Las cifras del fenómeno de la pornografía dan cuenta sobre las víctimas a escala mundial, entre ellas los niños, el dinero que mueve, el rol que juega internet y de qué manera los últimos casos registrados en Ecuador evidencian que esa problemática ya no es ajena al país.

No en vano la pornografía está considerada la segunda industria que más ingresos genera en el mundo, detrás de la venta de armas que ocupa el primer lugar, y el narcotráfico el tercero, según estudios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se basan en datos oficiales de los países miembros.

Según un informe elaborado en julio de 2017 por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodoc), 21 millones de personas son víctimas en el mundo de explotación laboral y sexual.

Especifica que el 30% de víctimas de trata son niños y el 70% mujeres y niñas. Afirma que de 53.700 casos conocidos oficialmente, el 54% son víctimas de trata con fin de explotación sexual.

El blog estadounidense Business Pundit afirma que, en base a datos facilitados por la misma ONU, la industria de la prostitución mueve a escala mundial $ 108.000 millones al año, y el de la pornografía de $ 100.000 millones a $ 500.000 millones.

Y va más allá al destacar que los niños se han convertido en la mayor fuente de ingresos y de explotación entre  los mercaderes del sexo del planeta. Por ejemplo, desde un país del sudeste asiático, con el fin de captar clientes, la redes de pornografía infantil  envían videos gratis a los correos electrónicos.

Se muestra a niños teniendo sexo con adultos. Entonces les proponen a los potenciales clientes, por $ 50 al mes, una suscripción para  recibir las 24 horas del día todos los videos de pornografía, con menores de diversas  culturas del mundo.

En la mira países del tercer mundo, entre ellos Ecuador
Según estudios elaborados sobre el tema, especialmente por la ONU, si bien la pornografía infantil y la explotación sexual de niños es un fenómeno mundial, las redes delictivas dedicadas a esto  prefieren los países del llamado tercer mundo para reclutar a sus víctimas.

Ecuador no es la excepción. El caso de la niña lojana Emilia Benavides destapó la olla: individuos filman videos pornográficos con niños, especialmente de escasos recursos, a quienes les daban alrededor de $ 100.

El secuestro y muerte de Emilia conmocionó al país. Fue abordada a la salida de clases, por un conocido de su familia que luego resultó ser un enganchador de menores para filmar videos o tomar fotos de menores desnudas.

Emilia fue llevada a un hostal, pero al hacerse viral su desaparición en las redes sociales, sus captores entraron en pánico y la mataron.

La Policía dio con el paradero del sujeto que la abordó y dos personas más, quienes al final confesaron el delito.

Días después, la persona que sirvió como enganchador se suicidó en la cárcel de Turi, en Cuenca (Azuay), pero la Policía continuó con las indagaciones.

“Sabíamos que la muerte de Emilia no era casual, la mataron porque detrás había una poderosa organización dedicada a la pornografía infantil y por miedo a ser descubiertos la mataron”, indicó  un investigador quien pidió la reserva de su nombre.

La Policía, en allanamientos efectuados en distintas ciudades del país, detuvo a 18 personas, presuntamente por estar involucradas en pornografía infantil.

Diego Tipán, subsecretario de Seguridad Ciudadana, manifestó que la industria de la pornografía infantil y la trata de niños y adolescentes con fines de explotación sexual se ha extendido tanto en el mundo que obligó a la ONU a realizar una nueva reclasificación sobre el tema.

“La ONU reclasificó el concepto de trata de blancas a trata de personas. Recordemos que esto se inició en Europa, pues se hacía en alusión a las etnias europeas”, dijo.

Aseguró que en Ecuador es nuevo el tema de la pornografía infantil y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, pero que desde  2015 ya se manejan cifras oficiales sobre este fenómeno.

Según Tipán, en 2015 un total de 26 personas fueron rescatadas de explotación sexual, pero para 2016 se incrementó a 46 (ver infografía).

Sin embargo, esas son las cifras oficiales, no las reales, pues en la mayoría de casos los afectados no denuncian.

En relación al número de detenidos por este delito, Tipán indicó que en 2017 se apresó a 67 implicados.

La pobreza y las redes sociales, la clave para reclutar víctimas
Sobre el impacto que tienen las redes sociales, el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Diego Tipán, dijo que, lamentablemente, estas así como son útiles para el ser humano, también sirven para llevar a delitos como la pornografía infantil.

