Hace tres semanas conocí a Lucía (nombre ficticio), quien llegó a mi oficina junto a su madre, una mujer pobre, jefa de hogar. Ambas desesperadas, sin saber qué hacer, Lucía fue violada por uno de sus compañeros del colegio, sin que nadie escuche sus gritos, ni docentes, ni estudiantes, nadie que la auxilie.

Ella calló durante tres días, hasta que le reveló a las autoridades lo sucedido. Como ya es normal en los centros educativos públicos, nadie hizo nada, llamaron a la madre y le pidieron a la niña que relate los hechos. Sin una pizca de sensibilidad la psicóloga del plantel la revictimizó, mientras ella era objeto de burlas del agresor, que fanfarreaba su “hombría”, tomando su accionar como una hazaña y no como un delito.

Hasta la fecha luego del examen médico legal y la denuncia ante la Fiscalía, las autoridades educativas no se han pronunciado, no se ha reunido la Junta de Resolución de Conflictos, no se han emitido medidas, a sabiendas que se trata de un hecho de connotación sexual y que amerita una atención preferencial, tampoco se ha iniciado proceso sancionatorio alguno en contra del presunto victimario, él concurre con normalidad a clases, con la tranquilidad de la impunidad.

Su caso, es el de muchas niñas y adolescentes en el sistema educativo público. No se trata de la norma jurídica, pues el Ministerio de Educación ha emitido protocolos de atención cuando se detecta violencia sexual, dispuestos mediante Acuerdo Ministerial que son de aplicación obligatoria; pero simplemente no se cumplen y nadie puede hacerlos cumplir ya que los funcionarios de los planteles públicos desconocen estas rutas, les asusta asumir su responsabilidad, no asisten a las víctimas, no las guían, no se ocupan de su atención y no elaboran informes adecuados; por el contrario piden que no se denuncie para “no hacerle daño a la institución”, “no afectar la imagen de la institución”.

Perverso. No encuentro otra palabra. Encubren la violencia sexual, usan la vergüenza y la culpa en contra la víctima. No se trata de un asunto de ley, se trata de indolencia, falta de empatía con el dolor ajeno, de una cultura que naturaliza la violencia, se trata de la desmemoria.

Lucía tuvo acceso a la anticoncepción de emergencia cuatro días después del hecho que la ha matado por dentro. Asiste a terapia gratuita que le brinda una psicóloga, en ese proceso de sanación se ha insertado junto con su madre quien la ayuda, la acompaña, la levanta, en un acto de amor y sororidad.   

Es una chica muy inteligente, buena estudiante, le gusta leer; así que me permití regalarle un par de libros para estos días difíciles. En nuestro país hay miles de “Lucías”, niñas que no hablan por miedo o vergüenza y están en riesgo de un embarazo no deseado y serán forzadas a ser madres, hecho que las condenará a tener menos oportunidades, muchas de ellas en la pobreza.

Cifras de Plan Internacional refiere que de cada 10 víctimas de abuso seis son niñas, niños y adolescentes. El INEC indica que solo en 2017 parieron 1.743 chicas de 14 años de edad, 405 de 13 años, y dos de 10 años, penalmente se tratan de violaciones.

La nueva estructura educativa, implementada para que la autoridad distrital esté cerca de la comunidad no cumple su fin, de nada sirve tener tantos distritos y funcionarios insensibles frente a la violencia. No podemos permitir un nuevo Caso Aampetra.

El Ministerio de Educación debe intervenir de inmediato, sancionar a los agresores sexuales y a sus encubridores. La tarea requiere salir de los muros de la burocracia para enfrentar este mal y proteger a nuestras niñas. (I)