La exministra de Inclusión Social, Berenice Cordero, se muestra preocupada por los errores de redacción, conceptualización y técnicos que se plantean en la reforma al proyecto de Ley del Código de la Niñez y la Adolescencia.

Como parte del Grupo de Trabajo “Dignidad + Derechos” y como Presidenta de la Mesa de la Niñez y la Adolescencia de la ONU, ella hace una análisis referente a que el Código de la Niñez y la Adolescencia data de 2003 y la nueva Constitución del 2008, por lo que hay que mejorar y precisar varios puntos en la reforma.

¿Qué se está obviando en la Comisión Ocasional que trata la reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia?

En primer lugar está la adecuación a la nueva Constitución 2008, y esta Ley que es del 2003. Entonces está lo que se relaciona con mejorar todo el catálogo de derechos humanos tanto los generales como los específicos, porque su condición de persona humana y de los adolescentes hombres y mujeres requiere un trabajo muy apegado a la Constitución. En ese sentido hay algunas objeciones, por una parte reconocer, por ejemplo, todos los temas relativos al artículo 67 de la Constitución que se refiere a la diversidad de las familias y a la obligación del Estado de crear condiciones que favorezcan integralmente la consecución sección de sus fines.

Está el tema de la gratuidad de los servicios y bienes públicos; educación, salud, etc. Hay un tema que llama la atención a las organizaciones sociales y las personas que trabajamos en este país en derechos humanos de la niñez y que se refiere a la no mención de servicios especializados para víctimas de violencia.

Justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de fallar a favor del caso de Paola Guzmán Albarracín, quien se suicidó y fue víctima de violencia sexual en un establecimiento educativo de la ciudad de Guayaquil por parte del Vicerrector.  Ocurrió hace 18 años, no teníamos un buen catálogo de delitos penales, el COIP está vigente desde 2014, pero aun así, no se han puesto en el lugar procedimientos especializados para la prevención de los derechos sexuales en los menores de edad.

Está que el caso Aampetra, emblemático, donde 40 chicos fueron víctimas de abuso sexual en esta unidad educativa, en Quito (…) Entonces en Ecuador, para los efectos de no repetición que dice la sentencia, se crea la Comisión Ocasional. Ahora, de modo estratégico, hay que aprovechar esta reforma para incorporar todos aquellos elementos que aseguren la protección de los derechos de la víctima cuando es sujeto de violencia sexual, ya sea en el ámbito educativo, de la familia, en una institución de internamiento de adolescentes que han infringido la ley penal, etc. Este es el momento justo.

La sentencia (de la CIDH) obliga al Estado ecuatoriano a que no se vuelvan a repetir estos casos como el de Paola y para eso se requieren servicios que efectivamente sean de recuperación física, de apoyo a las familias; obviamente la persecución de los perpetradores es absolutamente necesaria- Entonces son cambios culturales, pero también cambios legales normativos; está la exigencia a la Fiscalía a actuar de oficio con la debida diligencia.

No es suficiente tipificar las violencias, sí es necesario hacerlo y está en alguno de los títulos que tiene esta ley, porque justamente la reforma nace a partir del caso Aampetra. Entonces estamos desatendiendo el informe Aampetra, donde se relatan los problemas que se presentan en el sistema educativo…

El otro elemento que llama mucho la atención: la idea de que el embarazo adolescente se naturalice (…) hay medidas que se han dispuesto relacionadas con la protección de las niñas y adolescentes embarazadas.

Hay un círculo perverso muchas veces entre el delito sexual y el embarazo (…) en el caso de las niñas adolescentes, el derecho a contar con medidas de prevención y erradicación del embarazo adolescente en este país. Esas son algunas de las preocupaciones porque no podemos seguir comprometiendo el futuro diario de cada tres niñas y adolescentes que quedan embarazadas. Este país necesita que ellas tengan su proyecto de vida. No son ciudadanas de segundo orden, de segunda categoría, el hecho de ser menores de edad, en ningún caso las sitúa como objetos.

