La justificación de los ahorros y un documento legal que acredite la representación de los socios de Coopera fue lo que pidió el ministro del Interior, José Serrano, en Cuenca, a los representantes de los afectados de la cooperativa. 

El funcionario conminó a Gustavo Quito, asesor legal de algunos depositantes que aún no reciben sus dineros, a que en 24 horas presente un documento formal en donde se señale a qué acreedores representa.

“Si no lo hace, nosotros, y yo personalmente, presentaré una denuncia en el sistema judicial penal para que se investigue su presencia en todo este proceso alrededor de Coopera y por toda la conmoción que ha pretendido causar”, dijo Serrano, quien además cuestionó a Quito sobre la defensa de algunos supuestos delincuentes.

También solicitó a Carlos Heredia, asesor de unos 120 extranjeros socios, que demuestre la procedencia de 300.000 dólares que tiene depositados en la cooperativa, que entró en disolución en junio.

El secretario de Estado señaló que conjuntamente con el Servicio de Rentas Internas (SRI), están requiriendo a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que se realice una investigación financiera de la procedencia de los fondos de los 670 acreedores que aún no han cobrado sus ahorros.

“Estamos investigando con la Policía Nacional y la Fiscalía porque así como sabemos que hay un buen número de depositantes de Coopera que obtuvieron esos dineros lícitamente, también sabemos que en esos recursos hay dinero ilícito de delitos como la usura y otras actividades”, añadió el funcionario.

Por su parte Gustavo Quito, quien dijo representar legalmente a más de 150 personas, señaló que no presentará ningún documento debido a que no ha recibido ninguna notificación legal.

“Yo no tengo por qué presentar ningún papel. No se me ha pedido”, dijo.

Además señaló que demostrará que no ha defendido a ningún delincuente.

Mientras que Carlos Heredia, socio y representante legal de 18 extranjeros, dijo que iniciará acciones legales contra el ministro del Interior por señalar la cantidad de sus depósitos.

“Yo voy a acudir a la Fiscalía a decir que se le investigue por haber revelado lo que está protegido por el sigilo bancario”, señaló.

Indicó que de acuerdo con el artículo 95 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria se prohíbe y se guarda el sigilo sobre los depósitos y colocaciones que hacen las personas en el sistema financiero. “Ahora ya no van a investigar las razones para liquidar a Coopera, sino que ahora nos van a investigar a los que sufrimos el agravio”, manifestó Heredia.

Asimismo, añadió que él no tiene por qué demostrar la procedencia de sus ahorros.

“Ellos mismos que muestren si mi dinero es ilícito y si me quieren perseguir”, acotó.

La deuda por pagar a los depositantes asciende a $ 56,7 millones.