El anuncio del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, sobre la posibilidad de avanzar con la construcción del Metro tras conocerse un informe favorable de 4 organismos multilaterales pondría fin a una dilatación del proceso que ha durado casi 10 meses.

Esto ocurrió, en primer término, porque la recepción y apertura de las ofertas para la Fase II fue postergada de abril a julio pasados.

Y tras la apertura de los sobres, se estableció una comisión para analizar las propuestas, la cual supuestamente cumpliría esa labor en alrededor de 2 meses, período que al final se duplicó.

Más tarde, el 4 de septiembre, la Alcaldía consiguió la modificación del presupuesto municipal para el final de 2014 y con ello estableció, entre otras cosas, una reducción del presupuesto de la empresa Metro de Quito de $ 378 millones a $ 82 millones.

A ello se suma el hecho de que en el presupuesto para este año no se incluyeron rubros relacionados con la segunda parte de la obra. Alexandra Pérez, administradora general del Cabildo, atribuyó eso a que no se preveía el inicio de los trabajos para este año.

Además, el 3 de junio, el Alcalde informó que el plazo de  entrega de las obras de la segunda fase se ampliaba de los 36 meses previstos inicialmente a 42.

Lo anterior contrasta con las declaraciones del alcalde. El 25 de febrero de 2014, por ejemplo, dijo que continuará con la obra y que incluso la agilizaría; aunque, previniendo una posible demora, anunció que en el futuro inmediato se repotenciarían los sistemas de movilización municipales existentes.

Por otro lado, la posición de los aliados políticos de Rodas en el Concejo se ha movido entre las críticas al proyecto a una especie de apoyo condicionado.

Por ejemplo, el integrante de la alianza SUMA-VIVE Antonio Ricaurte declaró el 8 de diciembre pasado a varios medios de comunicación que “de acuerdo con la situación actual sobre el financiamiento para la construcción del Metro, este no es viable”.

Las palabras del edil tenían relación con las críticas del Presidente de la República a la propuesta presentada por la Alcaldía capitalina, unos días antes, para cubrir la brecha de financiamiento, en la cual se pretendía -en palabras del Jefe de Estado- que el Gobierno Nacional asumiera la diferencia.

Meses antes, Ricaurte ya mostraba una posición crítica frente al proyecto. Así, el 8 de julio manifestó en varios medios sus dudas respecto al precio real de la obra y aseguró que sistemas de movilidad similares de América Latina tenían precios superiores al establecido inicialmente para el proyecto en la capital ($ 68 millones por kilómetro de ruta).

Mientras felicitaba anteayer en su cuenta de Twitter, “la decisión valiente” del Alcalde quiteño al asumir la obra del Metro. Pero anunciaba también que fiscalizará la negociación con el consorcio Acciona-Odebrecht con la que se busca reducir el valor de la Fase II.    

De la misma forma, el concejal Sergio Garnica, coordinador del bloque SUMA-VIVE, declaró a inicios de agosto “que si el proyecto no está bien sustentado, no tiene el financiamiento requerido y luego de años pondría en riesgo los ingresos municipales, la obra se debe suspender y buscar alternativas”.

A pesar de ello, el 10 de diciembre pasado, Garnica lideró la presentación de la bancada de una propuesta para el alcalde Rodas en la que se hacían 12 sugerencias para reducir los costos del metro y financiar la brecha económica.

Y ayer, el edil coincidió en la posición de Ricaurte de apoyo personal y como bloque al anuncio hecho por el Alcalde el lunes.

No obstante, mantuvo su preocupación por los efectos que tendría el proyecto durante los próximos años en la capacidad de endeudamiento municipal. Garnica considera que la capacidad de ejecución de obras del gobierno de la ciudad se verá seriamente reducida.

DATOS

El lunes pasado, el presidente Rafael Correa anunció que el Gobierno Nacional dará las garantías adicionales solicitadas por el alcalde MauricioRodas para la obra.

El Primer Mandatario ratificó durante un conversatorio con medios la predisposición de cumplir el compromiso de colaborar con el proyecto de movilidad para la capital con los $ 750 millones ofrecidos.

El bloque de la alianza SUMA - VIVE envió un documento al Alcalde tras su reciente anuncio sobre el Metro. En él insistirían en que los cálculos del valor de la obra no justifican los $ 1.500 millones previstos.

En el documento piden que la Contraloría analice los productos generados por Metro Madrid en la fase de estudios. Además que se establezca con Acciona-Odebrecht que el contrato no pueda ser reajustado.