida en el Congreso Nacional de  Perú.

La razón de los apoyos y críticas está asentada en la serie de modificaciones que se planea aprobar y que se busca, según los congresistas, mejorar la organización de la educación superior.

La ley que rige el sector, hasta el momento, fue diseñada hace treinta años y, según gran parte de los actores de ese ámbito, no contiene actualizaciones adecuadas para enfrentar los cambios educativos.

De acuerdo a la norma, la Asamblea Nacional de Rectores -un organismo autónomo y público- constituido por los rectores de universidades públicas y privadas de  Perú, es el estamento más alto en la educación superior encargado de coordinar y orientar las actividades del sector en el país.

Las modificaciones a la ley determinarían que este estamento sea sustituido por la Superintendencia Nacional Universitaria (Sunau), dependiente del Ministerio de Educación. Esa posibilidad ha puesto a los rectores universitarios en un dilema pues advierten una supuesta pérdida de  la autonomía universitaria.

Para el filósofo sanmarquino, Zenón De Paz, la presencia de un órgano rector no sería tan grave...En el artículo 18 de la Constitución peruana se hace referencia a la garantía que el Estado debe otorgar a la libertad de cátedra en la educación superior.

Las voces más ácidas contra el proyecto han afirmado que con esta modificación se abre la puerta para que el Ministerio de Educación homologue las mallas educativas de acuerdo a los intereses del gobierno de turno.

Para Zenón De Paz, director de Escuela de Filosofía de San Marcos, la presencia de un órgano rector no sería tan grave en la medida   que este estuviera coordinado por académicos reconocidos y no por ministerios u organizaciones que velan por las inversiones privadas.

Precisamente, Alfonso García Miró, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), manifiesta su rechazo a la creación de la  Sunau, pues considera que no es conveniente un papel fiscalizador sobre las universidades.

La educación superior, según García, tiene retos por cumplir, pero “depende de su propia voluntad, sin necesidad de que un ente rector oriente sus funciones.

En nombre de la autonomía, dice Zenón De Paz, el gobierno se ha desentendido de las necesidades universitarias dejando que estas implementen las estrategias que crean convenientes para sobrevivir.  Una de estas ha sido la creación de las academias preuniversitarias, a las que los estudiantes asisten con un semestre de anticipación para asegurar su ingreso.

De Paz indica que la mayoría de personas que pasan por esas academias logran ingresar a las universidades, pero denuncia que existe una “discriminación flagrante” porque no todas las familias  están en capacidad económica de pagar los cursos previos.  

A ello se ha sumado la oferta desmedida de maestrías y doctorados vinculadas a carreras que no tienen gran demanda en el mercado laboral.

El año anterior, solo en Lima, se contabilizaron cerca de treinta universidades privadas, cada una  tenía  variadas carreras en las distintas especialidades. A ellas se suman las siete entidades públicas  formando  así un complejo panorama frente a su organización.

Los estudiantes, convocados por sus rectores, han realizado marchas y plantones frente al Congreso, para que su voz sea escuchada. También para ellos las modificaciones tendrán un efecto inmediato.

Una de las circunstancias que se busca regular es la del bachillerato automático: en   Perú, un estudiante de educación  superior que ha cursado el total de las materias de su carrera obtiene, de forma automática, su grado de bachiller (que equivale  a egresado en Ecuador).

Con este título  puede optar por un trabajo público o privado, así como seguir sus de cuarto nivel (maestrías y doctorados) sin la necesidad de licenciarse. “Tenemos doctores que no saben hacer una tesis, porque no la han hecho para su licenciatura ni para su maestría”, comenta irónicamente De Paz.

Esa realidad cambiaría con la aprobación de una enmienda en la que se pone, como requisito fundamental para la obtención del grado de bachiller, la presentación de una tesis de investigación y la acreditación de una lengua extranjera o nativa.

La homologación de sueldos, procesos de acreditación y la delimitación de funciones son algunos aspectos que están enmarcados dentro de estas reformas que avanzan en un debate al interior del Legislativo, no exentos de críticas y apoyos desde la propia Academia.