“Son positivas si sabemos utilizarlas de manera adecuada, pero negativas porque no sabemos quién se encuentra al otro lado”, puntualizó.

Como una manera de contrarrestar el delito, desde el Gobierno se trabaja en campañas de prevención. Se invitó a los padres de familia a  involucrarse en el proyecto, ya que en el caso de las redes sociales existen métodos para controlar el acceso a videos porno y saber con quiénes se relacionan los menores.

Rosa López, gobernadora de El Oro, una de las provincias afectadas por el fenómeno delictivo, indicó que los niños y adolescentes, especialmente del interior del país y de escasos recursos, son las principales víctimas de los tratantes de blancas. “En la provincia tenemos una casa de protección para las víctimas, que generalmente son de sectores pobres. Eso nos permite recuperarlas, protegerlas e incorporarlas a espacios más seguros”, adujo.

Añadió que en la citada  casa rotan un promedio de 50 niños y adolescentes cada seis meses, que han sido rescatados de los tentáculos de redes internacionales.  

Para la gobernadora López, la industria de la pornografía infantil es un fenómeno mundial y el Ecuador no podía estar a salvo de este mal.

Por ello, demandó un mayor compromiso de la familia, reveló que la mayoría de menores que caen en las garras de este fenómeno provienen de hogares disfuncionales.

“La educación es la clave para erradicar tanto la pornografía infantil como la trata de blancas. No debemos pasar por alto que los clientes son hombres y eso nos indica que se mantiene que la estructura patriarcal todavía está vigente en Ecuador”.

‘Alicia’, nombre protegido, tiene actualmente 20 años de edad y fue rescatada luego de estar tres años ejerciendo la prostitución en distintos burdeles del país.

Su drama es el de toda menor que ha caído víctima de la explotación sexual.

Contó que una persona se valió de una amiga del colegio para convencerle de que se fugara de casa y se fuera con él. “Tenía problemas en casa, mi padre aparte de borracho nos pegaba, entonces tomé el camino fácil, vender mi cuerpo”, narró. En cuanto a la pornografía infantil, investigadores de la Policía y de la Fiscalía tienen identificado que los videos son pedidos desde el extranjero por las empresas que lucran de eso. Sin embargo, se desconoce cuánto pagan exactamente por un video realizado con niños y adolescentes.

En el país es un tema que todavía no está visibilizado
Rocío Rosero, viceministra de Inclusión Económica y Social, manifestó que el tema de la pornografía infantil y trata de blancas es algo que tiene que ver con la necesidad de políticas públicas, políticas de protección especial.

“La trata con fines de explotación sexual focalizada a niños y adolescentes  en Ecuador es una problemática que tiene grandes dimensiones, que no está visibilizada. Tiene como base el consumo de prostitución”, dijo.

Para Rosero, este consumo de pornografía y de trata de blancas, en cierta medida,  obedece también a prácticas culturales machistas que no han cambiado en Ecuador. “Allí tenemos un problema sociocultural que debe ser asumido con toda claridad”.

Según la funcionaria, en las zonas de producción petrolera del país es donde más se da la explotación sexual de niños y adolescentes.

Dijo que desde el Gobierno se han creado 6.000 escuelas de familia en el país, porque el objetivo es la prevención.

Dayana León, secretaria Técnica del Consejo de Igualdad de Género, indicó que en pornografía infantil y trata de blancas Ecuador no es ajeno.

Reconoció que en el país aún no hay cifras reales sobre niños que son víctimas de estos delitos, pero que trabajan en el tema para visibilizarlo y enfrentarlo.

Coincidió en que es necesario un cambio de patrones socioculturales, educar a la población sobre estos temas.

Según consta en la web de Unicef, “abuso sexual y  maltrato son situaciones que muchas veces se producen en el seno de las familias, que no son denunciadas, actividades ilegales y por tanto clandestinas, muchas veces vinculadas al crimen organizado: explotación sexual comercial y trata, o situaciones de negligencia y maltrato que se producen en las instituciones del Estado: centros de protección y  penitenciarias”. (I)

Un delito que deja secuelas psicológicas y emocionales
Silvia Mancheno, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Central del Ecuador, sostuvo que la mejor prevención es la educación, especialmente de los padres de familia.

