Agentes de la Fuerza de Tarea de la Fiscalía y la Policía detuvieron al asambleísta Daniel Mendoza y a René Tamayo Silva, director del Servicio de Contratación de Obras (Secob), a quienes implicaron en una red delictiva por un contrato para construir un hospital en Pedernales. Además se hicieron allanamientos en Quito, Portoviejo y Bahía de Caráquez.

El presidente Lenín Moreno escribió en su cuenta de Twiter que: “La corrupción se combate y se sanciona, solo así se evita la impunidad”.

En tanto que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que hace tres meses se empezó la investigación sobre este caso; por eso, el primer operativo se ejecutó el 14 de mayo, en el que se realizaron seis allanamientos en la provincia de Manabí y se detuvo a nueve personas que formarían parte de una red de corrupción.

Uno de los aprehendidos en este operativo fue el asesor del legislador Mendoza, Jean Carlos B. y se incautaron $ 1,6 millones, presumiblemente de anticipos para la obra mencionada.

Los detenidos fueron trasladados hasta la Corte Nacional de Justicia en Quito para la audiencia de vinculación, pero hasta la noche de este viernes 5 de junio de 2020 la Fiscalia solicitó prisión preventiva para el asambleísta Mendoza.

Mendoza llegó al Parlamento de la mano del movimiento Unidad Primero, dirigido por el exprefecto de Manabí, Mariano Zambrano en 2013, como legislador alterno de Lídice Larrea, de Alianza PAIS (AP), cuando apenas tenía 26 años. Logró principalizarse luego de que Larrea fuera nombrada ministra de Inclusión Económica en 2016.

Tras una discreta gestión, en 2017, el movimiento de Zambrano lo catapultó como candidato, lo que posibilitó su elección para el actual periodo legislativo. Su cercanía con Zambrano le ayudó a ingresar a la cúpula de PAIS e integró la Comisión de Fiscalización.

En este espacio su figura creció cuando la bancada AP-Aliados le permitió ser ponente en la interpelación contra el excontralor Carlos Pólit, que fue censurado en ausencia en julio del 2017.

En la intervención, su discurso vehemente se extendió por hora y media en el que dedicó gran parte de sus argumentos a los actos de corrupción que se obviaron en la gestión de Pólit, a pesar de las pruebas existentes.

La interpelación llamó la atención, pues Pólit es compadre de Mariano Zambrano, quien en cambio fue denunciado por el Consejo de Participación Transitorio, por su vinculación en una trama de contratos con el Estado, obtenidos mediante tráfico de influencias en Manabí.

De esta manera Mendoza adquirió un perfil independiente, pero en 2018 formó su propio movimiento político en Manabí, denominado Mejor.

En los comicios seccionales de 2019, Mejor presentó candidatos en alianza con AP y obtuvieron alcaldías en los cantones de Jaramijó, Paján, Pedernales, Puerto López, Tosagua y Pichincha. Mientras que en la Asamblea fue nombrado presidente de la Comisión de Régimen Económico.

Posteriormente su movimiento alcanzó protagonismo en Manabí cuando varios de sus cuadros partidistas llegaron a la administración de los recursos para la reconstrucción de Manabí.

Betsy Molina Álvarez, quien participó sin éxito como candidata a la Alcaldía de Chone por la alianza AP-Mejor, fue nombrada directora del Comité según consta en el Decreto Ejecutivo 789, del 12 de junio de 2019. Marilín Isabel Veintimilla, integrante de ese movimiento político, fue nombrada secretaria técnica del Comité.

En el Banco Ecuatoriano de Desarrollo (BEDE) de Manabí se situaron Karen Argandoña, tesorera de la directiva de Mejor, y Esthela Bardellini Mendoza, vicepresidenta del movimiento.  También Fabián Atilio Zambrano, vocal del movimiento, quien llegó a director de la Agencia Nacional de Tránsito de Manabí, difundió la revista Plan V.

La legisladora de AP, Elizabeth Cabeza, comentó que la relación con Mendoza siempre fue distante. “Cuando dirigí la Asamblea no tuve mayores cercanías”.

Lamentó que siendo tan joven lo hayan acusado de prácticas reñidas con la ley. Incluso recordó que fue candidato para presidir la Asamblea Nacional, pero finalmente fue elegido César Litardo.

El jurista André Benavides aseguró que Mendoza tiene fuero de corte por ser asambleísta, pero los jueces de la Corte Nacional de Justicia pueden iniciar el proceso solicitado por la Fiscalía sin esperar autorización de la Asamblea, pues se le acusa de delitos comunes como indica la Constitución.

“Las autoridades de justicia actúan con independencia”

Sobre la captura del asambleísta Daniel Mendoza, señalado por la Fiscalía como sospechoso de conformar una red delictiva por un contrato de construcción del hospital de Pedernales, el vicepresidente Otto Sonnenholzner dijo que no es un asunto que competa al gobierno.

Aclaró que las autoridades determinarán si los acusados son culpables, por ello no se permitirá que en el Ecuador se esconda o haga homenaje a la corrupción. “Si alguien ha cometido un acto ilegal que se preocupe, no podemos seguir con la corrupción del pasado, presente o la que pueda venir”, comentó.

Así mismo recalcó que la única manera de evitar que estos actos se repitan es que no exista impunidad, por eso el Ejecutivo no interviene ni con las autoridades de control ni judiciales y se trabaja por la transparencia sin encubrir a funcionarios corruptos que puedan ingresar. (I)