La organización comunitaria, las normas y las asambleas para determinar si alguien está en “desequilibrio” o -si ha cometido un delito desde el punto de vista occidental- es una práctica ancestral. A pesar de su origen milenario, fue aceptada en la Constitución a partir de 1998, a través de la Asamblea Nacional Constituyente de aquel año.

En el libro La justicia indígena en San Pedro de Cañar, editado por Villarreal, se explica la importancia y valor de esta práctica y fue a partir de ese año cuando empezaron a reconocer las raíces milenarias, forjada por mujeres y hombres de los distintos pueblos.

Además se adoptó la nueva visión acerca de la interacción entre el ser humano y la naturaleza, la vida en armonía y la implementación del Sumak Kawsay y los principios “ama killa”, “ama llulla”, “ama shwa” que se traducen en no ser ocioso, no mentir y no robar.

En el artículo 1 de la Constitución se reconoce al Ecuador constitucional de derecho y justicia, intercultural y plurinacional, lo que permite valorar y respetar la diversidad entre culturas y nacionalidades.

En el marco legal del Ecuador se concluye que impartir justicia dentro de las comunidades indígenas no solo es legal, sino que es un derecho que les da los años de organización como pueblo, el hecho de contar con sus territorios, idioma, cultura y todo lo necesario para ser respetados.

La familia

El líder de la comunidad de Quilloac, Pedro Solano Ñusta, explica que dentro de la comunidad ubicada en la provincia del Cañar siempre que hay algún problema se trata, en primera instancia, dentro del hogar o entre los miembros de la familia.

Si no es posible se pasa a las asambleas comunitarias. Se trata de organizaciones vecinales en las que están todos los miembros de la comunidad. Ocupan un lugar especial los padres, hijos, cónyuges o los abuelos de la persona que está acusada de “desequilibrio” y luego los mayores de la comunidad.

Entre todos “llegan a la verdad”. Explica Solano que después de conversaciones, investigaciones, contrastar e incluso de mostrar evidencias, es que se puede llegar a descubrir lo que realmente pasa. El siguiente paso es tratar de conseguir la confesión por parte de la persona interpelada y, una vez que se logra, la justicia se asegura de que vuelva al “equilibrio”.

Los casos más comunes son las infidelidades. En la cultura andina estos son problemas muy serios que no solo les incumbe a la familia, sino que es asunto de toda la comunidad.

“Para nosotros el matrimonio es importante por los guaguas que nacen dentro de ese hogar y nos interesa que sigan unidos”.

Para lograr que se vuelva al equilibrio personal y familiar son los propios padres o abuelos del señalado quienes hacen una especie de “limpia” en donde son ortigados para sacar no solo la mala energía, sino todos esos malos pensamientos. Esto que es visto como un “castigo”, desde el punto de vista occidental, para los miembros de las comunidades se trata de una sanación.

La sanación

En el alto Cañar, en donde se encuentra San Pedro, han ejercido la justicia indígena desde que tienen memoria.

Los abuelos de esta comunidad recuerdan como un caso ejemplar la penalidad impuesta a José Angamarca, en 1973, cuando recién se conformó esta comunidad.

Angamarca se desentendió de su familia, no daba para la comida, ni para la educación de sus hijos y los castigaba con mucha violencia. La comunidad decidió enmendarlo.

Se reunieron en la plaza y por lista, uno a uno, le fueron dando correazos.

Luego, las mujeres lo bañaron y azotaron con ortigas y flores. La ceremonia de sanación funcionó y el descarriado se recuperó, volvió a ser un hombre bueno y responsable.

Los adultos de Quilloac también cuentan que, cuando hay robo de ganado, que no es frecuente y los padres descubren que los delincuentes son sus hijos, le piden a la comunidad que los enmienden.

Aunque hay opiniones que dicen que la justicia indígena va contra los derechos humanos, pues es innegable que también se han cometido algunos excesos. La Carta Magna del Ecuador y miles de casos demuestran que los indígenas se basan en rituales de curación para lograr que el espíritu de quienes actúan incorrectamente vuelva al bien y lo hacen en espera de su reintegración social.

Cómo la Constitución ecuatoriana ampara a la justicia indígena

La Constitución implementa el pluralismo jurídico, es decir reconoce otras formas de hacer justicia. Como dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LGJCC), en el artículo 66: “El Estado ecuatoriano reconoce, protege y garantiza la coexistencia y desarrollo de los sistemas normativos, usos y costumbres de las nacionalidades, pueblos indígenas y de comunidades de conformidad con el carácter plurinacional, pluriétnico y pluricultural del Estado”.

El artículo 171 de la Constitución

“Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres.

Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales (...)”.

Para entender la legitimidad de la justicia indígena dentro del Estado hay que remontarse a que se trata de “colectividades milenarias anteriores a la existencia del Estado en sí, que vive en un territorio determinado, tienen identidad histórica, idioma, cultura, sus instituciones propias como lo es la organización social, económica, política, jurídica y el ejercicio de autoridad propia”, dice la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie-2007. (I)