La participación política y los derechos de los mayores de 65 años en el país han entrado al debate con el nuevo proyecto de Ley de Protección del adulto mayor, marco legal que reposa en las manos de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional.

El próximo miércoles, la coordinadora de la Red Nacional de Personas Mayores del Ecuador (Renpermae), Rosa Azúa, expondrá ante la comisión citada sus propuestas y reparos ante el proyecto de Ley.

Rosa -la representante de los grupos de adultos mayores en Esmeraldas, Chimborazo, Tungurahua, Bolívar y Guayas- aclara que  no pretenden que sus hijos se vayan presos por dejarlos en el abandono.

“En la ley debe detallarse en qué caso de maltrato la Defensoría del Pueblo intervendría, no se trata de meter presos a los hijos que abandonan a sus padres, sino de, a través de mesas de mediación, arreglar la situación”, explica Giovani Salinas, coordinador de Proyectos de la Fundación Pasodehu, que también apoya la iniciativa.

Ellos piden que se tomen en cuenta varias propuestas en la ley y que además se otorguen seis meses más para que las regulaciones puedan ser difundidas en todo el país.

Solicitan que en la normativa se contemplen sanciones para quienes no cumplan la ley. Proponen que no sean de carácter penal, sino más bien multas económicas como la remuneración de un mes, en el caso de que un funcionario público no brindase la atención adecuada a una persona de este grupo de atención prioritaria.

Proponen, además, que se ratifique su inclusión en los presupuestos de los gobiernos provinciales y municipios, como ya lo dispone el Código de Ordenamiento Territorial.

El Municipio de Guayaquil, por ejemplo, reconoce en un comunicado que “No existe un proyecto o programa específico destinado al Círculo de adultos mayores”.

Sin embargo, justifican que “hay distintos proyectos o programas que abarcan a este sector de la sociedad”, y después detallan 9 que incluyen cobertura general de salud, plan Más Seguridad, transporte y turismo, red de mercados, entre otros.

Salinas dice que estos programas son generales para toda la ciudadanía y no específicos para los adultos mayores, por lo que no se estaría cumpliendo a cabalidad la inversión -obligatoria según el Cootad- del 10% del presupuesto municipal en grupos de atención prioritaria, que incluyen también a las personas privadas de su libertad, las mujeres embarazadas, entre otros.

El Municipio coloca todos estos proyectos como destinados al adulto mayor y detalla que en ellos se invierten $ 2’770.750, registrando esta cifra como “Inversión en adultos mayores”.

De la Prefectura del Guayas no reciben el detalle del presupuesto para este rubro. “Con el Municipio tenemos una participación indirecta a través de la Mesa cantonal del adulto mayor, pero no sabemos concretamente cuánto se está invirtiendo”, detalla Azúa.

Otro punto cuya inclusión solicitan  en la ley se refiere a la jubilación universal, contemplada ya en la Constitución -es decir, para los que estuvieron afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y también los que no pudieron ejercer este derecho-. “Se está confundiendo la pensión jubilar con el Bono de Desarrollo Humano”, detalla la presidenta.

Un objetivo es, también, que los adultos mayores sean incluidos en la cobertura de salud del IESS, como lo son ahora las esposas y los hijos de los afiliados. No se deja de lado, por supuesto, la prevención ante el abuso, a través de programas que fomenten la atención integral “Biosicosocial, sin visiones asistencialistas, sino de derechos”, según Azúa.

Los colectivos de adultos mayores basan sus peticiones en el artículo 38 de la Constitución: “El Estado tomará medidas en el desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social”. En Ecuador ya existe una “Ley del anciano”; el nuevo proyecto se llama “Ley de personas adultas mayores”.

El asambleísta Luis Morales, ponente del proyecto de ley, asegura en la web de la Asamblea Nacional que “Hay varios hijos que disfrutan del dinero de sus padres y de las comodidades de la educación, pero después quieren que solamente el Estado se encargue de todo, por lo que es necesario algún mecanismo para que, vía judicial, los hijos se encarguen de sus padres”.

Desde la Red Nacional no coinciden con este punto de vista, porque no creen en judicializar los procesos de abandono, en todos los casos, sino más bien en llegar a acuerdos a través de la Defensoría del Pueblo y que los adultos mayores conozcan que son sujetos de derechos ante el Estado.