En su estudio hay un retrato de su padre, el diplomático, abogado e historiador Jorge Salvador Lara.

Íñigo Salvador, quien este martes 31 de julio será posesionado como procurador del Estado, en la Asamblea, recuerda el día en que pintaron ese cuadro. Conversa con este Diario sobre la Procuraduría y sus retos.

El papel de la Procuraduría es defender al Estado. ¿Pero qué pasa si el exprocurador es amigo cercano al presidente como ocurrió en el gobierno de Rafael Correa?

La amistad per se no es un problema, sino cuando no se puede deslindar esa amistad y los intereses del Estado. Por eso la Procuraduría es una entidad autónoma, designada por el Consejo de Participación Ciudadana. Todos sabemos que durante los 10 años de correísmo eso no ocurrió, no había tal independencia. El expresidente Correa tenía cooptado todos los poderes: una Asamblea que no fiscalizaba, un Consejo de Participación Ciudadana que no ejercía su función de control social, un contralor funcional al gobierno. Esa línea siguió la Procuraduría, aunque debo decir que el papel de esta fue bastante menos político.

¿Pero cómo vio la actuación del exprocurador Diego García?

Me parece que García más allá de su capacidad como jurista, con su silencio, por lo menos, dio la impresión de haber estado aliado a los intereses del gobierno de Correa. No soy una persona  que hace juicios de valor. Pediré un examen especial de la Contraloría sobre los procedimientos y el uso de los dineros públicos. Si esos elementos arrojan indicios penales no tendré ambages para pedir el inicio de acciones a la Fiscalía.

La Procuraduría llevó los arbitrajes internacionales y en todos los casos perdió. ¿Usted cree que  defendieron los intereses del Estado o no?  

Quiero dar el beneficio de la duda a la Procuraduría anterior. El arbitraje internacional es la punta del iceberg. Un juicio no se gana ni pierde en el arbitraje. Hay eslabones que se juntan e inician en el negocio del contrato con una petrolera. A la Procuraduría se le quitó el control previo de legalidad de los contratos. Si se mantenía eso la Procuraduría habría podido hacer ejecución y negociación de los contratos.

¿Por qué cree que se quitó ese control previo?

Formaba parte del esquema del Gobierno anterior para armar este aparataje de corrupción que hemos visto.

¿El caso de la petrolera Oxy es emblemático por lo que el Estado tuvo que pagar?

Cuando se inicia un proceso se tienen las mismas posibilidades de ganar o perder. Ahora habrá que estudiar a fondo cuán bien se hizo la defensa de los intereses del Estado. Los estudios jurídicos contratados por la Procuraduría son reconocidos a nivel internacional y con capacidades para litigar. De modo que en principio puedo creer que esa defensa se hizo bien. El problema es si Ecuador incumplió los contratos, como pretenden los demandantes, y no se logró probar que este país no incumplió.

Otro tema de discusión son los Tratados Bilaterales de Inversión que fueron denunciados cuando faltaba poco tiempo para que termine el gobierno de Correa. Ecuador terminó denunciando apenas 5 TBI. Si mira sus cifras con la denuncia de esos tratados, no aumentó la inversión extranjera en Ecuador. Era una posición política para decir que los TBI eran malos. Pero son neutros.

Si un inversionista ecuatoriano va  a otro país exigiría estabilidad tributaria, incentivos y certeza jurídica. Y si ese gobierno no le cumple lo demandaría. Eso pasó en Ecuador, ninguno de los TBI denunciados tuvo incidencia alguna en ningún arbitraje internacional. Eso demuestra desconocimiento de cómo funciona el mundo de las inversiones.

Otro problema fue la crítica al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Procuraduría interviene en las causas que se tramitan allí. ¿Cree que debe cambiar la posición del país?

Creo que debe ser revisada. Parto de la posición de que el Estado es un potencial probable violador de los derechos humanos aun inconscientemente. No es que quieren violar, pero el Estado es tan paquidérmico que un solo movimiento causa violación por negligencia e inadvertencia. Hay que tratar de solucionar las denuncias de derechos humanos en el fuero interno de Ecuador, a través de mecanismos de mediación, sin tener que llegar a organismos internacionales.

La lucha contra la corrupción quedó pendiente en la Procuraduría.

Es una etapa fallida de la anterior Procuraduría. A García le tocó la antipática función de actuar contra funcionarios del exgobierno y no pasó el examen. Un ejemplo fue el proceso del exvicepresidente Jorge Glas. La Procuraduría llegó tarde a esa audiencia y los funcionarios fueron sancionados con su separación.

Son los primeros procesos de la corrupción que hemos vivido por largo tiempo. Son 10 años de 0 fiscalización; la impunidad de los corruptos ha sido proverbial. Nunca un corrupto ha terminado en la cárcel. Glas está en prisión y la acusación particular fue abandonada por ese error de García (I)