Preocupa también algunas materias relacionadas con la familia. Creemos nosotros, yo personalmente, que es necesario modernizar las instituciones de familia; me refiero, por ejemplo, a utilizar Autoridad parental y no como se hace actualmente, Patria potestad, esto con la finalidad de lograr mejores condiciones de ejercicio de la autoridad parental en la relación entre hombres y mujeres, en igualdad de condiciones; igualmente ya no usar tenencia sino custodia y cuidado.

¿A qué cree que se deba ese retraso de dos años en la Asamblea y todavía el proyecto contiene errores?

Tratándose de una Comisión Ocasional, no todos los asambleístas participaron con regularidad en los primeros momentos de funcionamiento de la Comisión. La energía de la Asamblea estuvo más relacionada con los juicios políticos, con efectos económicos en estos últimos tiempos, ahora mismo por la pandemia.

Creo que ha sido un tiempo importante que tiene un costo para el país, porque los sueldos de los asambleístas los pagamos todos los ecuatorianos con nuestros tributos, por lo tanto se necesita un resultado de parte de esta comisión. Creemos que pudieron haber habido ausencias notorias.

El informe para el primer debate, prácticamente luego de dos años, salió hace mes y medio, es cierto que es una ley compleja, son 700 y más artículos, es una ley de magnitud, no es una reforma cosmética. Se trata de una reforma profunda, más aún cuando debe incorporar los elementos que estoy señalando. Me parece que esos dos años es un tiempo importantísimo, en el cual se pudo socializar mejor, se pudo dialogar con las organizaciones, esas que preguntan por qué tanto apuro para reformar esta ley (…) los niños no dan votos.

Cuando hicimos la reforma del 2003 nos tomó tres años aproximadamente para un proceso consultivo, exhaustivo, porque esta es una ley tremendamente social, que tiene impacto en la vida de las familias.

Solamente para que tengamos una idea, en el caso de alimentos que ahora se va a llamar Régimen de Protección Económica, hay 800 mil niños y adolescentes que cobran pensiones alimenticias en el país.

En Ecuador hay 5’500.000 de niños, estamos hablando de que, por ejemplo, esa legislación es importante que sea ahora trabajada como una ley, con una reforma muy importante.

Hoy en día sabemos que hay un 70% de pensiones que no se pagan, obviamente por las condiciones laborales y la pobreza en la cual nos estamos encaminando todos los ecuatorianos, pero eventualmente, en algunos casos, habrá que crear un fondo público, entonces el MIES tendrá que pensar en un mecanismo, en una solución monetaria para subsidiar y cubrir la mayor parte de pensiones.

Cerca del 95% son pensiones que están entre los $ 100 y los $ 200, tampoco estamos hablando de cifras extraordinarias; las cifras extraordinarias son excepciones, lo que quiero decir es que esto tiene un impacto en la vida de los niños, en las familias y en la actuación de las autoridades.

En lo que tiene que ver con la justicia, hay una carencia de especialistas para que los niños que son víctimas de abuso no sean revictimizados.

Justamente hay un escaso trabajo de formación. En el periodo del presidente (Rafael) Correa se eliminaron los Jueces de Niñez y Adolescencia, y pasaron a ser jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.

Me parece que lo que se plantea también a esta Comisión Ocasional es que se retome la idea de jueces especializados en Niñez y Adolescencia; igualmente necesitamos fiscales que puedan manejar los derechos de las mujeres adolescentes víctimas y los derechos de las niñas.

Necesitamos especialidad en la Fiscalía para asegurar que estos casos graves de violencia sexual u otras formas de violencia como el acoso entre pares, el bullying etc, sean efectivamente bien abordados. Entonces sí pensamos que es necesario volver al principio de especialidad y por lo tanto creemos que también debe haber una reforma seria para que vuelvan nuevamente las judicaturas específicas en relación a los niños y los adolescentes.

No puede ser que un juez multicompetente, que igual emite una sentencia para solucionar un problema de arrendamiento, a su vez tramite un caso de abuso y violencia sexual, eso no puede ser. Se requiere especialidad, formación. Sí se ha avanzado en la ley de violencia contra las mujeres y pedimos nuevamente retomar la especialidad en los casos de niñas, niños y adolescentes.

¿A que se refiere la autonomía progresiva de la que hablan como grupo de trabajo?

