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Se reactiva caso sobre la confiscación de sede de ID

Se reactiva caso sobre la confiscación de sede de ID
03 de febrero de 2014 - 00:00

Para hoy está prevista una audiencia pública sobre la demanda planteada por el dirigente del extinto partido Izquierda Democrática (ID), Henry Llanes, en contra del alcalde de Quito, Augusto Barrera, y el Procurador Síndico de la Municipalidad.

El caso se relaciona con la decisión del Concejo Metropolitano quiteño, adoptada en agosto pasado, de confiscar el terreno donde se encuentra la sede del movimiento político que llevó al poder a Rodrigo Borja Cevallos en 1988.

El máximo órgano del Cabildo adoptó la decisión luego de que se efectuó una inspección al edificio,  construido en 1984 en el terreno donado al partido en 1980 por la Municipalidad, presidida en ese entonces por Álvaro Pérez Intriago.

El partido político fue extinguido del registro luego de que no cumpliera con su reinscripción electoral.La inspección del inmueble, ejecutada el 16 de julio de 2013, determinó que 3 de los 5 pisos se encontraban arrendados. Uno de ellos a la empresa Estelecom, otro a la compañía Metrocom y el restante a la fundación Coaching Empresarial, que se definía como una organización sin fines de lucro.

Esta situación, a juicio de los integrantes del gobierno local, constituía una infracción a las condiciones establecidas en el documento con el que se oficializó la entrega del predio.

En la cláusula tercera de este se determina que el partido político no podía dar en arrendamiento o enajenar la propiedad, pues su uso estaba destinado exclusivamente para el funcionamiento de la sede.

No obstante, Llanes alega que las condiciones municipales rigen únicamente para el terreno y que estas se han cumplido, mientras que el edificio sí podía arrendarse por haber sido construido con fondos de particulares (sus partidarios).

La decisión municipal tiene como antecedente la desaparición del movimiento autodenominado de  centro-izquierda, después  de que no pudiese lograr su reinscripción tal y como dictan las normas electorales en vigencia. Esto determina que la agrupación debe devolver sus bienes.

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