La Procuraduría General del Estado ha enfrentado demandas en materia de inversión lo últimos 9 años por más de $9.532 millones, pero la actuación de la entidad ha posibilitado disminuir los reclamos a $1.663 millones, según datos emitidos por la institución.

Sin embargo sus competencias no están claras, especialmente en los casos de corrupción, ventilados en los tribunales nacionales estos últimos meses.

Diego García Carrión en diálogo con EL TELÉGRAFO explicó de qué manera interviene la entidad que dirige sin pausa desde el 2008.

¿Cual es el papel de la Procuraduría en el seguimiento de los casos de corrupción?

A partir de las reformas a la Ley Orgánica  del Sistema Nacional de Contratación  Pública en el  año 2008, la Procuraduría dejó de hacer pronunciamientos previos a la contrataciones con el Estado y únicamente tiene la capacidad de hacer un control legal posterior. A partir de los casos que aparecieron desde el 2016 la Procuraduría ha intervenido en  el seguimiento procesal a efectos de definir que entidades públicas deben presentar acusaciones particulares. Al momento estamos revisando todos los contratos que tuvo Odebrecht en el país, pero los indicios que descubra la Procuraduría siempre terminarán en las manos del Contralor para que él pueda determinar las responsabilidades.

Pero en el último caso de asociación ilícita por las coimas de Odebrecht, la Procuraduría fue separada del proceso porque sus abogados llegaron atrasados, ¿eso perjudicó al Estado?

La lectura de la sentencia oral por parte de los jueces de la Corte Nacional de Justicia reflejó la directa participación de la Procuraduría porque la teoría del caso que desarrollamos fue la que también se tomó en cuenta al momento de dictar sentencia oral. Y si bien no se hicieron precisiones sobre las cantidades, estoy seguro de que en el momento de que se emita la sentencia escrita constará el desglose de las cifras que deberá pagar cada sentenciado como reparación integral y que sustentó la Procuraduría mientras estuvo presente. Al inicio de la audiencia hablamos de que eran alrededor de $ 35 millones.

¿De qué manera perjudicó al Estado que los funcionarios hayan recibido sobornos?

Al haber un esquema de corrupción se afecta el sistema de control de contratación pública al vincularse en una asociación ilícita a privados con funcionarios públicos de alto rango, independientemente de si hubo sobreprecio en la contratación que es un tema que debe seguir en investigación. La tesis que sostuvo la Procuraduría General del Estado y que los jueces adoptaron es que si bien sentenciaron sobre el delito medio que es la asociación ilícita, todavía falta seguir analizando la comisión de los delitos fines como el cohecho, lavado de activos, peculado, pero este último necesita siempre  informe de la Contraloría, la cual  ya ha entregado 10 informes con indicios de responsabilidad penal que la Fiscalía está investigando.

El Fiscal ha pedido reformas al COIP para poder judicializar casos de peculado sin necesidad de un informe previo de la Contraloría. ¿Qué opina?

Es un tema que debe ser analizado; el Ecuador tuvo ya un sistema en el que la Fiscalía podía resolver por su cuenta sin contar con la Contraloría y precisamente por eso existieron excesos y uso político que llevaron a Ecuador a tomar una decisión diferente; hoy nos encontramos en la otra posición, por eso hay que buscar un punto en que el fiscal puede investigar,  independientemente del análisis de la Contraloría, pero que existan los suficientes controles para que ninguna autoridad abuse de un poder en un momento dado y tome decisiones que respondan más a una visión política que jurídica. Estoy de acuerdo en que pueda abrir una investigación porque la Fiscalía tiene esa facultad; lo que se debe determinar es en qué momento debe pasar a la  etapa de judicialización, bajo qué límites o ante qué tipo de jueces.

En el tema internacional ¿cuántos arbitrajes se encuentra disputando Ecuador?

Al momento todavía tenemos  9 arbitrajes activos de manera que el Ecuador tiene que seguir discutiendo algunos casos por aproximadamente $2.625 millones, en disputas con multinacionales como Perenco, socia de Burlington y Chevron, que no tiene cuantía.

¿Qué ha hecho la Procuraduría tomando en cuenta que el Ecuador ha sido sentenciado a pagar más de $1.600 millones por laudos perdidos?

Las cifras demuestran lo contrario; estamos hablando de un 86% de pago evitado en los procesos internacionales, de casos en que se pretendían reclamar cantidades altas como Occidental, que pedía $ 3.400 millones, Chevron $ 1.600 millones,  Burlington $ 1.500 millones y se logró reducir bastante las cantidades a pagar. Esto no hubiese sido posible sin una defensa adecuada de los intereses del Ecuador, a través de la Procuraduría y su equipo de abogados.

¿Por qué el Estado pierde tanto dinero en este tipo de laudos?

El Ecuador ha venido denunciando desde hace mucho tiempo la forma en que se firmaron los acuerdos de protección de inversiones en los años 90 y como los tribunales arbitrales internacionales han aceptado reclamos de inversionistas extranjeros bajo estos tratados en base a la ambigüedad de sus términos  denunciamos el año pasado la totalidad de esos tratados y a su vez propusimos alternativas de nuevos acuerdos de inversión que tengan términos claros.

¿Es responsabilidad de quienes firmaron los tratados?

Definitivamente, había un desconocimiento y una tesis para atraer inversiones sin conocer los términos de los acuerdos; eso fue parte de lo que analizó la auditoría y a mediados de 2017 se dieron por terminados esos acuerdos. (I)