La autonomía es un elemento sustantivo, necesario a fin de que se reconozca la posibilidad que tienen los adolescentes de agruparse, de asociarse, de representar también, en algunos casos, desde el punto de vista jurídico obviamente con el apoyo de sus padres, de facilitar la conformación de asociaciones.

La autonomía tiene que ver con la búsqueda de información, con la capacidad de recibir más allá de la condición de los padres, tutores, guardadores o de las ideas que estos tengan; son elementos innovadores que nos van ayudar a fortalecer la democracia e ir cambiando una sociedad muy adulto – centrada, por una sociedad que pueda convocar también a los intereses colectivos. Es una nueva forma de tratar a los niños, no de forma violenta o de una forma en la cual restamos la capacidad de que formen un juicio para que puedan aportar en igualdad de condiciones.

¿La ley sí contempla la reparación integral para los niños vulnerados y su familia?

No en lo suficiente que quisiéramos, no como manda la Corte Interamericana, es una triste incidencia. Esta sentencia de 85 páginas de la Corte Interamericana en el caso de Paola Guzmán Albarracín, por la tesón de su madre, tiene también el apoyo de una institución guayaquileña que es el Cepam.

Ahí lo que se ve es que justamente son insuficientes los procesos de reparación; ordena la reparación económica, tienen que fijarse reglas para la reparación económica.

Por ejemplo en esta ley tiene que decirse qué tipo de reparaciones se pueden hacer, cómo tiene que actuar (…) porque no hay una ley de reparación de víctimas de violencia en el país, no existe; es por eso que esta ley tiene ahora que incorporarse esos cambios que son muy importantes y para que, sobre todo, los funcionarios públicos se abstengan de incurrir en delitos, fallas judiciales, fallas administrativas, porque simplemente esto va a tener un costo para ellos mismo y para el país.

El trabajo infantil o adolescente no se justifica bajo ninguna perspectiva, pero ¿cómo se lo está manejando, están planteando algo más conciso en la reforma?

Uno de los problemas que tenemos y es un error de la Constitución del 2008, es que autorice el trabajo a partir de los 15 años en determinadas condiciones; esta es una reforma constitucional con la que nunca estuve de acuerdo, porque simplemente este país ya avanzó en el Código (de la Niñez y Adolescencia) del 2003. No es protección sobre el trabajo infantil, se llama Erradicación del trabajo infantil y adolescente.

Hay una serie de sanciones quienes lo intenten; hay una serie de políticas y de estándares que se establecen, entonces tomando como referencia esa ley, hay tres medidas: la primera, que esta ley tiene que reiterar una vez más que el trabajo infantil en el Ecuador, en menores de 15 años, está absolutamente prohibido y tiene que repetir las sanciones a las que se exponen las personas que utilizan mano de obra de los niños, ya sea en el ámbito familiar del trabajo infantil familiar no remunerado y también en el ámbito específicamente de si alguien está explotando el trabajo infantil en los niños.

En segundo lugar, tiene que decir que a partir de los 15 años, en determinadas condiciones, que no entorpezca su educación, la salud, está aprobado, pero tiene que tener un régimen sancionatorio más claro; no hay ningún aporte sobre sanciones. Tiene que quedar muy claro qué va a pasar con semejante crisis. Uno de los efectos que se ven después de la pandemia del covid-19 o que ya se ven en este momento, es el incremento del trabajo infantil y adolescente. Hemos visto en las calles del país cada vez más adolescentes, más niños con sus familias en una situación grave que pueden configurar delitos graves. Entonces se tiene que tener un régimen de sanciones muy claro.

El tercer punto que yo plantee muy claramente y es que el país debe definitivamente prohibir, independientemente de la edad, el trabajo infantil doméstico, esa es mi postura; creo que eso tiene que ser así porque justamente esas condiciones han dado lugar a que finalmente muchas niñas y adolescentes vivan en la explotación y pueden ser víctimas de violencia sexual. Son situaciones que se han presentado y que todos conocemos, entonces en este momento el país tiene que dar un paso mucho más agigantado en relación a lo que hizo en el 2003, y tiene que tener claro que el trabajo infantil y adolescente doméstico, independientemente de la edad, está prohibido en el Ecuador. (I)