Mientras el alcalde de Quito explica a la prensa los cambios en la Solución Vial Guayasamín, “acogiendo las observaciones de la ciudadanía”, la vicealcaldesa revela a EL TELÉGRAFO las “cláusulas lesivas” del contrato. Un día antes, Daniela Chacón puso a disposición su cargo y anunció su separación de SUMA. Durante 45 minutos de entrevista, más de 800 mensajes se acumularon en su celular.  

¿Por qué el proyecto Guayasamín marca para usted una diferencia irreconciliable?

Por los actos y decisiones que, a través de la Solución Vial Guayasamín, muestran una forma de hacer política, una forma de ver la ciudad que no comparto en absoluto.

¿Hubo arbitrariedad de la Alcaldía sobre el proyecto?

Yo hablaría de improvisación, porque lo actuado es legal; pero la legalidad no siempre implica legitimidad. Prometimos una política distinta, nueva, y no veo eso al hacer una obra sin estudios definitivos, sin análisis de las alternativas que permitan conocer a ciencia cierta si es o no la mejor opción para la ciudad (...) ¿Cómo puedo saber que $ 131 millones es la inversión adecuada?, ¿por qué 30 años de concesión?, ¿por qué 15% de rentabilidad para la empresa?, ¿por qué subir el peaje a $ 1,90?...

Anunciar proyectos sin estudios definitivos ha sido una práctica constante del alcalde. ¿Por qué la Solución Guayasamín detonó su separación de SUMA?

Empecé a fiscalizar esta obra haciéndome eco de voces ciudadanas. Cuando se presentó la obra empezaron las críticas de arquitectos, urbanistas y ciudadanos afectados. Y cuando la presentaron ante el Concejo, en abril, lo hicieron sin ningún sustento técnico. Me preocupé y pedí información, que se demoró en llegar (otra crítica que he hecho) y encontramos que había falencias sobre las cuales debía pronunciarme, no solo pedir cambios de forma sino de fondo, como la renegociación del contrato para eliminar algunas cláusulas lesivas para la ciudad.

¿Debe anularse el contrato?

Sí. Y es posible. Los contratos son acuerdos entre las partes, y en la medida que se pongan de acuerdo para renegociar, cualquier cosa es posible. Aquí hay cláusulas muy lesivas para la ciudad. La primera es que en los 30 años de concesión (empresa China Road & Bridge Corporation) hay un candado para no hacer obras similares que compitan con la rentabilidad de la empresa. Y si terminamos haciendo la obra, tendremos que pagar una indemnización importante por lucro cesante. O sea, aquello que no perciba hasta el término de la concesión.

Otra cláusula lesiva es la asignación del riesgo: se dice que la empresa china asumiría todos los riesgos, excepto por obras nuevas o adicionales. ¿Qué pasará si no hacemos el elevado sobre la Plaza Argentina y hacemos un deprimido? ¿Quién asumirá el riesgo? ¡El Municipio! Otro punto por renegociar es la distribución del porcentaje del peaje. No puede ser que si la ciudad invierte la mayor cantidad de recursos, a través del pago del peaje, el 90% -desde la inauguración de la obra- vaya a la empresa para asegurar su rentabilidad.

¿Es decir, el costo de los cambios recaería sobre la ciudad?

Salvo que se renegocie el contrato. La actual cláusula contractual es clara: el riesgo de obras adicionales lo asume la Empresa Municipal de Obras Públicas (...)  Además, la obra nunca fue planificada para incluir el transporte público. Las proyecciones financieras y de flujo vehicular se hicieron en función de 3 carriles exclusivos para vehículos. Ahora que se incorporará al transporte público habrá menos autos circulando por ahí. ¿Qué pasará con las proyecciones financieras, quién asumirá el riesgo de un cambio en la rentabilidad?

¿El alcalde explicó por qué el costo de la obra supera los $ 131 millones que anunció?

No ha dado ninguna explicación. En la sesión del Concejo, en la que se hicieron cuestionamientos al proyecto, no hubo respuesta del alcalde. Se dijeron algunas cosas y se repitieron otras. No conozco -y pedimos la información- por qué son $ 167 millones (reportados por la empresa china). Eso no puede ser solo por el IVA, que equivaldría a un par de millones y ya. Esa es la duda que tenemos: cuánto mismo costará la obra y quién mismo la pagará.

¿Qué pasa con el barrio Bolaños?

No hay un solo informe de la empresa china o del Municipio. Y sin los estudios definitivos es absolutamente imposible conocer cuál será la afectación. Una de las cosas que más me desilusionó es que las únicas referencias del barrio Bolaños en la oferta técnica son que cualquier proceso expropiatorio correrá a cargo del Municipio. Y sobre el riesgo social, la conclusión es que los moradores podrían paralizar las obras. El mismo estudio dice que el riesgo es bajo porque la obra incluirá la estabilización de ciertos taludes. Entonces, queda la duda, si van a estabilizar los taludes, ya no están en zona de riesgo y para qué van a salir.  

¿Hay un trato discriminatorio a los moradores del barrio?

Una de las causas para que se establezca que el riesgo del barrio Bolaños no sea mitigable sería la poca educación y el nivel socioeconómico de los moradores. Pero es absolutamente mitigable: se hacen campañas para saber cómo evacuar en caso de emergencia y se soluciona. El mismo informe dice que la estabilidad del suelo es buena y que lo más malo es la calidad de las construcciones. Entonces, uno tendría que expropiar a todo Quito. Más que discriminación, no hay entendimiento de las distintas formas de vida. Los quiteños debemos pensar que vivir en un departamento no es necesariamente lo más óptimo. En Bolaños, la gente vive tranquila, no se oye la bulla de los carros, tienen su huerto; una vida muy sana.

¿Cómo evalúa la gestión del alcalde?

Se han hecho cosas buenas, pero también hay falencias. Hay momentos para virar el curso y este es uno, abriendo espacios para socializar los proyectos importantes para la ciudad, contar con estudios serios y definitivos para emprender ciertas obras. A veces la planificación toma tiempo y se debe dialogar con la ciudadanía. Vivimos en una sociedad que exige resultados y más obras.

¿Cómo interpreta los carteles con la frase: ‘Se busca Alcalde’?

(Risas) Todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión. Algunos no estarán de acuerdo con la gestión del alcalde; para eso estarán las elecciones en 2019.

¿Cuándo supo que debía actuar como concejal independiente?

En todos los espacios políticos hay  distintas maneras de ver las cosas y uno ve si esas discrepancias se gestionan o son profundas. Eso me pasó a mí. Hubo discrepancias, por ejemplo, porque no estoy de acuerdo de abrir los carriles exclusivos del Trolebús a vehículos particulares, y esa es una política de movilidad. Otro tema son los agentes civiles de tránsito, que para mí son agentes de tráfico. Si uno se detiene en el paso cebra para dejar cruzar a un peatón te piden que te apures. Son temas que parecen menores, pero son de fondo, si pensamos en una visión de ciudad. (I)