Los padres que tienen problemas para pagar las pensiones de alimentos es una situación recurrente en el país. En los consultorios jurídicos de las universidades, que atienden gratuitamente a la ciudadanía, se encuentran estos casos.

Un usuario con una historia dramática llegó hace poco hasta el despacho de la Universidad Ecotec (Guayaquil). La abogada Claudia Álvarez lo atendió: el hombre había dejado de trabajar porque está enfermo. La profesional del derecho revela que tenía cáncer y que por ese motivo suspendió los pagos de las pensiones alimenticias de sus hijos. “Había días en los que estaba al filo de la muerte y otros en que se levantaba y pasaba unos meses bien”. Él terminó preso. Salió de la cárcel después de que los abogados hicieron una propuesta de pago ante el juez y de que expusieron su situación de salud.

“No hay una ley que lo respalde, pero por cuestiones de ética y humanidad (el juez) ayudó a que los pagos fueran más distendidos y en cuotas muy pequeñas”.

El debate sobre las pensiones de alimentos se retomó la semana pasada en el gabinete con el frente de Seguridad. En esa reunión se conoció una demanda de inconstitucionalidad por la detención de un hombre de 36 años con cáncer terminal, por no cancelar la pensión.

El Código de la Niñez y Adolescencia reza que si el demandado no paga dos pensiones consecutivas el juez podrá ordenar su prisión provisional a petición de una parte.

Justamente, en el último enlace ciudadano, el presidente Rafael Correa expresó su desacuerdo con esa medida: “Frontalmente vamos a defender esta petición del señor (Javier) Donoso porque tiene toda la razón; ese artículo legal es tremendamente injusto y estamos llenando las cárceles con inocentes y no lo voy a permitir como Presidente”.

De acuerdo con el Primer Mandatario, al momento existen 869 presos por pensión alimenticia. Para él, gran parte de ellos no son irresponsables, sino que están desempleados “y por ello no pueden pagar”.

Al respecto, la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, informó que el gabinete resolvió elaborar una propuesta de reforma legal que será remitida a la Asamblea Nacional para diferenciar a los deudores de buena fe con los de mala fe.

En el gabinete trascendió que se buscará la aplicación de medidas sustitutivas o que se usen los brazaletes electrónicos.

Entre los meses de julio y septiembre de este año, a nivel nacional, se emitieron 5.003 boletas de apremios, según datos del Consejo de la Judicatura.

La abogada Álvarez explica que actualmente las medidas sustitutivas no se aplican en los casos de juicios por alimentos, sino en el área penal. “El punto básico es que la persona no pierda la libertad por un delito o contravención menor”.

El Código de la Niñez indica que en el caso de demandas por alimentos se puede dar un subsidiario al menor de edad, es decir, que un tío, primo, cuñado u otro familiar del demandado se haga responsable del pago, voluntariamente.

A la madre de familia Gabriela Molina le preocupa que se elimine la prisión por falta de pago de la pensión. Ayer llegó al Juzgado de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en busca de una orden de prisión para el pago de más de $ 4.000 que el padre de su hijo adeuda desde 2013. “Si se elimina la prisión, lo único que pediría es que me diera totalmente los derechos de mi hijo. ¿A qué vas a visitar a un niño, si no le das ni siquiera para la ‘papa’?”, cuestiona.

El Jefe de Estado aclaró que la propuesta no apunta a los casos de gente irresponsable que debe ser sancionada. “Todo nuestro apoyo a esas madres jefes de hogar que han sido dejadas con dos o tres hijos, esos padres irresponsables deberían estar presos, pero no el pobre hombre que perdió el empleo, que quiere pagar y no puede”.

La abogada Glenda Tutivén considera que la propuesta de reforma debe empezar por la Constitución vigente. Señala que el artículo 66, respecto a los derechos de libertad, en el numeral 9 detalla que “ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto en el caso de pensiones alimenticias”.

Para Tutivén, paralelamente, debe existir un proyecto de ley sobre cuestiones de menores, pensiones, medidas y prevención. “No se puede generalizar porque cada caso es diferente”.

Luis Riera, integrante de la agrupación ‘Papá por Siempre’, anunció que cuatro colectivos de padres, madres y familiares de Quito, Guayaquil y Cuenca denominados ‘Unión por Nuestros hijos’, propondrán al Poder Ejecutivo siete puntos para la convivencia familiar armónica de progenitores separados.

Uno de los ejes apunta a la racionalización de medidas de apremio personal a los progenitores que incumplen con su corresponsabilidad. “No queremos que se bajen las pensiones alimenticias ni que no se meta preso a los papás; sabemos que es necesario que exista una manera que no sea irresponsable, pero se debe revisar caso por caso”.

Por su parte, la Asociación de la Escuela de Derecho de la Universidad de Guayaquil informó que harán una propuesta legal para evitar casos como los que denunció el Primer Mandatario. (I)