Desde la detención de la prefecta de Pichincha, Paola P., el pasado 14 de octubre, han transcurrido 60 días. Esto desembocaría en un proceso de destitución del cargo por abandono, pues ella tiene orden de prisión preventiva por 90 días.

La decisión la tomó el presidente de la Corte Provincial de Pichincha, Julio Arrieta. Él aceptó la petición de la Fiscalía, que acusó a la funcionaria del delito de rebelión cometido durante las protestas de octubre.

La Fiscalía presentó pruebas, como grabaciones de llamadas telefónicas en las que la acusada disponía salir al paro y mencionaba que estaban combatiendo a policías y militares traidores.

Además, durante el estado de excepción usaron las instalaciones de la Prefectura para reuniones de planificación de acciones en contra del Gobierno. Asimismo, se ordenó la prisión preventiva del exasambleísta Virgilio H. y Christian G. Esta situación motivó el inicio de estrategias jurídicas para que la Prefecta no pierda el puesto, mientras avanza la indagación fiscal.

Una de ellas fue la petición de licencia sin sueldo por 60 días, lo que se cumplió el pasado 8 de diciembre. Además por gestiones del viceprefecto Alexandro Tonello, quien reemplazó en funciones a Paola P.,  le concedieron a la funcionaria 10 días más de vacaciones.

En tanto, los abogados de Paola P. también gestionaron la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El organismo solicitó al Gobierno de Ecuador que se adopten medidas para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Paola P., Virgilio H y Christian G. y que se garantice el respeto de sus derechos.

Al respecto, el canciller José Valencia dijo que los organismos estatales coordinan las acciones para que se garantice la seguridad de los implicados, de acuerdo a la resolución de la CIDH.

Fernanda Bastidas, docente de la Universidad Internacional, aclaró que la Constitución reconoce la jerarquía de los instrumentos internacionales de derechos humanos y su carácter de aplicación en beneficio de todas las personas.

En referencia a las medidas cautelares en favor de la Prefecta, Bastidas precisó que el país debe garantizar su derecho a la vida y al debido proceso. “Pero bajo ninguna circunstancia se podrán alterar las decisiones jurisdiccionales dentro del proceso penal”, indicó.

No obstante, la concesión de vacaciones es otra medida jurídica para alargar el inicio del proceso para su destitución, consideró el dirigente de la organización Ecuador Futuro, Diego Salgado.

Señaló que según la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), un funcionario solo puede pedir vacaciones al cumplir 11 meses de funciones ininterrumpidas. Pero al margen de esto, dijo que el Consejo Provincial debe reunirse para iniciar el proceso de destitución de la Prefecta.

Otro rumbo

La situación judicial de la funcionaria, según Salgado, solo podría cambiar si el juez le otorga medidas sustitutivas a la prisión preventiva.

Con base en el dictamen de la CIDH, la defensa de Paola P. pidió una audiencia para solicitar el cambio de medidas cautelares, la que se cumplirá este 16 de diciembre.

En caso de ratificarse la prisión preventiva, el proceso de destitución seguirá su curso. Al respecto, el director jurídico del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope), César Chamorro, explicó que el Consejo Provincial de Pichincha, integrado por los alcaldes y los representante de las juntas parroquiales, deberá resolver el tema.

Ellos tienen que revisar las causales para la destitución y votar a favor o en contra. En caso de ratificar la destitución, el Viceprefecto sería nombrado titular. (I)