Michelle Avilés, de 23 años, y Alexandra Chávez, de 41, desde ya están casadas. En las cédulas, que el Registro Civil de Guayaquil les emitió, aparece el nuevo estado civil acompañado de los nombres de la pareja.

Ellas, que hasta este jueves 18 de julio de 2019 prefirieron no exponer su relación de forma pública, se enfrentaron a cámaras y grabadoras de los medios.

Los profesionales de la comunicación y personas que diariamente se casan miraron atentos el desenlace de la primera unión de personas del mismo sexo.   

La delegada del Registro Civil, Esther Sánchez, oficializó el acto y la pareja intercambió sus anillos. Cuando el acto terminó, en el interior de la sede, personas que estaban por allí, haciendo trámites, murmuraban a lo lejos y otras escrutaban con la mirada a las dos mujeres.  

La situación se repitió cuando, tomadas de la mano, caminaron por las calles Pedro Carbo y 9 de Octubre. “Nos ven como bichos raros. Ahora nos van a criticar más de lo que ya lo han hecho”, expresa Michelle.  

La discriminación es algo que a lo que se enfrentan las personas del colectivo GLBTI. Una encuesta, que efectuó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) a miembros del grupo, mostró que el 70,9% sufrió algún tipo de discriminación.

Eso le pasó a Michelle. Cuando reveló a sus padres que era lesbiana, se distanciaron. “Se alejaron, me duele porque me siento rechazada”. Alexandra, en cambio, teme algún ataque o la reducción de oportunidades laborales. “No sé qué pasará ahora que es público, pero tenemos fe en que nos van a respetar. Nosotros no le hacemos daño a nadie”.

¿Cómo se tienen que manejar los casos de discriminación? El Consejo Nacional para la Igualdad de Género explica que existen varios mecanismos a los que puede acceder el colectivo para solicitar protección, pero dependerá del caso de discriminación.

La exclusión se presenta de diferentes formas: no permitirles acceder a un trabajo, negarles participar en un concurso de méritos por su orientación de género, impedimentos para arrendar un espacio para vivir y otras. “En el Código Penal, la discriminación y los actos de odio están tipificados como delito”.

Ibeth Orellana, abogada y directora técnica del Consejo, explica que las denuncias, cuando se trata de un delito, deben hacerse en la Fiscalía y, cuando son acciones constitucionales (acción de protección), en la Defensoría del Pueblo. También, si existen situaciones irregulares como el acoso, se puede amparar en el Código del Trabajo.

Según los juristas, las personas que se acogen al matrimonio igualitario tendrán los mismos beneficios que las parejas heterosexuales. Por ejemplo, el permiso de tres días (sin descuento) que se otorga en el sector público. En el sector privado dependerá del reglamento interno.

La jurista Mónica Vera, de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), explica que en caso de incumplimiento de estos derechos la primera alternativa es realizar una denuncia administrativa ante el inspector del Trabajo.

El otro mecanismo es interponer judicialmente una acción de protección que tardará ocho días en dictar la fecha de audiencia.  

El Observatorio Ecuatoriano de Derechos Humanos, Colectivos y Minoría ha atendido 11 casos por discriminación al colectivo en 2019. Llegaron por situaciones de bullying (acoso) en el trabajo o lugar de estudios.

Para Diana Maldonado, en los trabajos no denuncian por miedo a ser despedidos. Muchos incluso optan por ocultar su orientación.

Boris Álvarez, quien el 25 de julio se casará con su prometido, cree que después de casarse aumentarán las burlas hacia su relación. Él denuncia que cuando sale agarrado de la mano con su pareja les suelen gritar: “Arroz con chancho”. (I)