La auditoría independiente, que revisó la negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) en 2014, de dar paso a una consulta popular sobre la explotación en el Yasuní, recomienda que el organismo apruebe el procedimiento.

La decisión fue destacada por el colectivo Yasunidos. Carolina Valladares, integrante del grupo que impulsó a finales de 2013 la recolección de firmas para el propósito, indicó que el informe señala que hubo un fraude en el CNE para anular las rúbricas que obtuvieron en varios meses.

“Los resultados de la evaluación arrojan que 670.670 firmas fueron válidas, de las 584.000 necesarias para convocar a consulta popular”, manifestó la activista.

Aseguró que la comisión, compuesta por Claudia Stornini, delegada de la Academia; Simón Espinosa, de la Comisión Nacional Anticorrupción; y Diego Zambrano, del CNE, presentó los resultados de su análisis al pleno de la entidad.

Pedro Bermeo, también integrante de Yasunidos, detalló que los comisionados encontraron que se eliminaron formularios y registros ilegalmente, “con pretextos  absurdos, como el tamaño del papel, el peso, tamaño de la impresión, color del esfero”.

El informe considera que 310.909 firmas anuladas por el CNE, dirigido entonces por Domingo Paredes en 2014, son legítimas; esto sumado a las 359.761 validadas por el recuento del CNE, sumarían el total de las 670.670 firmas, superando el límite del 5% del padrón electoral necesario para generar la consulta.

Con este informe esperan que el CNE repare el daño causado y la violación del derecho de participación a las más de 700.000 personas que firmaron y den paso a la consulta popular.

El activista considera que el CNE debería aprobar, para la consulta, la pregunta que se efectuó entonces y que motivó el respaldo de los ecuatorianos, que decía: ¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT conocido como bloque 43 indefinidamente bajo el subsuelo?

El informe advierte que sería imposible reabrir un proceso de verificación de firmas; “esta comisión recomienda al CNE extender el certificado relativo al cumplimiento del número de firmas necesarias para la realización de la consulta popular, promovida desde el colectivo Yasunidos”.

En consecuencia, sugiere al pleno del ente electoral disponer que la pregunta que consta en los formularios sobre los cuales el colectivo Yasunidos realizó la recolección de firmas, se ponga en conocimiento de la Corte Constitucional y “así realice el control previo de constitucionalidad, y dictamine lo que en derecho corresponda”.

Bermeo puntualizó que en vista de la vacancia constitucional, por el proceso de selección de los nuevos magistrados que es impulsado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCST), se podría presentar el pedido y recurrir al argumento del silencio administrativo para que sea aprobado.

No obstante, el pleno del CNE prevé reunirse esta semana para tomar una decisión al respecto. (I)

El proceso
Formularios deteriorados
La comisión no hizo la revisión física de las cajas que contenían los formularios rechazados,  pues constató el deterioro, cajas abiertas sin sellos de seguridad, lo que impidió la verificación de las firmas por el mal estado de las carpetas.

4 años ha insistido el colectivo Yasunidos con su denuncia de que el CNE cometió un fraude.

Reparación integral
La comisión determinó que la reparación integral implica la convocatoria a consulta popular en los próximos comicios. (I)