En el estudio "Educación en pausa" Unicef analiza y da las cifras de lo que ha llamado "una catástrofe generacional", ya que "el 97% de los estudiantes de la región, unos 137 millones de niños y niñas, han perdido un promedio de 174 días de aprendizaje y corren el riesgo de perderse un año escolar completo".

De acuerdo con el estudio, solo cuatro países de la región cuentan con un sistema de colegios totalmente abiertos: Haití, Nicaragua, Surinam y Uruguay; cinco tienen las escuelas parcialmente abiertas: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Cuba, y el resto las mantienen cerradas.

Según el informe, los países que no han abierto sus instituciones de educación primaria y secundaria tienen poca probabilidad de reactivarlas en lo que queda de 2020.

"El cierre de escuelas podría costarle a la región hasta $ 1.2 billones en los ingresos eventuales de por vida de los niños que ahora se ven privados del aprendizaje formal", señala el estudio.

La brecha tecnológica, además, ha influido en que la desigualdad educacional se acentúe todavía más entre los infantes ricos y pobres de la región.

Mientras que tres de cada cuatro niños de colegios privados tienen acceso a una educación de calidad a distancia, en los públicos la cifra se reduce a uno de cada dos niños.

"Para aquellos sin computadoras, sin Internet o incluso sin un lugar para estudiar, aprender desde casa se ha convertido en un desafío abrumador", explicó Bernt Aasen, director Regional Interino de Unicef para América Latina y el Caribe.

La decisión de reabrir las escuelas tampoco es fácil si se tiene en cuenta que en la región una de cada seis no cuenta con servicio de agua, un recurso primordial en la lucha contra la propagación del coronavirus.

Unicef hizo un llamado a la acción a todos los Gobiernos de América Latina y el Caribe a "preparar, de manera urgente, la reapertura segura de todas las escuelas, con el apoyo de una planificación rigurosa y un enfoque bien coordinado que aborde las necesidades integrales de los niños, niñas y adolescentes, (...) y proteger y aumentar los presupuestos de educación pública dirigidos a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes más marginados". (I)