El exasambleísta Andrés Páez presentó en días pasados una denuncia que circuló en las redes sociales, que se publicó luego en medios masivos y fue acogida por algunos editorialistas.

Páez acusó a una editorial ecuatoriana de haber insertado en un libro de Historia 3 BGU, dirigido al sector privado, algunos textos con una orientación ideológica afín al gobierno del Eco. Rafael Correa Delgado.

Más tarde diario El Universo publicó un informe sobre el caso, y en su editorial del domingo 28 de abril exigió “honestidad intelectual” a los diferentes actores. El mencionado periódico abrió, además, un expediente en contra de otra editorial con el mismo argumento: el adoctrinamiento político.

La reacción del Gobierno fue inmediata. El presidente Lenín Moreno ordenó la rectificación y el ministro Milton Luna en un acuerdo ministerial suspendió la certificación del libro, que fue inmediatamente retirado del mercado. Y anunció la creación de un sistema modular de textos escolares, que circularían en septiembre en el régimen Sierra. ¿El plazo será suficiente?

Vitrinas pedagógicas
Para información de la opinión pública es necesario destacar la importancia de las políticas educativas públicas en relación con el sistema educativo vigente, sus estrategias, programas y servicios de acuerdo con las normas constitucionales y legales, incluso aprobadas en referéndum.

Lo anterior confiere al Estado -más que a los gobiernos de turno- la competencia para definir los procesos de construcción de esas políticas y la aplicación de las mismas. Esta “rectoría” corresponde al Ministerio de Educación.

En lo atinente a los textos escolares, el Estado promovió, desde comienzos del siglo XXI, su gratuidad como parte de una política pública consistente con el precepto constitucional y la voluntad política de los gobiernos de turno, que dieron recursos para tal propósito.

Así nació la estrategia denominada “vitrina pedagógica”, como mecanismo para ofrecer textos escolares gratuitos de calidad, con el apoyo del sector privado que participó en concursos y licitaciones.

El currículo
Un elemento esencial en esta hoja de ruta es el papel asumido por el Ministerio de Educación.

Según la ley vigente, corresponde al Ministerio de Educación la elaboración y aprobación del currículo que, en términos amplios, es el conjunto de objetivos, contenidos, procesos, metodologías y modelos de evaluación de cada área y/o asignatura, de conformidad con la modalidad de “destrezas con criterio de desempeño”.

Es el Ministerio de Educación, por autoridad de la ley, que define el currículo y no las editoriales, cuya función es la de redactar, editar, ilustrar e imprimir cada producto, de acuerdo a los parámetros, guías y especificaciones establecidas obligatoriamente por el Estado y en su representación el Ministerio del ramo.

La certificación
Con el paso del tiempo las editoriales -hoy organizadas en la Asociación Ecuatoriana de Libros de Texto-, recibieron el aval o la certificación de las universidades del país, para ofrecer calidad verificada, confiabilidad y objetividad en el proceso y los productos.

La certificación es un requisito clave: un grupo de universidades estudia las propuestas de las editoriales concursantes e informa al Ministerio de Educación, sugiere cambios y avala -si es el caso- la publicación. Esta certificación es un requisito esencial del proceso de producción editorial, en el que concursan libremente las empresas del sector gráfico.

Como resultado de este proceso los estudiantes de los planteles fiscales se benefician al recibir libros de textos gratuitos; los padres de familia reciben un apoyo indirecto del Estado, y los profesores obtienen un recurso didáctico con todos los controles de calidad y las certificaciones respectivas.

Responsabilidades
Ante el problema planteado vale la pena discernir, conciliar principios e intereses, definir bien el rol del Estado y el papel del sector privado, de tal manera que se mantengan los libros escolares gratuitos con reglas de juego claras y de calidad garantizada.

Las responsabilidades son evidentes: El Ministerio de Educación es el autor del currículo nacional, en cuya construcción participan expertos, consultores y educadores calificados.

Las editoriales concursantes de la “vitrina pedagógica” aplican las directivas generadas por el Ministerio de Educación, y por obligación deben someterse a ellas so pena de no participar en los concursos.

Como resultado de lo anterior se infiere que el denominado “sesgo ideológico” no proviene de las editoriales, sino de las autoridades del propio Ministerio de Educación que autorizaron el currículo.

Las editoriales pueden cometer errores, como ha destacado cierto sector de la prensa. La función de las editoriales no es política, sino técnica -gráfica-herramental.

Análisis y acuerdo
Los problemas ideológicos de los textos escolares son recurrentes. Cada libro o serie tiene su historia, su contexto y significación; su antecedente y consecuente. 

En el caso de las Ciencias Sociales es más notorio porque todo texto responde a realidades y contextos específicos, que se refieren a escenarios complejos y polivalentes como es la sociedad. No hay -no puede haber- textos neutros.

Si intentamos ser objetivos e imparciales -muy difícil, por cierto-, lo ideal sería -y eso nos enseña el periodismo- contrastar puntos de vista divergentes, para que cada lector -o estudiante- forme su propia opinión, discierna y decida.

El tema pasa entonces por los denominados saberes didácticos y la transposición didáctica. Los primeros conciernen al método científico, y la segunda a la capacidad o competencia de cada maestro para construir pensamiento crítico y no direccionado a tal o cual tendencia ideológica.

Un análisis profundo del caso o casos denunciados nos llevaría, necesariamente, a la Semiótica o ciencia del signo, que nos ayudaría a decodificar los signos, significados y significantes del discurso didáctico.

Un acuerdo entre el Estado, las editoriales y las universidades se ve en el horizonte. ¿Una nueva política educativa pública? (O)