La encuesta nacional de relaciones familiares y violencia de género difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) revela que 6 de cada 10 mujeres -independientemente de su autoidentificación étnica- han vivido algún tipo de agresión relacionada con su condición de féminas, presentándose un  mayor  porcentaje  de estos casos en las mujeres indígenas, con un 67.8%.

Un índice similarmente elevado en este grupo social se muestra en las relaciones específicamente de pareja, en las que el 59,3% de mujeres ha vivido algún tipo de violencia de género.

Desde el 2010 la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) implementó un programa denominado “ComVo Mujer”, que se desarrolla en nuestro país,  además de Perú, Bolivia y Paraguay, naciones que concentran una importante población indígena, según Viviana Maldonado, su coordinadora en Ecuador.

Además de los índices del INEC, ¿manejan ustedes datos o estudios adicionales sobre violencia de género en comunidades indígenas?
Sí. En Ecuador hemos hecho un estudio cualitativo para evaluar la situación de los diferentes tipos de violencia contra las mujeres de la comunidad de Saraguro, en el sur del país. También hemos realizado investigaciones sobre las mujeres indígenas que trabajan en el sector florícola, cuya mayoría proviene de zonas rurales. Además realizamos un estudio en el Valle del Chota para ver cómo está la situación de las mujeres afroecuatorianas de esta área. En el caso de la situación de las mujeres indígenas en Bolivia, allí tenemos un porcentaje mucho más alto de agresión que es del 70% al 75%, una cifra muy parecida a la de Perú. En Paraguay el problema en la población indígena no es tan alto: allí se registra un 15% de agresiones.

Según sus estudios y análisis, ¿por qué se dan estos casos específicos de  violencia de género? ¿Cuáles son las causas?
Hay un esquema sociocultural que también está arraigado y no es fácil de desmontar, pero hay que empezar por ahí. La violencia de género hacia las mujeres en comunidades indígenas se encuentra algo así como “naturalizada”. Es como más permisible y se queda en el espacio privado y no se la ve aún como una situación de violencia que implica un asunto público y social. Además, en  las investigaciones realizadas, ellas tienen bastantes limitaciones tanto en el acceso al sistema de justicia indígena o comunitaria, como al ordinario, para interponer una denuncia. Les pesan las barreras del idioma, la pobreza y el desconocimiento de la posibilidad de acceder a los servicios de manera adecuada. Por otro lado, el sistema indígena comunitario no ha judicializado estos casos y tampoco le compete porque aquí debería proceder la justicia ordinaria, necesariamente.

¿Dentro de la justicia indígena cabe una penalización en este contexto?
Es un debate complicado. Existe una limitación que tiene que saber el sistema de justicia indígena a nivel comunitario, hasta donde tienen competencia. Lo que dice el Código Penal compete a los temas de delitos sexuales y deben ser remitidos a la Fiscalía. No puede haber una intervención de la comunidad, lo han hecho y no es legal ni deberían hacerlo porque no procede. Debe haber claridad en términos de hasta dónde procede y de lo que se ha debatido en el país en derechos humanos.

¿Qué actividades han emprendido dentro de este proyecto de manera local para evitar casos de violencia en las comunidades?
 Nuestro papel es dar asesoría técnica para asegurar que el Estado implemente planes en relación con esta problemática. También damos asesoría a organizaciones de la sociedad civil que hacen un trabajo preventivo para romper con el círculo de violencia. Trabajamos con el sector privado mostrándoles cómo este tema afecta la productividad de sus empresas porque las mujeres faltan o deben renunciar a sus puestos a causa de la violencia de género.

¿Cuál es la postura de ComVo Mujer respecto a la tipificación del feminicidio en Ecuador y en otros países de la región?
Yo creo que se trata de un importante avance, porque se van adecuando las normativas legales de cara a los cambios que la sociedad va generando, y sobre todo esta necesidad de no ubicar a las mujeres que mueren en manos de sus parejas dentro de los homicidios. Respecto a casos específicos de feminicidios, el país que tiene un estudio más profundo es Perú, donde se encuentra tipificado como delito desde el 2009, y donde además existe un registro oficial de la Fiscalía peruana en el que se documentan los casos. Desde enero y hasta diciembre del 2010 se registraron 130 víctimas de feminicidio, y de ellos el 68% son de pareja. En el caso de Bolivia, donde el feminicidio fue recientemente tipificado, existe un  promedio de crímenes contra mujeres  con una clara tendencia al incremento, estando registrados -por ejemplo, a nivel de medios escritos- unos 89 casos.