La historia en Ecuador tiene a mujeres heroicas que, con sus actos, transformaron el cauce de la sociedad para que de forma progresiva se fuera irrumpiendo en el escenario político y electoral. Se cuenta con la herencia de la presencia libertaria de Manuela Cañizares y Manuela Sáenz, así como la valentía de Matilde Hidalgo de Procel como precursora del derecho al sufragio femenino y la trascendencia de Tránsito Amaguaña, caminando desde Pesillo a Quito, para exigir los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, rompiendo las cadenas del vasallaje, del injusto encarcelamiento y la exclusión.

Sus ejemplos hoy son fundamentales para transformar una realidad que sigue excluyendo a las mujeres de las decisiones y los espacios de poder, porque persisten prejuicios y estereotipos que influyen de manera directa en su aún escasa visibilidad pública.

Un hecho reciente fue el primer impacto en la papeleta de las precandidaturas presidenciales del Ecuador, integrados por dieciséis binomios, donde solamente en uno lo preside una mujer y en 8 se postulan a la vicepresidencia. Es evidente que los avances normativos y la lucha por la democracia paritaria todavía tienen temas irresueltos.

El camino hacia el próximo proceso electoral del 2021 es el reflejo de las desigualdades históricas en la sociedad ecuatoriana, donde la participación política de las mujeres sigue con deudas para consolidar la democracia, porque el acceso a los espacios de representación no son resultado únicamente del cumplimiento de la normativa, sino de un compromiso con una sociedad garante de las condiciones de igualdad.

Las normas y los avances legales en esta materia como en todas, deben responder a la lucha social y a las conquistas que obtiene estos procesos, como ha sucedido en el caso de los movimientos y colectivos de mujeres, que han exigido una normativa electoral que responda a sus justas demandas.

Lamentablemente, el debate se restringe a un proceso eleccionario, donde las organizaciones políticas se alistan para acceder a espacios de poder y, algunas para hacerlo, deben cumplir con legalidades y formalidades con perspectiva de género, que no son necesariamente el reflejo de sus acciones cotidianas como la consolidación de la participación política de las mujeres.

Este debate se activa de forma previa a los comicios cuando se tienen que garantizar los principios de paridad, alternabilidad y secuencialidad en las elecciones primarias donde se definen las candidaturas, porque es inminente el riesgo de ser descalificadas las listas que no garanticen la participación de las mujeres en los términos que establece la Constitución y el Código de la Democracia.

Lo grave y preocupante es que para llegar a esta etapa, las mujeres podrían haber enfrentado varios ciclos de invisibilización y exclusión en las estructuras organizativas - decisionales de los partidos y movimientos políticos. En este contexto debemos preguntarnos: ¿cómo se planificaron los procesos de formación y si tomaron en cuenta a la democracia paritaria? ¿Cuánto se destina para promover espacios de empoderamiento y fortalecimiento de liderazgos femeninos? ¿Con qué criterios se eligen a los órganos consultivos y directivos?

El actual escenario, con pocas mujeres candidatas a la Presidencia de la República y la presencia de eternos aspirantes que, en cada elección, han terciado los mismos para diferentes dignidades, dan cuenta de la crisis de la democracia representativa, donde el acceso al poder sigue siendo -en muchos casos- un asuntos de hombres y de caudillos.

Esta hegemonía, consolidada al interior de sus estructuras partidarias, se afianza con la imposición de nombres, antes que de ideas y propuestas programáticas que transformen a la sociedad en su conjunto, donde habitamos también las mujeres, con necesidades e intereses en ámbitos como la salud, la economía, la educación, la seguridad y la lucha contra la corrupción.

El rol de las mujeres no puede restringirse a la mera aceptación de las candidaturas o para rellenar las listas y cumplir con el porcentaje -que para esta elección es del 15% en el encabezamiento de listas-. Ellas son parte fundamental en la construcción de una propuesta transformadora de país.

Sin embargo, debe existir una estrategia integral para que se generen las condiciones socioeconómicas con enfoque y perspectiva de género, porque en la mayoría de los casos las mujeres que deciden participar en política, también enfrentan las desigualdades en el acceso al empleo, igualmente cuentan con condiciones injustas respecto al uso del tiempo y se evidencia una recarga laboral.

Estos elementos coexisten con cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) con datos de las últimas Cuentas Satélite del Trabajo no Remunerado de los Hogares (CSTNRH), donde el aporte de las mujeres a la economía dentro del hogar corresponden al 76% y de los hombres es del 24%; lo que es equivalente al 20% del Producto Interno Bruto.

No podemos negar los avances, porque históricamente las mujeres han tenido una importante presencia en las gestas libertarias de América y, cobijadas con ideologías, han contribuido a una democracia radical que no se quede tan solo en el evento eleccionario. Por tanto, la legislación debe ser el resultado de una lucha social por la paridad, pero no para condicionarla, al punto que sigamos sujetas a la exclusión.

En este contexto, adicionalmente a los análisis sobre los accesos a espacios de representación, en política las mujeres no podemos ser un medio ni un instrumento para encubrir la corrupción, la violencia política en los procesos decisionales y la falta de transparencia al interior de las organizaciones políticas.

Luego de la convocatoria a las Elecciones Generales del 2021, se iniciará el 18 de septiembre con el periodo de inscripción de candidaturas. En este proceso, debemos estar alertas con relación a la conformación de las listas pluripersonales para Asambleístas Nacionales, Provinciales, del Exterior y al Parlamento Andino.

Entre las formas de violencia política está también el restringir y acortar los derechos mediante acciones de invisibilización, por ejemplo, al no ser parte de la toma de decisiones, reciben “sutiles” descortesías por parte de la dirigencia partidista, son llamadas “irreverentes” cuando disienten, reciben expresiones de chantaje al decirles “tú formas parte del partido por mí” o “te hemos dado espacio” y las sitúan en provincias o circunscripciones donde las organizaciones políticas tienen claridad que van a perder y solo estarían como rellenos de listas.

Hay que romper con el silencio y empezar a denunciar, porque la paridad no es una bonificación ni un “premio al consuelo”: es una conquista histórica que jamás debe estar condicionada ni sujeta a negociación.   

* Consultora en Comunicación Política y Género
www.dayanaleonfranco.com