La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a México a romper el "ciclo de impunidad" que protege a responsables de violaciones de derechos humanos, en un crítico informe difundido este miércoles.

"El gran desafío del Estado mexicano radica en romper el ciclo de impunidad imperante" indicó la CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos, en el extenso reporte, redactado tras una visita al país entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre de 2015.

Para la Comisión, la estrategia militarizada para combatir el narcotráfico iniciada durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) e intensificado por el actual mandatario Enrique Peña Nieto, empujó a México a "una grave crisis de violencia y de seguridad" que "ha desatado aún mayor violencia así como violaciones graves a los derechos humanos".

La Comisión subrayó su "especial preocupación" por las denuncias de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, y alertó sobre la "situación de inseguridad" de mujeres y niños, migrantes y activistas de derechos humanos, así como de periodistas en uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo.

En esa situación, "se observa una falta de rendición de cuentas (de las autoridades) conforme a los estándares internacionales", denunció la Comisión.

Según el reporte de 265 páginas, las "deficiencias, insuficiencias y obstáculos" de la respuesta estatal a esos casos han convencido a muchos mexicanos de que los esfuerzos por lograr justicia son solo una "simulación".

Casos como la presunta ejecución sumaria por militares de al menos 12 personas en el estado de Tlatlaya (centro) o la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa (sur) en 2014 ejemplifican esos problemas, a los que se suman en el último la "aparente colusión" entre policías y miembros del crimen organizado, indicó el órgano de derechos humanos.

El gobierno mexicano debe "reconocer que hay una crisis grave", dijo a la AFP el presidente de la CIDH, James Cavallaro, haciendo un llamado a reformular el combate al narcotráfico, especialmente en el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana.

"No podemos tolerar que las fuerzas militares asuman funciones no propias y que hagan eso con índices de abusos altísimos", que se saldan sin la condena de los responsables, añadió Cavallaro, que es relator para México.

En México mas de 80.000 personas han muerto y 22.000 han desaparecido desde que se inició la llamada guerra del narcotráfico a finales de 2006. (I)