Una de las problemáticas más graves que se presentan en la sociedad actual es el embarazo en adolescentes. A nivel mundial, América Latina y el Caribe se ubican en segundo lugar con la tasa más alta con respecto a este fenómeno, superados solo por África Subsahariana. En la región, Ecuador se ubica tercero, luego de Nicaragua y Honduras.

Marcela Masabanda, coordinadora de la Gestión de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, asegura que el problema trasciende de lo social a lo económico.

“La prevención de los embarazos no intencionados le cuestan al Estado entre $ 11 y $ 24 millones (al año). La atención netamente le cuesta $ 67 millones, pero cuando son embarazos adolescentes, el costo sube a $ 331 millones porque el 96% de esta cantidad representa pérdidas sociales por deserción escolar”, reveló con base en estudios.

Anualmente el Estado destina $ 14,34 millones en atención médica en lo referente a madres embarazadas.
Si con una adecuada prevención se evitara el gasto en atenciones de cuidados obstétricos, personal médico calificado, planificación familiar y aborto, el Estado ahorraría $ 472 millones, según un estudio realizado en 2015 sobre los costos de Omisión en Salud Sexual y Reproductiva en Ecuador (ver gráfico).

Mario Vergara, representante nacional del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), dijo que atender un embarazo no intencionado en general le cuesta al país $ 612 (cada uno), mientras que prevenirlo vale $ 114. Por ello señala: “$ 1 invertido en salud sexual y reproductiva implica 17 veces más ahorro al Estado en cuanto a futuras inversiones”.

Según el estudio, atender un embarazo no intencionado le cuesta a Ecuador 5,4 veces más que prevenirlo. En el país, 2 de cada 3 embarazos son de este tipo. En cuanto a las madres adolescentes, del 23% de partos atendidos en 2015, alrededor del 7% fueron a niñas de 10 a 14 años.

Para Masabanda, cuando una adolescente se embaraza el círculo de pobreza se acentúa debido a las pérdidas sociales que esto causa.

“El momento en que se embarazan, fisiológicamente su cuerpo no está preparado, tienen más complicaciones. Es por eso que los embarazos no intencionados cuesta más al país en adolescentes que cuando sucede en una mujer que no se encuentra dentro de este ciclo de vida”, detalló la funcionaria a los Medios Públicos.

Es un fenómeno que afecta a los grupos más vulnerables

En el último lustro, el embarazo en adolescentes se ha incrementado especialmente entre niñas de 10 a 14 años.
Según el UNFPA, 1 de cada 2 niñas que fueron madres antes de cumplir los 15 años estaban casadas o en unión libre, y el 42% de las madres de 11 años se encontraba en una situación similar.
Del grupo de 15 a 19 años, 158 adolescentes por día son madres en el país, mientras que de las menores de 14 años, 7 niñas lo son cada día.

Cuando el embarazo se presenta en edades muy tempranas, como 12, 13 o 14 años, existe una alta sospecha de que sea el producto de la violencia o del abuso sexual, lo cual está tipificado como un delito y es sancionado por el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La tasa de mortalidad de madres adolescentes también causa preocupación. Según Vergara, la mayoría de muertes maternas son prevenibles, pues “nadie debe morir dando a luz, y una niña de 10 años menos si pensamos que la esperanza de vida al nacer está en alrededor de 78 años para mujeres”.

Otra de las afectaciones de un embarazo en adolescentes es aplazar su proyecto de vida. “Es más compleja la dinámica, tienen a cargo un nuevo ser, una nueva persona a quien le deben responsabilidad, tiempo, y si su proyecto de vida era estudiar, este proyecto se va aplazando, lo cual es una afectación grave”, dijo Masabanda.
Según las últimas estadísticas, 6.487 adolescentes abandonaron sus estudios, de ellas 3.641 de Educación Básica y 2.846 del nivel Medio y Bachillerato, lo que representaría alrededor de 36.872 años (escolares) perdidos y $ 316.74 millones de ingresos no generados.

A futuro, las madres adolescentes, sus hijos y familias son más vulnerables a la pobreza y exclusión social.
Frente a esta problemática, el ministro de Educación, Fander Falconí, resaltó que el sistema educativo tiene la obligación de acompañar y apoyar a una madre adolescente.

“Todo el sistema educativo tiene que brindar ese adecuado apoyo, la cristalización de un derecho que está consagrado en la Constitución que es el derecho a educarse, sin hacer ningún tipo de discriminación”, acotó.

La estrategia gubernamental se apuntala en varios factores

La prevención y reducción del embarazo en adolescentes se encuentran plasmadas dentro del Plan de Desarrollo del Ecuador 2017–2021, a través de una Política Intersectorial entre los Ministerios de Salud, Educación, Justicia e Inclusión Social.

Contempla varios factores, uno de ellos es que la madre adolescente continúe con su proyecto de vida y no deserte del sistema educativo. Además, que reciba una adecuada atención integral.

Según el representante del UNFPA, esta política se centra en la educación de la sexualidad integral, la atención para adolescentes de servicios de salud y el empoderamiento de los jóvenes y adolescentes, con un enfoque de género e igualdad.

A diferencia del pensamiento común, mientras más temprano se hable de educación sexual es mejor, pues el impacto va a ser mayor.

En este sentido, Vergara consideró que “mientras más educada es una niña, mientras más orientación e información ha recibido, tiende a postergar su primera relación sexual y promueve la abstinencia”.

Añadió que si una adolescente (de 15 a 19 años) quiere ser sexualmente activa, es importante que cuente con información de cómo prevenir un embarazo, la utilización de métodos de planificación familiar, etc.

Actualmente el Ministerio de Educación lanzó la campaña “Esa es”, que está vinculada hacia los servicios educativos y el derecho a la educación que tienen los adolescentes.

La propuesta de Salud está vinculada hacia los servicios amigables para adolescentes y cómo se va a garantizar los servicios integrales para que sean receptivos y los adolescentes puedan acudir. (I)