En Ecuador, según la investigación denominada ‘Vidas robadas’, 2.000 niñas de entre 11  y 14 años (edades escolares) quedan embarazadas cada año.

Ante este escenario, el Ministerio de Educación (MinEduc) lanzó el Protocolo de Actuación frente a situaciones de embarazo, maternidad y paternidad de estudiantes.

El documento, validado por los docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central (UCE), tiene por objetivo garantizar la permanencia de las jóvenes madres en el sistema académico y el acceso a los servicios de salud.

Washington Benítez, vicerrector de la UCE, detalló que   la guía es una herramienta concreta y técnica de apoyo para los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE).

Por medio de estos -dijo- se manejará el protocolo. Aquello implica que el personal capacitado de cada unidad educativa reportará al Ministerio de Salud Pública (MSP) cuando haya casos de embarazos.

La propuesta
La finalidad es que la adolescente acceda a todos los controles médicos durante su gestación y sin descuidar sus estudios.

Según Benítez, dos de cada 10 partos registrados en el país son de adolescentes y cuatro de cada 10 ecuatorianas tuvieron a su primer hijo antes de llegar a los 14 años.

Benítez indicó que para la elaboración de la guía se tomó en cuenta la estadística internacional y nacional.  

Un indicador que permite comparar los nacimientos en ese grupo etario entre naciones es la tasa de fecundidad en la población de 15 a 19.

En 2015, de los 10 países latinoamericanos analizados por el Banco Mundial, Venezuela presentó la mayor tasa, 79 nacimientos por cada 1.000 mujeres. Mientras que, Cuba tiene la más baja, con 45 por cada 1.000.

Ecuador se ubica después. Su tasa de nacimientos es de 75 por cada 1.000. Cifra que está por encima del promedio de los demás vecinos.

Laura Pillajo, psicóloga del DECE del Colegio Eloy Alfaro, sostiene que la adolescencia es una etapa clave para establecer bases sólidas y afianzar los proyectos de vida personales que permitan, entre otras metas, insertarse en el sistema laboral con las competencias necesarias.

“El embarazo y la consiguiente maternidad o paternidad implica una experiencia de vida que requerirá del apoyo familiar y estatal para que los chicos redefinan sus proyectos de vida”.

En ese sentido, Fander Falconí, titular del MinEduc, recordó que está prohibido cualquier tipo de discriminación hacia las estudiantes que están en proceso de gestación. Los lineamientos del protocolo -añadió- son de aplicación obligatoria para todas las instituciones educativas (fiscales, municipales, fiscomisionales y particulares).

La guía cuenta con un eje inclusivo, el cual se centra en los embarazos de estudiantes con discapacidad.

De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010, la mayor parte de mujeres con discapacidad tuvo su primer hijo entre los 15 y 19 años, y el 3% entre los 10 y 14.

Una de las metas es establecer estrategias de prevención de embarazos subsecuentes y garantizar su permanencia en las aulas.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) del MSP evidenció que el 45% de las adolescentes embarazadas no está dentro del sistema escolar ni ocupa una plaza laboral.

Ambas actividades se consideran de vital importancia para definir los proyectos de vida. (I)