Una somera revisión de los cambios en materia educativa, lleva a especialistas o no a una conclusión: que la educación -tal como está concebida en un simple listado de buenas intenciones- no constituye el eje del nuevo modelo que se pretende cambiar o continuar.          

Más allá de los alcances y logros de la denominada “revolución educativa”, en los últimos 10 años es necesario trazar una línea base con el objetivo de identificar los parámetros desde dónde avanzar hacia el futuro.        

No se trata de denigrar lo que se ha hecho, sino reconocer méritos y construir o reconstruir políticas públicas en materia académica, de cara no a los próximos cuatro años de gobierno, sino a una década con el nuevo Plan Nacional de Educación 2020-2030.

Esta decisión preliminar es obvia porque los cambios en la educación son de largo plazo, y el Ecuador ha dado muestras positivas al optar por esa dirección mediante la aprobación de las ocho políticas públicas en educación, a través de un referendo, que fueron incorporadas más tarde a la Constitución y a la ley. 

Fortalezas y debilidades
No es intención evaluar los 10 años del expresidente Rafael Correa en la educación.

Existen documentos nacionales e internacionales que identifican sus fortalezas y sus debilidades.

Entre las primeras se distinguen la recuperación de la rectoría por parte del Estado; la alta inversión pública en infraestructura y la ampliación de cobertura. 

La calidad ha tenido matices, pero, en su conjunto, hay mejora. Entre las segundas, se observa la poca participación de la ciudadanía –los profesores y otros actores directos-.

Un caso patético es la no convocatoria al Consejo Nacional de Educación (CNE), que es el organismo encargado de estudiar y aprobar los planes educativos nacionales (artículo 23) de la Ley Orgánica de Educación Intercultural.  

La renovación del sistema educativo es relevante, así como el sistema nacional de evaluación, el ajuste curricular, la creación de cuatro nuevas universidades (Yachay, Amazónica, de las Artes y Educación).

Y una gigantesca inversión en escuelas del milenio con su equipamiento, algunas cuestionadas por su ubicación y las unidocentes, en el sector rural, por su cierre.

La educación superior tiene, asimismo, puntos positivos y negativos.

El cierre de varias universidades de “garaje” fue reconocido por la opinión pública; también las becas a estudiantes talentosos, y en general la meritocracia implantada desde un modelo unidireccional que, supuestamente, contribuyó a minar la autonomía de la alma mater.

En esencia, una alta inversión pública en educación es inédita, y eso es bueno para el país, pero la debilidad estructural en estos 10 últimos años ha sido la pedagogía, asociada inseparablemente a la calidad y sus estándares, y la formación inicial y continua de los profesores.

¿Salto cualitativo?

El sistema educativo ecuatoriano se ha reformado –no cabe duda- pero sin un paraguas conceptual o epistemológico. Y peor metodológico.

Detrás de los cambios no hay una teoría o conjunto de teorías pedagógicas, y si han existido no han dado piso ni techo a las reformas.

Han llegado cantidad de técnicos, asesores y consultores del exterior gracias a la voluntad política y los recursos que ha tenido el gobierno, pero, en su conjunto, no existió un esquema básico que implicara un “gran salto cualitativo” en la educación, más allá de la exitosa propaganda de la infraestructura y equipamiento escolares.

Los profesores siguen formándose de acuerdo a patrones tradicionales, “dictando” clases como en el siglo XX o antes, y lo que es grave: la reforma no ha llegado a la escuela, que es motor de la educación.

Tampoco hay un sistema de investigación que documente los cambios, y las universidades –salvo excepciones- sufren la ausencia de estudiantes, quienes escogen otras profesiones que son más “rentables”, mientras la pedagogía ha quedado relegada.

Las competencias pedagógicas
El artículo 27 de la Constitución vigente (2008) expresa: “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar”.  

El artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación vigente, dice: “La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines establecidos en esta ley. Garantizar que los planes y programas de educación inicial, básica y el bachillerato, expresados en el currículo, fomenten el desarrollo de competencias y capacidades para crear conocimientos y fomentar la incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo”. 

Del texto de esta disposición legal se infiere que la educación ecuatoriana y su currículo son por competencias, sistema casi generalizado en el mundo, que desarrolla capacidades de formación autónoma vinculadas al mundo laboral y a cuatro estándares básicos: aprender a saber, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser, según las directivas de Jacques Delors, asumidas por las Naciones Unidas.

Estas competencias pedagógicas no han sido aplicadas en los documentos oficiales de la cartera de Educación, sino la modalidad por destrezas.

Una matriz educativa
Frente a estos avances y carencias es urgente partir de una línea base. Y articular una propuesta pedagógica por competencias, que sea consistente, rigurosa en lo académico y participativa, que dé luz a la comunidad educativa para orientar no solo el currículo, sino otras instancias del proceso educativo, como son la metodología y la evaluación de los aprendizajes.

Junto a lo anterior se plantea la necesidad de diseñar con el Consejo Nacional de Educación –que debe ser conformado y convocado- una matriz educativa nacional, que permita articular políticas públicas sociales y económicas de largo plazo, sostenibles y sustentables, con la participación de la ciudadanía y el sector privado, que tengan como ejes los índices de desarrollo humano: salud/nutrición, educación/escolaridad/alfabetización y empleo seguro.

Asimismo, existe la necesaria vinculación de la educación inicial, básica, bachillerato y superior con mejores profesores. ¡Esa será la verdadera transformación del país! (O)