El procurador general del Estado, Íñigo Salvador Crespo, presentó el miércoles 28 de agosto de 2019 una acusación particular en contra del expresidente Rafael Correa y otros funcionarios de su gobierno en el marco del caso denominado "Sobornos", el cual analiza indicios de responsabilidad penal por el supuesto delito de cohecho.

La acusación incluye al ex vicepresidente, Jorge Glas Espinel, Vinicio Alvarado Espinel, María de los Ángeles Duarte Pesantes, Alexis Mera Giler, Viviana Bonilla Salcedo y Walter Solís Valarezo, además de varios empresarios y contratistas del Estado.

Salvador presentó su querella ante la jueza nacional Daniella Camacho Herold, luego de estudiar el expediente de la investigación previa y la instrucción fiscal, de más de 500 cuerpos, que contiene informes periciales, evidencias documentales y testimoniales.

De la evidencia, según un documento enviado por la Procuraduría, se desprende que se habría instaurado un supuesto esquema de "corrupción", utilizando como plataforma varias instituciones del Estado.

Los mencionados exfuncionarios habrían adjudicado, según la argumentación, contratos y suscrito convenios con empresarios nacionales y extranjeros, utilizando como mecanismo de retribución económica la figura del convenio de pago, en contratos de construcción de obras de infraestructura del Estado por montos millonarios.

"Estos sobornos, una vez aceptados, habrían sido recibidos por funcionarios públicos y administrados por ellos para varios fines, beneficiando de manera directa al movimiento Alianza Pais", señala el comunicado.

El documento añade que los fondos se habrían utilizado en aportes a candidaturas nacionales y seccionales, así como pagos de diversa índole tales como: prestación de servicios, mítines políticos, préstamos personales, traslados, alimentación, cumpleaños del ex presidente, entre otros. Se presume que estos pagos se entregaron en efectivo, en sobres, o mediante el denominado “cruce de facturas”. (I)