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Audiencia por desalojo de comunidad GLBTI concluyó sin resolución

Audiencia por desalojo de comunidad GLBTI concluyó sin resolución
21 de noviembre de 2012 - 00:00

La posibilidad de organizar talleres sobre la diversidad sexual, los derechos humanos y la ideología de género en la Policía Metropolitana, así como la elaboración de un acta, sujeta a comentarios y correcciones, fueron las conclusiones de la audiencia realizada el pasado lunes por la tarde, en el auditorio de la Defensoría del Pueblo, por las supuestas agresiones de parte de algunos efectivos de la Policía Municipal a varias integrantes de la Asociación Lésbica Mujer y Mujer (M y M), el pasado 6 de julio, en la plaza San Francisco, durante un plantón en contra de la homofobia. 

Sin embargo, aún no consiguen los objetivos puntuales de este proceso que se inició varios meses atrás. “Lo que nosotros buscamos es una resolución favorable. Queremos una restitución de derechos, es decir, una disculpa pública del Municipio asumiendo responsabilidad por lo que hicieron sus empleados. Eso es lo mínimo. Y también una sanción a los efectivos que participaron porque abusaron de su autoridad, con excesiva fuerza física. Además, que quede sentado un precedente para que algo así no vuelva a ocurrir con ningún colectivo GLBTI”, explicó Lía Burbano, presidenta de la Asociación Lésbica Mujer y Mujer. 

Según expresó, el día de la manifestación se reunieron aproximadamente a las 17:00 con varios carteles en los exteriores de la plaza San Francisco, hasta donde -según cuentan- llegó un piquete de efectivos metropolitanos, quienes habrían atentado contra sus derechos humanos de forma violenta, arrancándoles las pancartas y profiriéndoles frases hirientes y ofensivas hacia su condición de mujeres homosexuales.

“Nos arrimaban sus pelvis contra nuestras piernas, nuestro abdomen y nos decían palabras como “mamita” o “marimacha”. Incluso una compañera tuvo que agacharse a recoger uno de los carteles que ellos estaban pisoteando y vino un metropolitano y le colocó la pelvis frente a su cara. Eso es un abuso. Nosotras no necesitábamos permiso para estar ahí porque la Constitución nos garantiza el libre tránsito”, manifestó convencida  Lía Burbano durante su intervención en la audiencia.

Por su parte, Segundo Naranjo, abogado de la Policía Metropolitana, desmintió esta aseveración, argumentando que   la asociación M y M necesitaba los permisos correspondientes, obligatorios para la utilización del suelo -indicó- para una manifestación como la realizada el pasado julio. “Yo me acerqué y les pedí los permisos. Esperé unos 20 minutos y finalmente me dijeron que no tenían nada”, dijo Pedro Alvarado, Policía Metropolitano responsable de esa zona del centro de la ciudad, presente durante los incidentes, una versión que fue rechazada por la parte denunciante.

Durante la realización de la audiencia se presentaron varios videos que constaban como elementos de prueba de ambas partes. En la intervención de la Policía Metropolitana, se proyectó uno obtenido de las cámaras “Ojos de águila” de esa zona, que registraba desde las 17:45 de ese día, mientras la asociación argumentaba que los problemas y supuestas agresiones se dieron desde las 17:30.

Sin embargo, Lía Burbano presentó algunas grabaciones obtenidas con los celulares de varios de los asistentes a la manifestación, del tiempo que no consta en el video de la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil, donde se evidencian algunos enfrentamientos verbales y ligeros forcejeos entre las partes.

Según dicen, más que violencia física, vivieron una violencia verbal que no está registrada en los audios. “Queremos dejar claro que no éramos más que 15 personas las presentes. Y que ellos eran más de 15 policías metropolitanos”, indicó Burbano. “No existe de nuestra parte ninguna animadversión hacia ustedes”, afirmó Marcos Cubero, director de la Policía Metropolitana.

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Dos hechos han marcado un antes y un después en la reivindicación de los derechos GLBTI: desde el 4 de febrero de 2016, la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles les permite cambiar “sexo” por “género” y modificar su nombre; y el 12 de junio de 2019 la Corte Constitucional aprobó el matrimonio igualitario. Desde hace cuatro años es posible, también, que los padres de un niño elijan el orden de apellidos con el que inscribirán a su hijo. Esta situación, sin embargo, no siempre es comprendida por los funcionarios encargados de ejecutar trámites como el procesamiento de permisos de salida del país para los menores de edad.

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