El Defensor del Pueblo de Bolivia, Rolando Villena, informó que su oficina ha recibido 1.425 denuncias por discriminación desde que el presidente de este país, Evo Morales, promulgó en 2010 una ley contra el racismo. Villena difundió este dato con motivo del Día Nacional contra el Racismo y la Discriminación, que se conmemora en Bolivia para recordar las agresiones sufridas en 2008 por decenas de indígenas en la ciudad sureña de Sucre, capital constitucional del país, por parte de grupos opositores. El funcionario detalló que en 2010 su despacho registró 470 casos, un año después fueron 503 y en 2012 recibió 452 denuncias, según un comunicado de la Defensoría del Pueblo.

Las denuncias recibidas se refieren a la vulneración de derechos de ancianos, personas con discapacidad, indígenas, campesinos, reclusos, emigrantes, jóvenes, mujeres embarazadas, niños trabajadores, personas con VIH e integrantes del colectivo de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, entre otras.

2010 fue el año en el que se promulgó la Ley contra el Racismo y la Discriminación en BoliviaVillena destacó que la promulgación en octubre de 2010 de la ley de lucha contra el racismo y la discriminación fue un gran paso para que la gente tome conciencia sobre estos problemas. "Hoy la discriminación y el racismo ya no se ejercen de manera abierta y visible y los lugares en las ciudades que antes eran prohibidos para personas indígenas que no cumplían con estereotipos de vestimenta y apariencia, se cuidan y evitan incurrir en estas conductas", sostuvo.

No obstante, reconoció que aún existen en Bolivia "espacios de discriminación" en los que, según dijo, "son visibles o solapadas las formas de discriminación que se ejercen contra mujeres, indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores y personas que piensan diferente".

Hace cinco años, indígenas y campesinos seguidores del presidente Evo Morales fueron agredidos y ultrajados durante una movilización social en Sucre, en medio de un conflicto político del Gobierno con opositores. Por este caso están procesados 18 líderes de aquella movilización, algunos con arresto domiciliario, mientras que otros han rechazado tener responsabilidad.