La movilización en contra del calendario de distribución de gas de uso doméstico en Carchi,  convocada por dirigentes barriales, comerciantes, amas de casa y algunas autoridades cantonales,  fue suspendida. La medida de hecho, prevista para mañana y que buscaba cerrar el tránsito por el puente internacional de Rumichaca, quedó sin efecto  una  vez que las autoridades del Gobierno Central llegaron ayer a Tulcán para ratificar la decisión de ampliar  el cupo de entrega y   modificar el tiempo de recepción, según el número de miembros por familia.

Por ejemplo, una familia de seis a ocho personas  recibirá  seis cilindros de gas al mes, pues se comprende que al ser más numerosa una familia habrá mayor consumo del combustible. Mientras que una familia de uno a cinco integrantes recibirá hasta cuatro bombonas al mes. La medida  pretende evitar el contrabando de gas, un problema que ha afectado a la provincia fronteriza por muchos años. Los habitantes de Tulcán se quejan de que el contrabando   no solo es de gas sino también de gasolina, lo que  provoca un constante desabastecimiento en la zona. 

Los cilindros de gas  que pasan hacia  Colombia provienen también de la provincia de Imbabura, aseguran  los ciudadanos. Al momento existen 22 bodegas y 17 unidades de distribución de gas doméstico en esa provincia.
Homero Arellano, ministro Coordinador de Seguridad, indicó que la distribución de gas en   Carchi, a través de la tarjeta inteligente -implementada este mes-   se mantendrá y permitirá comercializar cada cilindro  en 1,60 dólares y hasta en   2,50 dólares cuando la distribución sea a domicilio.

El tema fue analizado durante  una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad  Ciudadana, en la que participaron los ministros José Serrano, del Interior; Johana Pesántez, de Justicia; y Patricio Franco, Comandante General de la Policía. Los funcionarios  ratificaron   el apoyo incondicional  a la gobernadora de Carchi,  María Elena Villarreal, quien días atrás  denunció ser víctima de amenazas de muerte a través de  correos electrónicos originados por el usuario [email protected].

De esa manera se intentó presionar a la funcionaria para que abandone el cargo, un pedido que la semana pasada provino de gremios  afines al Movimiento Popular Democrático (MPD) y que contó con el respaldo de las autoridades locales.

Arellano indicó que como una medida paralela a la entrega de gas mediante cupos se pondrá énfasis en el control y destrucción de los pasos fronterizos ilegales con el fin de evitar el contrabando.

Por su parte, la gobernadora Villarreal insistió en que “Tulcán es una tierra de comercio y  no de contrabando” y reiteró que será necesario contar con el apoyo de los dirigentes barriales para socializar la medida, pues le atribuye al “desconocimiento generalizado” el malestar generado  por la restricción en la venta de gas.

Por otra parte,  los habitantes  de Tulcán  dicen no oponerse al control de la venta de gas, pero consideran  que la tarjeta magnética aún tiene serias fallas.  Martha Valenzuela forma parte de una familia de ocho personas y asegura que   en su tarjeta de distribución solo le asignaron  dos  cilindros, lo que es insuficiente, pero aún así cuando intentó retirarlos le informaron que alguien ya los había recibido. Ello le obligó a comprar el gas a sus vecinos a ocho dólares el cilindro.

Martha cuenta  que a familias vecinas de menos integrantes les han asignado hasta cinco cilindros al mes, mientras que a ella solo dos, lo que podría ser un error técnico, asegura.

El contrabando es una práctica común debido a la rentabilidad que genera, pues el tanque que el Estado comercializa en  1,60 dólares puede llegar a costar 25 dólares del otro lado de la frontera.  De ese sobreprecio, cuenta Rosa Garcés, han sido víctimas los mismos ecuatorianos que se ven obligados a cruzar la frontera cuando existe desabastecimiento en Tulcán.  A ella también, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, le asignó apenas dos cupos.