La Comisión de Biodiversidad recomendó al pleno de  la Asamblea  declarar de interés nacional la extracción de crudo de los bloques 31 y 43, en las cercanías del Yasuní.   

En el informe para segundo debate, aprobado en la noche del lunes, los legisladores insistieron en excluir  a la zona intangible de cualquier actividad extractiva. Y en el caso de avistamiento de pueblos no contactados se suspenderá temporalmente la exploración, hasta garantizar que los aborígenes no sean afectados.

El asambleísta y miembro del Consejo de Administración Legislativa (CAL), Virgilio Hernández, explicó que “en caso de avistamiento de pueblos no contactados no solo que se suspende la exploración, sino que se deben adoptar todos los protocolos, medidas y códigos de conducta que están establecidos para la vida y la cultura de los pueblos”.

DATOS

Al tratarse de una declaración, una vez que ésta sea aprobada irá directamente al Registro Oficial para su publicación, con lo que entrará en vigencia. El documento ya no regresará al Ejecutivo.

Con la publicación, el Gobierno podrá empezar con la extracción de crudo del campo ITT. No hay mayor diferencia entre el primer y segundo informe que elaboró la Comisión de Biodiversidad.

El principal cambio es la disposición específica que señala que  en caso de avistamiento de pueblos no contactados las operaciones deben suspenderse inmediatamente.  

Al mismo tiempo se excluye de cualquier trabajo a la zona intangible Tagaeri - Taromenani, que fue delimitada en enero de 2007El informe prevé “los escenarios más difíciles para garantizar y conceder todas las medidas de protección y seguridad en el caso de algún eventual encuentro con los no contactados, priorizando su integridad y su cultura. Para ello se suspenderá temporalmente las actividades, hasta garantizar su integridad”, comentó Hólger Chávez.

En esa misma postura, la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, agregó que en los textos resolutivos se determina que ante cualquier avistamiento se suspenda la explotación temporalmente. “La Función Ejecutiva, en el caso de avistamiento de personas de pueblos en aislamiento voluntario, suspenderá las actividades en el marco de las políticas, protocolos y códigos de conducta que precautelen los derechos a la vida y la autodeterminación de los pueblos”, reza el informe que será debatido mañana.

También “exhorta a la Función Ejecutiva para que, en cumplimiento de las Directrices de Protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y en Contacto Inicial de la Región Amazónica y del Gran Chaco del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, promueva una política regional encaminada a la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial”.

Para Rivadeneira, el documento recoge las observaciones sobre la consulta previa y la aplicación de mecanismos tecnológicos que causen el menor impacto al ambiente.

Los recursos que se obtengan servirán para el cambio de la matriz productiva, construir la sociedad del conocimiento, lo que implica que esos fondos se inviertan en educación, investigación, ciencia, tecnología y salud. Además se constituirá un observatorio ciudadano que realice un seguimiento a los procesos de exploración y explotación.

La consulta previa deberá realizarse en el momento en que se decida iniciar el proceso de explotación. Ese proceso servirá para informar a la población  sobre los planes y programas de exploración y explotación de los recursos naturales no renovables.

Al mismo tiempo se pide un “pacto territorial” para velar por los pueblos y comunidades de la Amazonía, sus gobiernos autónomos descentralizados y para que el 95% del país tenga los servicios sanitarios. “Nosotros, como Asamblea, tenemos permanente comunicación con el Ejecutivo y estos puntos que nacieron de la Asamblea, desarrollados en el debate parlamentario y del bloque, han sido comunicados al Ejecutivo. El Presidente de la República nos dijo con claridad que la Asamblea tiene que establecer los condicionamientos y candados que sean necesarios”, indicó Hernández.

El informe ordena  la explotación en una extensión que no supere el uno por mil de la superficie actual del Parque Nacional Yasuní e instaurar un sistema de vigilancia integral de las actividades extractivas autorizadas para precautelar los derechos de las personas,  las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas.  

También propone implementar, con la participación de centros de investigación y académicos nacionales e internacionales, un programa de investigación sobre el patrimonio cultural y natural del Parque Nacional Yasuní.

Los legisladores piden a la estatal Petroamazonas que asegure el cumplimiento de los máximos estándares sociales, tecnológicos y ambientales.

CONAGOPARE APOYA DECISIÓN DE EXPLOTACIÓN

El Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare) se sumó al respaldo a la decisión gubernamental de explotar el crudo del Parque Nacional Yasuní.

Su titular, Carlos Chilán, señaló que esta resolución de apoyo se tomó luego de una reunión realizada la semana pasada y fue planteada al Gobierno.

Para expresar este respaldo se anunció una marcha que se realizará mañana, a partir de las 08:30, donde acudirán entre 3.000 y 5.000 personas que se reunirán en el parque El Arbolito, al norte de Quito.

Luego de esta concentración ellos acudirán a  la Asamblea Nacional para entregar un manifiesto de respaldo a la presidenta de este organismo, Gabriela Rivadeneira. Finalmente, se dirigirán al Palacio de Carondelet para entregar el documento de apoyo al presidente Rafael Correa.

Chilán informó que este aval se debe a  que los recursos económicos que se generen del petróleo, servirán para  proyectos de desarrollo en el sector rural. “Las zonas rurales del país que siempre fueron relegadas, con la administración de Rafael Correa, han empezado a subir”, acotó el dirigente.

La Conagopare, que abarca 820 gobiernos parroquiales rurales del país, estará vigilante del proceso de extracción del crudo y el destino de los ingresos generados.

Para ello están dispuestos a participar de las veedurías ciudadanas y observar que los procesos de extracción sean adecuados y responsables con el medio ambiente.

Bolívar Armijos, representante de Esmeraldas, explicó que actualmente las 820 parroquias rurales reciben 165 millones de dólares. Con la explotación del ITT se espera que el monto se incremente a 400 millones de dólares que beneficiarán a las comunidades con obras de salud, educación, vialidad, alcantarillado y saneamiento.    

Actualmente existen juntas parroquiales que reciben 80 mil dólares al año, lamentó Armijos.

DATOS

Al tratarse de una declaración, una vez que ésta sea aprobada irá directamente al Registro Oficial para su publicación, con lo que entrará en vigencia. El documento ya no regresará al Ejecutivo.
Con la publicación, el Gobierno podrá empezar con la extracción de crudo del campo ITT.
No hay mayor diferencia entre el primer y segundo informe que elaboró  la Comisión de Biodiversidad.
El principal cambio es la disposición específica que señala que en caso de avistamiento de pueblos no contactados las operaciones deben suspenderse inmediatamente.  
Al mismo tiempo se excluye de cualquier trabajo a la zona intangible Tagaeri - Taromenani, que fue delimitada en enero de 2007.