El procurador Íñigo Salvador habló con este Diario sobre dos temas: el primero es el sistema de Asesoría Legal Externa (ALE) para absolver las consultas legales del sector público; y el segundo es el caso Chevron-Texaco.

¿La asesoría ayudará al Estado a precautelar el interés público y su patrimonio?
Ese es el objetivo del sistema. La Procuraduría General del Estado (PGE) tiene la facultad de asesorar a las instituciones y entidades públicas, que son 3.000. Es decir, a través de este sistema canaliza ese asesoramiento hacia una oportuna aplicación del marco legal, así como previene conflictos o controversias relacionados con actos y contratos en el sector público. La PGE aplica un plan piloto desde marzo de este año con la participación de 50 entidades.

¿Cómo funciona el sistema?
Es un proceso estandarizado y automático que tiene una plataforma virtual que orienta sobre la correcta aplicación de las normas legales en el sector público. Este servicio no es vinculante, es decir, obligatorio. El sistema será por correo institucional, chat interactivo, taller virtual, videoconferencias.  

¿Puede citar un caso específico?
La asesoría a un gobierno municipal del cantón Pasaje, El Oro, por ejemplo. Necesita saber si a los funcionarios desvinculados se les aplica el Código del Trabajo o la Ley Orgánica del Servicio Público. La PGE responde a las preguntas de ese gobierno. Lo importante es que esos organismos den respuestas ajustadas a la ley en la administración de contratos o en solución de los problemas del día a día. Eso disminuirá los conflictos, fomentará la seguridad jurídica y reforzará el Estado de derecho.

En otro tema, el portal web de Ecuadorinmediato exhibe una carta firmada por usted sobre el caso de Chevron-Texaco en la que admite la validez del laudo arbitral.
La carta no es secreta ni filtrada, la suscribí en febrero de 2019 con el propósito de cumplir una de las obligaciones previstas en el laudo parcial, del 30 de agosto de 2018, dictado por el Tribunal Arbitral de la Corte de Arbitraje de La Haya en el caso Chevron-Texaco. Esa obligación era informar a las cortes de Canadá sobre ese laudo.

Además, la PGE informó en esa misma misiva que, en diciembre de 2018, Ecuador demandó la nulidad del laudo arbitral ante las cortes de los Países Bajos, que continúa en trámite. En septiembre de 2018, Chevron ya había informado sobre la existencia y contenido del laudo a los jueces de Canadá.

¿Qué ha pasado con todos los procesos de ese caso?
Hay cuatro procesos judiciales sobre ese tema. El primero es local, en Sucumbíos, en el cual 37 ecuatorianos, patrocinados por el abogado Pablo Fajardo, y Steven Dozinger, de Estados Unidos, obtienen en 2011 una sentencia favorable en la Corte de Sucumbíos. Esta condena a Chevron-Texaco a pagar una indemnización de 9.500 millones de dólares.

El segundo proceso es un arbitraje internacional planteado por Chevron-Texaco Ecuador contra el Estado ecuatoriano que tiene el laudo parcial en agosto de 2018. Este determinó que la sentencia del presidente de la Corte de Sucumbíos era fraudulenta y que Ecuador incurría en responsabilidad internacional por denegación de justicia a Chevron Texaco, a la luz del Tratado Bilateral de Inversiones entre Ecuador y EE.UU.

Un tercer proceso es un juicio en Canadá de los 37 beneficiarios de la sentencia de la Corte de Sucumbíos. Su propósito es ejecutar la sentencia. Pero en Ecuador, Chevron no tiene activos por 9.500 millones de dólares. La Corte Suprema de Canadá en abril de 2019 rechazó la demanda de los reclamantes. La Chevron Texaco en ese país es subsidiaria, autónoma e independiente. El cuarto proceso es el juicio por parte del Estado ecuatoriano, ante las cortes holandesas para que declare la nulidad del  laudo arbitral de agosto de 2018, que avanza lento.

En la opinión pública parece que usted defiende a la empresa internacional y no a la Amazonía.
Eso es lo que los dos abogados de los 37 demandantes quieren que parezca. Pero el Estado mira los intereses de los 17 millones de ecuatorianos. Nos encontramos frente a una demanda cuyo monto de indemnización todavía no sabemos y eso saldrá del erario público. El Estado está en proceso de hacer la remediación ambiental a través del Programa Amazonía Vive de Petroecuador. Los ciudadanos no deben tener ninguna preocupación. (I)