La oposición que generó en Quito el año pasado el proyecto Solución Vial Guayasamín (SVG) tuvo 2 efectos: el primero fue que la Alcaldía anunció en agosto, el replanteo de la obra para acoger propuestas ciudadanas y otras de los concejales.

Las primeras se referían, básicamente, a modificaciones en el rediseño de la plaza Argentina para evitar el uso de pasos elevados y mejorar la accesibilidad de los peatones.

En tanto que las críticas de los ediles tenían que ver con la falta de elementos que permitieran la circulación de transporte público desde y hacia el Valle de Tumbaco por la futura infraestructura vial.

El segundo efecto es que debido a que el proyecto original no contemplaba los elementos anteriores, el diseño se complejizó y la reingeniería de la Solución Vial no concluye hasta el momento, generando retrasos en la ejecución de los trabajos.

El gerente de la empresa municipal de obras públicas, Alejandro Larrea, dijo el miércoles, en un informe ante el Concejo, que la fase 2 de la obra registra un avance de 12,05% y la tercera fase, 3,18%.

Los datos fueron refutados por el concejal Jorge Albán (Alianza PAIS), quien señaló que durante una reciente visita de los integrantes de la Comisión de Uso del Suelo no se constató labor alguna. “Hasta la caseta de la guardianía estaba cerrada”.

Larrea dio a entender que el rediseño del proyecto estaría concluido en abril. Y solo entonces se podrá conocer el reajuste de la inversión requerida. En primera instancia, se calculó que para la SVG se necesitarían $ 131 millones.

En ese momento, también, se conocerá cuándo terminará la construcción de la infraestructura con la que se pretende paliar el problema de tráfico de Quito al valle y viceversa. La previsión inicial establecía que la firma china Road & Bridge Corporation (CRBC) culminaría los trabajos en agosto de 2019.

Carlos Páez, coideario de Albán, señaló que era inaceptable que la Alcaldía hubiese firmado el acuerdo para la construcción el 4 de abril pasado sin que los diseños incluyeran el tema del transporte público.

Recordó que un mes antes (4 de marzo), el Concejo aprobó la Ordenanza 103, que permite el uso de los recursos del peaje de la av. Oswaldo Guayasamín (vía Interoceánica) para financiar la obra, pero bajo la condición de que se integraran elementos que permitieran la transportación masiva de personas.

El gerente de la empresa de obras públicas respondió el cuestionamiento sobre el destino de estos recursos que ningún valor se ha transferido a las cuentas de CRBC.
Pablo Cevallos, integrante del equipo jurídico del Municipio, apuntó que no se ha constituido aún el fideicomiso que administrará el dinero del peaje para su uso en la construcción.

Según Larrea, por ese concepto se recaudaron $ 3,8 millones en 2016 y estos se encuentran en una cuenta de la Corporación Financiera Nacional (CFN).

El resto de transferencias que la empresa de obras públicas municipal debía realizar tampoco se ha  hecho hasta el momento.

El dato en lugar de tranquilizar a los concejales, les hizo preguntarse sobre las consecuencias que acarrearían para la ciudad esos y otros incumplimientos municipales del contrato, como el saneamiento del tema de las expropiaciones, aún pendiente en el barrio Bolaños.

Daniela Chacón (independiente) recordó que la cláusula 5.1.1 del convenio entre el Cabildo y la constructora establece el derecho de la firma de suspender la ejecución del proyecto o demandar la terminación del contrato por incumplimientos de la empresa de obras públicas.

Luisa Maldonado (AP) añadió sobre esto “que todo incumplimiento significa el pago de compensaciones en favor de CRBC”.

Otro tema criticado fue la ausencia de un contrato de fiscalización a casi un año de iniciada la obra.

Al respecto, Larrea aseguró que la fiscalización está en proceso de adquirirse y que este procedimiento fue efectuado por el Cabildo en la primera fase de la obra. (I)