Resaltó que los chicos, con la tecnología que tienen hoy a su disposición, son consumidores de pornografía y ello también les permite tener o hacer amistades con personas que colaboran con las organizaciones criminales, dedicadas a la pornografía y la trata de blancas.  

“Es un tema importante y muy doloroso para una sociedad el que sus niños salgan de lo que es un proceso evolutivo normal y estén atrapados dentro de estas redes de pornografía infantil y corrupción. Es un crimen de lesa humanidad porque se les evita la posibilidad de un desarrollo tranquilo”.

Manifestó que los niños y adolescentes que han caído víctimas de este redes, después llegan a tener serios problemas sicológicos y de desarrollo de la personalidad.

“Tienen inseguridad, intranquilidad. Dar saltos grandes dentro de su proceso evolutivo sexual es muy grave; se irrumpe de una manera abrupta el proceso sexual, elaboran fobias, angustia y el dinero pasa a ser algo primordial en sus vidas”, detalló la sicóloga.

Indicó que no cree en la dureza de la ley porque esta lo que hace es “buscar atajos”.

Teresa Lomas, también psicóloga y catedrática universitaria, dijo que la pobreza, marginación y el desafecto familiar tienen mucho que ver para que un niño sea víctima de redes de pornografía y de trata. “Tienen inseguridad, temor, son agresivos y pueden caer hasta en demencia”.

Manifestó que el Estado debe aplicar políticas de prevención, hacer un seguimiento familiar con las víctimas y darles tratamiento a los consumidores de pornografía.

Lidia Rueda, de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas, señaló que el problema de los niños no es solo ser víctimas de la pornografía sino también de la trata de blancas, por eso es partidaria de que existan leyes más duras. (I)      

En tres años se  denunciaron 16.661 casos de abusos
Desde la Asamblea Nacional, con respecto a la pornografía infantil y el mal uso de las redes sociales se defiende la tesis de que es un tema de corresponsabilidad de la sociedad.

Silvia Salgado, presidenta de la Comisión Ocasional Aampetra, formada en la Asamblea para investigar los casos de abuso sexual en escuelas y colegios, indicó que sin duda los datos hablan de que la pornografía a nivel mundial se ha convertido en la segunda más rentable del mundo, superada apenas por la venta de armas.

“Este es un tema de corresponsabilidad de la sociedad, hace falta tener conciencia de la ciudadanía para que desde la familia, desde la sociedad, haya conjunción de esfuerzos para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes”, resaltó.

Cree que debe haber un debate para tratar el tema de las redes sociales y su influencia negativa sobre los menores.

“Es un riesgo para los niños, se da facilidad a las bandas de delincuentes y por eso es necesario que la Fiscalía tenga unidades especializadas sobre el tema”.

Según Salgado, la pobreza sí incide en la trata de blancas y la utilización de niños para pornografía infantil.

Aseguró que el consumo de pornografía infantil y toda clase de pornografía da cuenta de antivalores. Por eso quienes consumen esto también tienen problemas sicológicos y deben ser objeto de tratamiento. Dijo que el delito de la pornografía infantil sí está tipificado en el Código Integral Penal (ver gráfico).

Para la asambleísta Dallyana Passailaigue (PSC), la trata de blancas y la pornografía infantil son delitos que deben caer en manos de la justicia especializada.

“El problema del Ecuador es el encubrimiento y debe haber una corresponsabilidad entre Estado, sociedad y familia”. Dijo que tras los abusos en Aampetra se han denunciado 16.661 casos de esa índole en los últimos tres años. Para esta integrante de la Comisión de Educación, los consumidores de pornografía son una lacra social y en relación a los atropellos contra niños se generan abusos de relaciones de poder y por eso es de la idea de tener leyes más rígidas. Lira de la Paz Villalva Miranda, integrante de la Comisión de Justicia de la Asamblea, no comparte el criterio de su colega Passailaigue de aplicar leyes más duras, pues la regulación actual ya establece sanciones fuertes.

“Lo importante es analizar y controlar el consumo de pornografía infantil”, adujo. Por eso es partidaria de tener políticas públicas de prevención. Coincidió  en que una buena solución sería regular las redes sociales.

“La ciudadanía debe intervenir, tiene que haber un autocontrol de los ciudadanos”, anotó.

Manifestó que la desintegración familiar y la pobreza son alicientes para que los menores caigan en estas redes de tratantes de blancas y de pornografía. (I)