La Corte Constitucional emitió una sentencia favorable a los intereses del Estado, al dejar sin efecto la resolución de la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, del diciembre de 2011, mediante la cual se trató de despojar la propiedad del predio Yanuncay, en donde funciona el Gobierno Zonal 6 Austro.

Esta resolución, a la que se llegó por una acción extraordinaria de protección que presentó la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) tras el fallo de la Corte Nacional, era esperada por los representantes de las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago, en un juicio con más de 35 años.

“Eso es a lo que aspirábamos. Siempre tuvimos la esperanza de que se iba a fallar a favor del Estado, y a resguardar este bien de interés público. En este caso, los verdaderos ganadores son los ciudadanos”, expresó María Caridad Vázquez, subsecretaria zonal 6 de la entidad.

La representante del organismo de planificación en el Austro dijo que gracias al fallo se reactiva el proyecto arquitectónico para la sede del Ejecutivo en la región, que fue concebido hace dos años y que se había suspendido hasta conocer la decisión de la Corte Constitucional.

El proyecto para el Gobierno Zonal 6 comprende el funcionamiento de 30 entidades desconcentradas del Gobierno Nacional, 461 funcionarios públicos, alrededor de 850 usuarios diarios; capacidad de 960 plazas de estacionamiento con lo que se disminuye el congestionamiento vehicular en sectores críticos de la ciudad, como es el centro histórico.

Implica también, según Vázquez, un ahorro anual: en arrendamiento de oficinas de $ 522.000, por pago de estacionamiento de $ 106.335 y por gastos de movilización de $ 38.250.

Añadió que ahora se puede pensar en dar cabida en el predio a instalaciones que han sido solicitadas por la Municipalidad de Cuenca para ampliar su equipamiento.

Cabe anotar que en 1993, el Concejo Cantonal de Cuenca, dentro del Plan de Ordenamiento Territorial declaró de interés público al predio Yanuncay.

“Ello  implica que, en el supuesto de que la parte contraria habría ganado, esta no hubiera podido concretar sus aspiraciones privadas que fueron difundidas en medios de comunicación de la localidad, que se refería a la existencia de cuatro grupos económicos que financiarían en este espacio un gran complejo comercial y edificios de condominios, y que serían $ 80 millones los que se estaban negociando”,  dijo.

César Loja, coordinador de la Veeduría Ciudadana, que vigiló este proceso judicial, expresó su satisfacción porque “en este momento  se soluciona un problema que mantenía en vilo a la población del Austro por más de 35 años”.

“Es para la veeduría una meta humana y social alcanzada y un triunfo colectivo, por cuanto nosotros cumplimos en este histórico proceso el rol asignado, empleando con responsabilidad esta herramienta de participación que ejerce el control social en la gestión de lo público”, destacó.

El dirigente agradeció a todos los miembros de la veeduría por su activa participación entre los cuales estaban representantes de la Unión de Barrios de Cuenca, Proyecto Clubes de Comunicación Estudiantil del Ecuador, Unión de Taxistas del Azuay, Unión de Organizaciones Campesinas del Azuay (Unasay), Asociación Pan y Trabajo, Asociación de Productores Orgánicos de la Feria del Buen Vivir, Federación Nacional de Apicultores (Fenade), Asociación de Productores de Recursos Melíferos-Ecuabejas, Confederación de Comerciantes Minoristas del Ecuador, Comité de Patrimonio Cultural de la Parroquia Quingeo, entre otros.