Generar mecanismos e instrumentos legales para coadyuvar en la lucha contra la corrupción en el sector público, es el objetivo del acuerdo que firmaron este martes 11 de diciembre autoridades del Legislativo y de la Procuraduría.

Para ello, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas y el procurador General del Estado, Íñigo Salvador, definieron los temas, previos a la suscripción del Convenio Marco de Cooperación Institucional.

Uno de los puntos es que la Procuraduría podrá impulsar iniciativas para que el Parlamento construya normas y proyectos destinados a la lucha contra la corrupción.

En ese sentido, Salvador sostuvo que, a raíz de la Constitución de 2008, a la Procuraduría se le atribuye la competencia de emitir iniciativas legislativas. Es decir, que “puede proponer proyectos de ley en los ámbitos correspondientes”.

Una de las acciones será crear una dirección, con el propósito de hacer la investigación jurídica que permita el desarrollo de propuestas legislativas.

“La Procuraduría debe activarse en el ámbito de la asesoría como entidad consultora del Estado”, detalló Salvador.

Según él, es necesario fortalecer la institucionalidad del Estado y contribuir, a través de asesoría, a los distintos poderes estatales en cuanto a los proyectos de ley y otros temas jurídicos.

En cambio, la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, manifestó que la suscripción del convenio contribuye al adecuado proceso de formación de leyes, así como en la defensa de los intereses del Estado a nivel local e internacional.

“La Asamblea Nacional, en su afán de ejecutar un trabajo adecuado, de acuerdo a las demandas ciudadanas, evidenció la necesidad de contar con la asesoría de la Procuraduría”.

De allí que, para la titular de la Asamblea, en la construcción de leyes es necesario contar con una visión integral y holística.

Para ella, es fundamental impulsar este tipo de mecanismos de cooperación interinstitucional, además de garantizar que las leyes tengan una mejor aplicación y realizar procesos conjuntos de actualización de las diferentes normativas.

La lucha contra la corrupción es uno de los ejes que se impulsan también desde el Ejecutivo, que promovió una consulta popular para preguntar a los ciudadanos sobre este tema y otros. (I)