Una de las mayores innovaciones que presenta el Código Orgánico de la Salud (COS), en el capítulo IV, es el uso terapéutico del cannabis para las enfermedades, o condiciones médicas que establezca la máxima autoridad sanitaria del país.

Según el artículo 340 del COS, que espera el segundo debate en la Asamblea Nacional, el Ministerio de Salud Pública (MSP) tomará en cuenta la evidencia científica y la efectividad terapéutica. También regulará las concentraciones de dicha sustancia y la cantidad permitida en cada prescripción y la duración.

Para Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, el Código otorga un derecho a la población que padece alguna dolencia y mejora con esta sustancia. Es decir, la posibilidad de acceder a una medicación confiable y no depender del contrabando o ser víctima de falsificaciones.

“Habrá sitios donde se pueda encontrar el cannabis medicinal legalmente autorizado, obviamente bajo una receta médica como ocurre con los tranquilizantes que envía el médico”, dijo.

El galeno rechaza la idea de ciertos sectores sociales para los cuales esta normativa promueve el uso del cannabis recreativo.
“El componente que se pretende aprobar es el cannabidiol. Está comprobado científicamente y respaldado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que no es un componente adictivo”.

En noviembre de 2017, el organismo internacional indicó que el cannabidiol no parece ser nocivo, ni presenta riesgo de abuso. Por ello aseguró no se justifica incluirlo entre las sustancias sujetas a fiscalización.

“Esto significa que su producción y suministro no están sujetos a controles internacionales estrictos, pero su situación legal en los países es decisión de los legisladores nacionales”, planteó la OMS.

Álvarez aclaró que en el mundo de la medicina se utilizan derivados de ciertas plantas “consideradas drogas” como ocurre actualmente con la morfina que procede de la amapola. “No por eso la gente se vuelve adicta”, reiteró.

En la nueva normativa sanitaria reza que el MSP entregará las licencias que durarán cinco años a personas jurídicas, cooperativas y asociaciones, cuyo objeto sea la producción de medicamentos o productos naturales procesados de uso medicinal.

Entre los requisitos que se plantean, previamente a la concesión del permiso, están la presentación y aprobación del proyecto de producción que contenga el lugar de elaboración, tipo de semilla y cepa, que no deberán contener porcentajes superiores al 1% de tetrahidrocanabinol (THC).

Este es un componente en forma de resina considerado el principal constituyente psicoactivo del cannabis.

Una alternativa

Gabriel Buitrón, representante de Ecuador Cannábico, organización que hace 7 años lucha por la despenalización del cannabis, acudió el pasado jueves a la Asamblea Nacional. Allí expuso que en el país la gente muere de dolor y que de los 50.000 pacientes que necesitan medicina para aliviarlo, el 25% la recibe del Estado.

“El cannabis sería una alternativa en estas dolencias, sobre todo para niños con epilepsia refractaria que al momento no tienen opción para evitar el sufrimiento de experimentar 300 convulsiones en una sola semana”.

Buitrón recordó que Uruguay, bajo la dirección de José Mujica en 2017, tomó la iniciativa en todo el proceso de siembra, cultivo y comercialización legal del cannabis, tanto en la medicina, industria, biocombustibles, alimentación, y textiles.

“Por ejemplo, Uruguay recibió en 2018, $ 800 millones por la venta del cannabis a través de la farmacia. Ese dinero no fue al narcotráfico sino a las arcas del Estado. Hay que asumir con responsabilidad esta lucha social que lleva ya una década”.

Varias familias en el país adquieren derivados del cannabis y han comprobado su eficacia. Ese es el caso de Taís Ponce, quien con 17 años padece de parálisis cerebral.

A ella -dicen sus allegados- las gotas del cannabis le ayudaron a controlar su agresividad y risa patológica, pero sin adormecerla como ocurría con los fármacos neuryl y rivotril. Hoy sus padres ven una joven inquieta, despierta y llena de curiosidad. (I)