La restitución del  edificio y del predio de la sede de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), ubicado en la parroquia de San Antonio de Pichincha, está sujeto a dos cláusulas de devolución.

Una la firmó la Prefectura de Pichincha y otra el Ministerio de Relaciones Exteriores. La primera ocurrió en el 2010, cuando se entregó el terreno donde funcionaría la sede del organismo regional.

El acuerdo fue suscrito entre el prefecto de entonces, Gustavo Baroja, y Ricardo Patiño, quien estaba al frente de la Cancillería. La condición resolutoria del contrato señala que “en caso de que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración no destine el inmueble que recibe en donación en la construcción y puesta en funcionamiento de la sede administrativa y del centro cultural de la Secretaría de la Unasur, se revertirá su dominio a favor del Consejo Provincial de Pichincha”.  

El segundo contrato se realizó al terminar la construcción del edificio de Unasur. Entonces, el ministro de Relaciones Exteriores, Guillaume Long, y el secretario de Unasur, Ernesto Samper, firmaron otra escritura de donación.

La minuta legalizada en el 2016 dice que si los países miembros deciden cambiar la sede de la Secretaría General de Unasur a otro país o terminar el tratado constitutivo, se revertirá su dominio a favor del Ministerio de Relaciones Exteriores. El área del edifico es de 20.317 metros cuadrados y la construcción del inmueble le costó al Ecuador $ 60 millones.

En julio de 2018, Lenín Moreno, presidente de la República, anunció que las instalaciones del edificio servirían como sede de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades Indígenas Amawtay Wasi. Sin embargo, el destino del edificio está en manos de los Estados miembros, puesto que son los administradores dice la resolución de la conformación de la estructura de la entidad regional.

Según información de la Cancillería, desde 2018 se iniciaron los tratados para desvincularse de ese organismo Colombia, Paraguay, Argentina, Brasil, Chile, Perú y Ecuador. Esto se hace efectivo en un plazo de seis meses.

El pasado 14 de mayo, el Primer Mandatario pidió a la Asamblea que inicie el trámite legislativo para ejecutar la salida de Ecuador de la Unasur con base al dictamen que emitió la Corte Constitucional (CC), el 30 de abril pasado. La resolución de ese organismo estableció que la denuncia del referido tratado requiere de aprobación legislativa.

Este 12 de junio, la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales del Legislativo abocó conocimiento de este pedido y recibió al coordinador jurídico de la Cancillería ecuatoriana para que exponga los detalles sobre este caso.
Mañana esa comisión recibirá al exsecretario de Unasur Ernesto Samper, quien expondrá la situación actual a los legisladores.

Fabricio Villamar, del movimiento CREO y miembro de esa mesa legislativo, indicó que se establecerán reuniones para evaluar los mecanismos de cooperación internacional de relaciones internacionales.

Según él legislador, con ello se definirá si tenía sentido que Ecuador perteneciera o no a Unasur. “Hay acuerdos que son pragmáticos y otros que salen de declaraciones políticas; el tema de Unasur fue una declaración política que intentó establecerse en América Latina”, dijo.

Situación actual

Desde hace un mes (mayo) en la sede de la Unasur se suspendieron todas las actividades. Funcionarias de la entidad indicaron que  los países miembros adeudan alrededor de $ 20 millones, desde el 2017, pero Venezuela, Bolivia, Guyana y Surinam tienen su donaciones al día.

Aclararon que la separación de los países integrantes de Unasur no implica que se suspendan sus obligaciones porque siguen vigentes.

Cada país entrega una partida para el presupuesto de la entidad, según su tamaño. El presupuesto bordea los $ 10 millones anuales. Sin embargo, para 2019 fue de $ 9 millones. Ecuador dejó de aportar en 2018 y 2019, y tiene una deuda de $ 711.026.

El presupuesto se divide en gastos personal, de servicios generales o administrativos y apoyo a países de menor desarrollo. Otros rubros van al Fondo de Iniciativas Comunes (FIC), que son proyectos que manejan los consejos de la Unasur, como educación, seguridad, salud y defensa.

El monto también va para el Centro de Estudios Estratégicos de Defensa del organismo, que se encontraba en Argentina; y el Instituto Suramericano de Gobierno y Salud, en Brasil.

La Unasur tenía 30 funcionarios en la sede de la Mitad del Mundo, pero ahora son 13 porque no hay financiamiento para pagar a todos.

Los funcionarios consultados comentaron que solo el costo de seguridad privada del edificio cuesta $ 280 mil y que a esto se suma el mantenimiento administrativo y los seguros que ascienden a $ 1 millón. Ellos señalaron que todavía conservan algún saldo del presupuesto inicial y que con ello cubren los gastos de mantenimiento básico hasta conocer cuál será el destino final de la entidad.

Según la entidad, su labor beneficiaba a 422 millones de personas, que representan el 5.6% de la población mundial y el 65% de la población de América Latina.

La débil institucionalidad

El catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar, Francisco Pareja duda de que la Unasur pueda revivir. “Vamos a un proceso de disolución porque la entidad tiene una débil institucionalidad que no pudo sobrevivir a la crisis de Venezuela; la destitución de Dilma Rousseff, expresidenta del Brasil, y el cambio de gobierno de Mauricio Macri, en Argentina”, comentó el académico.

Para él, organismos como la Unasur difícilmente podrán reconstituirse mientras subsista la crisis política de los países más importantes de la región.

Según Pareja, Sudamérica requiere de una cooperación que permita a los países pequeños enfrentar los cambios actuales. (I)

Tratado
Solicitud a la Corte    
Jóvenes Unasur solicitó a la Corte Constitucional un amicus curiae sobre la denuncia del tratado constitutivo de la Unasur. Hasta el momento, la Corte no ha dado paso a la solicitud de los miembros del organismo.    

12 países son parte de l organismo regional que se creó en 2008, en el Brasil, el 23 de mayo.

Actividades y visitas  
Durante el 2018, la entidad recibió a 4.089 personas; este año, a 870. 180 reuniones de carácter virtual de los consejos sectoriales se efectuaron hasta el año pasado. (I)