España modificará la ley del aborto para volver a un modelo de supuestos concretos en lugar del de plazos que está en vigor desde 2010, según la intención del Gobierno conservador, mientras algunos grupos de izquierda, en la oposición, ven la influencia de la Iglesia Católica.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, anunció que esa reforma de la ley del aborto "llegará muy pronto" y supondrá un cambio en el sistema de plazos por otro de indicaciones legalmente previstas.

El Gobierno socialista de Felipe González despenalizó el aborto en 1985 en las primeras doce semanas de embarazo en el supuesto de violación, hasta veintidós semanas en casos de riesgos de malformaciones en el feto y sin límite en el supuesto de riesgo para la salud física y mental de la madre.

Diez años más tarde la norma se amplió con un cuarto supuesto, para permitir la interrupción voluntaria del embarazo cuando le supusiese un conflicto personal, familiar o social a la mujer. En 2010 otro Ejecutivo socialista, el de José Luis Rodríguez Zapatero, fijó el aborto libre hasta la semana catorce, y hasta la veintidós en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto, y situó en los dieciséis años la mayoría de edad para decidir sobre la interrupción del embarazo.

Ahora el PP, en el poder en España desde diciembre de 2011, quiere modificar la normativa, con la premisa de que la vida "es un derecho inalienable y no una "concesión graciosa", y la actual ley es incompatible con eso, en palabras del ministro Ruiz-Gallardón.
El responsable de Justicia explicó que la nueva ley se basará en el argumento de que "se trata de un bien jurídico protegido, que tiene relevancia en la vida humana desde el mismo momento de su concepción, si bien esa protección no es absoluta".

"El sistema tiene que ser de indicaciones y no de plazos", dijo el ministro, quien añadió que no se puede centrar la ley en el cumplimiento de unos requisitos formales: "hasta catorce semanas sí, catorce semanas más un día, no".

Ruiz-Gallardón matizó también que los supuestos del peligro para la salud física y la psíquica "no pueden ser considerados como pretextos para no proteger la vida del concebido". También planteó que una menor de edad (en España por debajo de dieciocho años) no pueda abortar sin el consentimiento de sus padres.

Las palabras del ministro llegaron poco después de que el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rouco Varela, advirtiera a los políticos católicos de su "responsabilidad" cuando su acción está relacionada con principios morales que "no admiten derogaciones, excepciones o compromiso alguno".

Ante sus compañeros obispos, el cardenal Rouco Varela pidió al Gobierno una reforma de la legislación sobre el aborto, el matrimonio o la enseñanza.