Cuarenta años después de que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos diera un  histórico veredicto, la Constitución sigue garantizando el derecho a abortar, aunque cada vez es más discutido por  grupos que buscan dificultar el procedimiento.              

El 22 de enero de 1973, en una decisión conocida como "Roe versus Wade", la Corte decidió que el aborto es un derecho fundamental garantizado por la Carta Magna, basándose en el derecho al respeto de la vida privada.          

Como cada año, las personas que se oponen al aborto, conocidas como "pro-life", conmemorarán la semana que viene el 40 aniversario de esta decisión desfilando ante la Corte Suprema bajo la Marcha por la Vida (March for Life), que esta vez se celebrará el 25 de enero para que no coincida con la ceremonia de investidura de Barack Obama.

Mientras, el movimiento denominado "pro-choice", que apoya el aborto, organizará sus tradicionales reuniones, cenas y conferencias a nivel local para celebrar la fecha.   

Como muestran los sondeos, hace tiempo que la población estadounidense está profundamente dividida sobre la cuestión. El martes, el Centro Pew Research publicó un estudio en el que señala que seis de cada 10 estadounidenses no quieren que la decisión de la Corte Suprema sea abrogada, frente a tres que defienden la posición contraria. En mayo de 2012, la encuestadora Gallup afirmó que solo 41% de los ciudadanos estaba a favor del aborto, la cifra más baja nunca registrada (en 1995 era del 56%), mientras que 50% se oponía (hace 18 años solo representaban el 33%).

Lo único en lo que ambas partes concuerdan es en que nunca hasta ahora se habían aprobado a nivel estatal tantas leyes relacionadas con el aborto, promovidas por el potente lobby "pro-life" y combatidas por el activo movimiento "pro-choice".  
Los que se oponen "saben que no pueden cambiar la decisión de la Corte", cuenta  James Kelly, profesor de Sociología y autor de libros sobre el aborto.    

El instituto de investigación Guttmacher encontró que en 2011 se aprobaron 92 leyes sobre la cuestión, una cifra récord, mientras que en 2012 fueron 43, que iban desde medidas para limitar la interrupción de gestaciones avanzadas a la prohibición para las aseguradoras médicas de reembolsar el dinero de las cirugías a los pacientes, pasando por la obligación de realizar una ecografía. Todas las leyes tienen "el mismo objetivo", denuncia Jennifer Dalven, del grupo a favor del derecho de abortar ACLU: "impedir que las mujeres puedan abortar, a pesar de que sea técnicamente legal".   

"Su único objetivo no es garantizar la salud de los pacientes", asegura  Jon OBrien, presidente de Catholics For Choice, "sino cerrar las clínicas". Estados Unidos cuenta hoy con 1.800 centros donde se practica el aborto, pero el 83% de los condados del país no tienen. En Misisipi, por ejemplo, un estado del sur de tres millones de habitantes, solo queda uno. "No podemos enmendar Roe en un futuro inmediato", confirma Jeanne Monahan, presidenta de Marcha por la Vida. "Por lo tanto trabajamos a nivel estatal para promulgar leyes que garanticen un consentimiento declarado", agrega. "No es un cambio de estrategia, sino una sofisticación de nuestro enfoque", puntualiza la dirigente, quien asegura que cada vez más gente, "principalmente los jóvenes", se siente más identificada con una postura de "apoyo a la vida".