El 33% de los estudiantes que decidieron acogerse al Plan de Contingencia tras el cierre de 14 universidades calificadas como “E”, ya tiene su récord académico, documento necesario para inscribirse en una nueva universidad y concluir sus estudios. Así lo informó ayer René Ramírez, presidente del Consejo de Educación Superior. 

Por otro lado, en tres universidades este diario constató que se están produciendo inconvenientes con el pago de sueldos, liquidaciones, aportaciones al Seguro Social e incluso, en una, con el resguardo de bienes inmuebles de las instituciones.

Según Ramírez, ya han iniciado los pagos en las instituciones que contaban previamente con los recursos dejados por sus anteriores propietarios. Se trata de la Escuela Politécnica Amazónica, la Escuela Politécnica Javeriana y la U. Ecuatoriales. 

Agregó que luego de dos semanas terminará la relación de dependencia laboral entre las universidades y los trabajadores. El personal de estos centros cerrados, que ha trabajado en la implementación del Plan de Contingencia -en aquellas instituciones que no cuentan con recursos para liquidar a sus empleados- recibirá sus remuneraciones pendientes en los próximos 15 días.

Este dinero se obtendrá vendiendo los bienes que conforman las universidades, según el CES, que garantizó -cuando posesionó a los funcionarios en abril- que los 14 administradores temporales de las universidades clausuradas resolverían las anomalías de estos centros. 

Ellos debían realizar una auditoría de los bienes de cada entidad. Sin embargo, los empleados de tres universidades presentaron quejas ante el proceso. 

Efrén Proaño, bibliotecario general de la Universidad Alfredo Pérez Guerrero, aseguró que desde que Gabriel Galarza -actual administrador- asumió el cargo no les ha cancelado sus salarios. Tampoco les han pagado los salarios desde el mes de  diciembre hasta hoy. “Reclamamos algo justo: nuestro salario y que solucionen la situación de los estudiantes”, comentó Proaño, que trabaja allí desde hace 15 años.

Washington Navarro, empleado polifuncional durante 13 años, agregó que desde hace uno y medio no les han cancelado los montos mensuales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), pero sí les han descontado estos rubros de sus roles de pago.

Ramiro Celi, vocero de los trabajadores, indicó que María Luisa Tipán, contadora, se ha encargado de realizar el inventario de los bienes muebles (computadoras, scanner, pizarras, escritorios, in focus, etc.), ya que la universidad no tiene bienes inmuebles.

De hecho, los 4 bloques de la Pérez Guerrero fueron pedidos por su dueña y uno de ellos ya fue desalojado. Incluso dijeron que hace más de dos meses ya no cuentan con servicio de Internet, ni luz eléctrica. 

Los funcionarios estimaron que los artículos de la universidad tienen un valor de $200.000 dólares. “Queremos que ya se liquiden estos haberes porque necesitamos que nos paguen”, expresó Celi.

Un inconveniente similar atraviesan los empleados de la Universidad Og Mandino. La institución que acogía a 800 estudiantes se encuentra con las puertas cerradas.

Una docente y un catedrático del campus -pidieron que se mantuviera su nombre en reserva- indicaron que el economista Geovanny Basabe, actual administrador, ni siquiera atiende a los alumnos que buscan retirar su récord académico (detalle de notas aprobadas) para registrarse en otras universidades.

Aseguraron que ese no ha sido el único inconveniente. En este establecimiento tampoco tienen los servicios básicos; los muebles fueron arrinconados en varios cuartos, pero no se ha hecho un inventario todavía. La docente aseguró que incluso se rompieron dos televisores de pantalla plasma. “Si no se cuidan estos bienes, no se los puede liquidar ni tampoco se nos podrá cancelar”.

La situación fue similar en la Universidad Cristiana Latinoamericana (UCL). Las instalaciones también están cerradas. En la puerta de la Facultad de Odontología se colocaron tres hojas y un número telefónico para informar a los alumnos en dónde deben retirar el récord. Mientras tanto, en el área del personal administrativo, los funcionarios trabajan a contrarreloj para completar el inventario de bienes.

Uno de los trabajadores que también pidió su nombre en reserva reconoció que trabaja “por amor a la camiseta”: reiteró que aún no les cancelan seis meses de salario.   

Diario El Telégrafo buscó la versión de los administradores temporales, pero no se encontraban en las respectivas instituciones. En la UCL, el personal de Relaciones Públicas indicó que Enrique Farto no puede hablar si no cuenta con la autorización del CES.

Marcelo Cevallos, miembro Académico del CES y gerente de las Universidades y Escuelas Politécnicas, recordó que primero se está levantando la información de cada institución educativa. “Lo que los profesores y docentes tienen que esperar es que se evalúen los bienes inmuebles, que se vendan esos activos y con esos recursos puedan cancelarse todas esas obligaciones (salarios atrasados, liquidaciones). “Eso estamos coordinando de manera directa con el Ministerio de Relaciones Laborales que nos está asesorando”, aseguró.